Los ríos veracruzanos transportan mucho más que agua. En sus cauces se vierten residuos industriales provenientes de sectores como el petroquímico, textilero, alimentario, papelero, cervecero, farmacéutico, cítrico, curtido de piel y fertilizantes, además de aguas negras municipales. También reciben desechos de ingenios azucareros y beneficios de café: todo fluye finalmente hacia el Golfo de México.

Por décadas, Veracruz ha presumido su riqueza natural. Debido a la geografía privilegiada y abundantes lluvias, el estado es dueño de una vasta red hídrica: 18 ríos atraviesan su territorio. Sin embargo, bajo esa aparente ventaja se oculta una crisis ambiental profunda: la totalidad de sus ríos están contaminados y, como consecuencia, cada vez se tiene menor disponibilidad de agua para uso doméstico.

Veracruz padece una grave afectación ambiental, particularmente en la cuenca del río La Antigua, que merece atención especial. Esta cuenca, situada en la región centro del estado, conecta dos áreas naturales protegidas de gran importancia ecológica y social: el Cofre de Perote y la zona de amortiguamiento norte del Sistema Arrecifal Veracruzano. Esta cuenca abastece con agua a ciudades importantes que están parcial o totalmente dentro de su territorio: Xalapa, Coatepec, Jalcomulco y Cardel, además de más de 700 localidades rurales. En ella viven más de 320 mil personas. Por eso, la contaminación no es una amenaza distante, sino una crisis tangible para la vida diaria de comunidades enteras.

Los afluentes más significativos –como los ríos Sordo y Carneros– han sido señalados por los habitantes como focos de contaminación fecal. “Esa misma agua es utilizada para el riego de los cultivos de caña en la zona, lo que representa un problema de salud pública”, denunció Guadalupe Aquino, vecina de la comunidad de Puerto Rico, municipio de Coatepec. En esta zona confluyen los ríos Pixquiac y Sordo, ambos reportan altos índices de contaminación según informes ciudadanos.

Nacionalmente se estima que la industria es responsable de 70 por ciento de la contaminación de los cuerpos de agua, mientras que las descargas de origen doméstico (heces y aguas negras sin tratamiento) representan entre 20 y 25 por ciento, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta tendencia se refleja también en Veracruz, donde la fuerte presencia de complejos industriales –como los petroquímicos en el norte del estado y agroindustrias en el centro y sur– impacta notablemente en la salud de los ríos.

En Veracruz se expresa una presión industrial constante sobre su red hídrica, que debería proveer vida y salud; y en cambio, imprime consecuencias adversas que afectan directamente la salud de la población. Además, no existe prácticamente ningún monitoreo institucional efectivo: ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) ni Conagua ni instancias estatales o municipales han desplegado mecanismos sostenidos y sistematizados sobre control de calidad del agua en muchas de las localidades por las que atraviesan estos ríos.

Algunas comunidades han reportado que, debido a la contaminación del agua, presentan síntomas relacionados claramente con esta situación: diarrea recurrente, ronchas en la piel, malestares gastrointestinales e infecciones. Son manifestaciones que, en muchas áreas rurales y conurbadas, coinciden con el uso directo del agua sin tratamiento alguno. Estos padecimientos, vinculados por los vecinos a la contaminación del agua, han prendido una alerta silenciosa que hasta ahora no recibe respuesta institucional.

Monitoreos ciudadanos

Ante la falta de respuesta del gobierno, los habitantes decidieron actuar. “Se han organizado los monitoreos comunitarios para ver qué tanta contaminación fecal hay en el agua… salió con altos índices”, explicó Guadalupe Aquino, vecina de la comunidad de Puerto Rico, municipio de Coatepec. El objetivo, añade, consiste en generar conciencia y buscar soluciones conjuntas: “que la comunidad se entere qué tan contaminada está el agua y, si pudiéramos hacer algo, unir fuerzas entre la ciudadanía”.

Estos estudios se han centrado principalmente en detectar la presencia de Escherichia coli (E. coli), una bacteria presente en las heces humanas y animales que tiene efectos directos sobre la salud.

Uno de los ciudadanos más comprometidos en esta tarea es Tomás Owen, integrante de la organización Guardianes por el Agua. “Empecé a hacer monitoreo de este río y del río Sordo hace ya 15 años. Llevo 46 monitoreos… en promedio me han dado más o menos 600 mil ufc de E. coli”, alertó.

