El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aplicará “impuestos saludables”, en 2026, al consumo de bebidas azucaradas, tabaco, apuestas, videojuegos e ingreso a zonas arqueológicas y museos; pero no cambiará el trato preferencial otorgado a las familias más ricas del país.

El incremento fiscal que la titular del Ejecutivo propone a estos productos de consumo masivo contrasta con el monto acotado sugerido en su proyecto de Ley de Egresos de la Federación para destinarlos a dependencias que brindan servicios públicos vitales para la salud y la educación de los mexicanos.

Estos aumentos, así como la creación de nuevos impuestos, se avalaron con el voto mayoritario de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República a finales de octubre pasado; según estimaciones oficiales, los nuevos impuestos aportarán al fisco alrededor de 761 mil 318 millones de pesos (mdp).

Los legisladores morenistas y sus aliados justificaron tales modificaciones en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) con el argumento de que gravarán “productos perjudiciales” para la salud, desalentarán su consumo y, con su incremento fiscal, se obtendrán recursos adicionales que se destinarán a la salud pública; es por ello que los denominan “impuestos saludables”.

La cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) será la que mayor aumento tendrá, en especial la que se aplicará a las bebidas saborizadas, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro, incremento cercano al 87 por ciento. La oposición advirtió que esta medida será “meramente recaudatoria”, no reducirá el consumo ni la obesidad.

La nueva tasa del IEPS se impondrá también a las bebidas edulcoradas con sustancias químicas o artificiales ‒las “light”, “cero” o “dietéticas”‒ que antes estaban exentas de gravamen; y a los sueros de hidratación que no cumplan con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, de uso regular en los ámbitos médico y deportivo.

El incremento del IEPS al consumo del tabaco se aplicará gradualmente en los próximos cinco años; e irá de 160 a 200 por ciento, lo que encarecerá cigarrillos, puros y productos alternativos como el tabaco calentado.

Habrá, además, un nuevo impuesto del ocho por ciento a los videojuegos catalogados como violentos, con lo que México se convertirá en uno de los primeros países del mundo en gravar este tipo de contenidos, medida que los senadores de oposición calificaron como “simbólica e ineficaz”.

La tasa fiscal a apuestas y sorteos, tanto físicos como digitales, pasará del 30 al 50 por ciento; y las personas físicas que comercialicen productos o servicios mediante plataformas digitales, verán retenido hasta 10.5 por ciento de sus ingresos con el argumento de combatir la informalidad y la evasión fiscal.

Desigualdad y privilegios fiscales

La Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal advierte que el sistema fiscal mexicano exige una reforma profunda y urgente para garantizar desarrollo sostenible y prosperidad compartida.

Según esta institución, el Paquete Económico 2026 ‒que incluye las leyes de Ingresos y Egresos‒ propone que “las personas en situación de pobreza contribuyan más al fisco de lo que reciben en transferencias” y que la contribución tributaria de los altos ingresos siga siendo “insuficiente”.

Destaca, además, que “persisten privilegios fiscales regresivos para los grupos de mayores ingresos” y que postergar una reconfiguración del sistema tributario “aumentará el riesgo de ajustes fiscales severos y dificultará la inversión pública esencial y el gasto para atender las legítimas y crecientes demandas sociales”.

Eduardo Lima, abogado especializado en derecho fiscal, explicó a buzos que tales impuestos no funcionan “porque se destinan a productos que la gente seguirá consumiendo independientemente del incremento que tengan en sus precios”.

Coincidió en que el problema central del sistema fiscal no sólo radica en la falta de recaudación, sino también en su pésima operabilidad, que impide que el principio constitucional de proporcionalidad se cumpla en la práctica; es decir, que se cobra más a los de menores ingresos y no a las grandes fortunas.

“La fracción cuarta del Artículo 31° de la Constitución dice que las personas tendrán que pagar de manera proporcional y equitativa las contribuciones que le corresponden... así es como está diseñado, pero creo que ese modelo es abstracto”, apuntó, para luego insistir en que el sistema actual favorece a quienes pueden costear asesoría especializada para evadir o reducir cargas fiscales.

“Si todos tuviéramos la misma capacidad de pagar despachos de contadores, administradores y abogados, tanto de la clase baja, media o alta, entonces sí sería un sistema equitativo. Pero como está en la actualidad, esa equidad difícilmente se puede cumplir y no se logra que las grandes corporaciones, que tienen a la mano la posibilidad de generar muchas acciones para disminuir o mitigar los impuestos, paguen lo que deben”.

Eduardo Lima aclaró, además, que los llamados impuestos “saludables” no afectan a las personas con mayores ingresos, sino a un sector de menores ingresos, que es el mayoritario. Y a modo de ejemplo comentó:

“El tema de refrescos, ¿a quién le va a afectar? Queda claro que no afectará a las personas que van a un restaurante de una colonia bonita y toman una copa de vino. Afectará a las personas que no pueden destinar una cantidad importante de su salario para comer en esos lugares”.

Alejandra Macías, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios (CIEP), reveló que el principal desafío no radica en la tasa impositiva por sí misma, sino en la falta de mecanismos efectivos para que quienes más ganan, paguen proporcionalmente.

“Nuestras tasas marginales de Impuesto Sobre la Renta están al nivel de los demás países. El asunto aquí es hacer que las personas que ganan más paguen lo que deben pagar”, sentenció.

La experta sugirió que una vía para lograrlo consistiría en “quitar incentivos a las personas más ricas” porque existe un montón de estas concesiones fiscales para que las empresas vengan a invertir; pero “la verdad es que creo que los incentivos nos salen más caros que los beneficios”.

¿Complicidad con los ricos?

La aprobación del paquete fiscal de 2026 evidenció las marcadas diferencias existentes entre los actores políticos del Congreso de la Unión, pues mientras los oficialistas defendieron los ajustes con el argumento de su “responsabilidad”, los de oposición los calificaron como desproporcionados y carentes de visión social.

La diputada Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano (MC), reconoció que las nuevas tasas del IEPS irán “a la misma bolsa de siempre”: gasto corriente y programas sin reglas claras y obras que no verifican la transparencia. “No hay un plan real para que ese dinero llegue a la salud pública, a hospitales, a prevención o seguridad”.

José Antonio López, del PT, justificó el aumento de impuestos con el argumento de que el sistema de salud pública gasta cerca de 180 mil mdp anuales en atender enfermedades provocadas por el consumo excesivo de azúcar y bebidas endulzadas.

En contraste, Gustavo de Hoyos, legislador de MC, sustentó su voto contra los incrementos a las tasas del IEPS en que éstos no solamente encarecerán el producto final, sino que también impactarán a agricultores y pequeños comerciantes.

“Rechazamos categóricamente el incremento de gravámenes en bebidas azucaradas y alcohólicas, porque tiene un impacto directo en la economía de los hogares, especialmente de los que menos tienen”, demandó.

A su vez, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, lamentó que el Paquete Fiscal 2026 contenga aumentos sobre 26 impuestos, incluso uno nuevo. Pero el rechazo de inmediato se extendió al sector empresarial, en especial a la industria refresquera.

La Confederación Patronal de la República Mexicana denunció que “el aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos representa señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar la inversión, aun cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo”.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) previno que, en el caso del alza al tabaco, podría detonarse un “crecimiento del mercado ilícito”, lo que traería efectos negativos a la recaudación, la economía y la salud pública.

María de Lourdes Medina, presidenta de la Canacintra, lamentó que las autoridades hacendarias no hayan considerado los resultados del incremento de siete pesos por cajetilla aprobado en 2010; que en lugar