Según explicó, ¡el agua potable debe tener cero!; para uso recreativo aceptable, hasta 250; el nivel de riesgo comienza en 600; y para que el agua sea potabilizable, el límite es de mil ufc de E. coli. En el río Sordo, las mediciones superan por mucho estas cifras críticas. Las Unidades Formadoras de Colonias por mililitro (UFC/mL) indican la concentración de bacterias en una muestra.

Owen sostiene que las condiciones del agua son tan insalubres que, inclusive, el proceso de monitoreo representa un riesgo para la salud: “Las primeras dos veces que intenté monitorear y quise hacer físico-químico… me enfermé. A pesar de que llevaba botas, guantes, lentes, cubrebocas… Entonces dejé de hacer el físico-químico y únicamente hago el bacteriológico”.

La situación se agrava más por la infraestructura urbana: el colector Hortensia ha desviado el río Carneros hacia el Sordo desde hace más de 60 años, lo que ha incrementado la carga contaminante.

Guardianes del Agua, una asociación civil, también ha denunciado descargas directas de drenaje de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS Xalapa) hacia los ríos Carneros, Sordo y Pixquiac.

La falta de drenaje sanitario es el principal motivo por el que muchas comunidades descargan directamente sus desechos en los cuerpos de agua. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 30 por ciento de las viviendas rurales en Veracruz no están conectados al sistema de alcantarillado.

Esto obliga a las familias a improvisar soluciones como fosas sépticas o tubos de descarga directa a los ríos Carneros, Sordo y Pixquiac o ríos cercanos. En zonas periurbanas sin cobertura municipal, esta práctica también resulta común.

Se trata de un problema estructural, no de negligencia ciudadana. Lo más “fácil” y, en muchos casos, lo único accesible para las familias consiste en verter sus residuos al cauce más cercano.

¿De quién depende instalar drenaje?

El diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de drenaje corresponden principalmente a los municipios, según la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Orgánica del Municipio Libre. Sin embargo, la coordinación y regulación pertenecen al gobierno estatal, y la fiscalización y normatividad ambiental recaen sobre instancias federales como Conagua y Semarnat. Esto implica que el desinterés institucional es compartido: municipios sin capacidad, estado sin voluntad y federación indiferente.

En la práctica, ni autoridades estatales ni municipales han hecho lo suficiente para introducir sistemas de drenaje adecuados en las zonas afectadas, dejando a las comunidades a su suerte. Por su parte, las comunidades, frente a esa omisión, recurren a amparos y solicitudes de información.

Más allá de los esfuerzos ciudadanos, la información oficial permanece limitada. Loni Hensler, integrante de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos, denunció la falta de acceso a datos públicos: “realizamos 33 solicitudes, solamente el nueve por ciento de las autoridades nos otorgaron esa información sobre la calidad del agua”.

Con base en los datos obtenidos y estudios de Global Water Watch México, concluyeron que “el 64 por ciento del agua en la cuenca La Antigua está contaminada. Y fuertemente contaminada”.

El ocho de abril de 2025, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz concedió una suspensión provisional de un amparo para el saneamiento de los ríos de la cuenca La Antigua. Esta medida derivó de la demanda presentada el 24 de marzo por la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), con el respaldo de la organización Terravida. Esta resolución representa un paso jurídico significativo en defensa del agua y el territorio, pero los avances legales no se han traducido en acciones concretas.

Javier Martínez Esponda, co-coordinador de Terravida, destacó que esta resolución representa un paso importante en la defensa del agua y del territorio. Sin embargo, los avances legales no se han traducido en acciones concretas.

“No hay voluntad política del Gobierno Estatal y Municipal para resolver este problema”, lamentan los activistas. Aunque existe un consenso en que es posible rescatar los ríos Sordo y Pixquiac –situados a tan solo ocho kilómetros de Xalapa– la omisión gubernamental ha impedido que las medidas necesarias se implementen.

Otras cuencas afectadas

El problema no se limita a La Antigua. Otras cuencas de Veracruz –como las del Actopan, Jamapa, Cazones, Papaloapan y Coatzacoalcos– también enfrentan niveles severos de contaminación, particularmente por industrias asentadas a lo largo de sus cauces. En el caso del río Coatzacoalcos, los vertimientos de residuos químicos por la industria petroquímica han sido documentados durante años sin sanciones efectivas.

En el norte del estado, comunidades totonacas han denunciado contaminación en el río Cazones, que tradicionalmente se ha utilizado para pesca y consumo humano. Hoy presenta espumas tóxicas, olores fétidos y presencia visible de grasas industriales.

Uno de los aspectos más graves radica en que el agua contaminada continúa su curso, alimentando otros cuerpos de agua, filtrándose a los mantos freáticos y, en algunos casos, es utilizada para riego o, incluso, para consumo humano tras procesos deficientes de potabilización. Los monitoreos ciudadanos han detectado que, en varias zonas, el agua contaminada se usa para cultivar caña, café y chayote, pero afecta tanto a quienes trabajan la tierra como a quienes consumen esos productos.

¿Y el gobierno actual?

Pese a las alarmas comunitarias, el gobierno en turno no ha ejecutado un plan claro de saneamiento hídrico. No se ha presentado un programa estatal actualizado de infraestructura hidráulica; en comparecencias públicas recientes no se hace mención específica sobre el saneamiento de ríos en los informes de la Semarnat.

En el nivel federal, Conagua incluyó la cuenca La Antigua en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, pero no existe evidencia de recursos etiquetados ni ejecución específica en Veracruz. Las plantas de tratamiento existentes operan parcialmente o, peor, están desconectadas del sistema, como ocurre en municipios como Emiliano Zapata, Misantla y Banderilla.

La crisis hídrica en Veracruz es tan profunda como sus ríos contaminados. A pesar del esfuerzo incansable de comunidades, activistas y científicos ciudadanos, la solución sigue estancada en el fango de la burocracia y en la falta de acción institucional.

“Estamos viviendo una situación crítica, que no solamente es la cuenca La Antigua: la mayoría de las cuencas en México enfrentan esa situación”, advierte Hensler. Más allá del agua: impactos sociales, económicos y culturales de la contaminación.

La descomposición de los ríos veracruzanos no sólo afecta la salud humana y el medio ambiente: arrastra consigo una cadena de consecuencias sociales, económicas y culturales que agravan las condiciones de vida en comunidades rurales y urbanas.

En el caso de la cuenca La Antigua, que alimenta regiones con una fuerte identidad agrícola, cafetalera y turística, la pérdida de calidad del agua significa una amenaza directa para la economía local. Los cultivos tradicionales como café, chayote, caña de azúcar y otros productos hortícolas dependen del riego con agua de los ríos; pero en muchos casos, esta agua contaminada con heces, químicos o residuos industriales compromete no sólo la cosecha, sino la salud de productores y consumidores.

El impacto no es menor: decenas de familias dependen económicamente del turismo en esta región, que hoy se encuentra en franco declive. El abandono institucional y la falta de saneamiento están ahogando también los modos de vida sustentables que muchas comunidades han defendido por generaciones.

Entre los reclamos más urgentes de los pobladores está el impacto directo en su salud. Aunque no existen diagnósticos oficiales a gran escala sobre enfermedades provocadas por el consumo o contacto con agua contaminada en Veracruz, múltiples testimonios coinciden en un patrón repetitivo de síntomas: diarrea, fiebre, irritaciones en la piel, infecciones urinarias y dolores estomacales, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

¿Y la ley ambiental?

A pesar de la gravedad del problema, los marcos legales que protegen el derecho humano al agua, el medio ambiente sano y la salud no se están cumpliendo en Veracruz. El Artículo 4° Constitucional garantiza estos derechos, y México ha suscrito tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Sin embargo, las políticas públicas estatales no se alinean con estos compromisos y las autoridades ambientales no responden con planes efectivos de acción.

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales obliga a la Federación a vigilar y garantizar el uso sustentable de los cuerpos de agua y establece sanciones para quienes viertan contaminantes sin tratamiento. No obstante, ni las agroindustrias ni las autoridades municipales han sido sancionadas en Veracruz por las múltiples descargas ilegales.

Las soluciones existen. Especialistas en gestión hídrica y saneamiento comunitario han planteado medidas inmediatas y de bajo costo que podrían aliviar parte del problema. Pero nada de esto puede avanzar sin voluntad política. Y hasta ahora, ni el gobierno estatal ni los municipios han mostrado la mínima intención de actuar.

Pese al abandono institucional, en las comunidades existe resistencia. Los colectivos organizados, como Guardianes por el Agua, Terravida y los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua no han dejado de promover talleres, monitoreos, asambleas y denuncias formales. Han establecido redes con académicos, laboratorios independientes y medios comunitarios para exhibir la crisis hídrica que ya no puede ignorarse.

Y aunque el camino legal es lento y cuesta arriba, no se detendrán. La defensa del agua en Veracruz no es solamente ambiental: es una lucha por la vida, la salud y dignidad.

La pregunta que resta es: ¿cuántos más monitoreos, denuncias, amparos y enfermos se necesitarán para que las autoridades cumplan con su responsabilidad? Porque si el agua es vida, Veracruz está perdiendo la suya gota a gota.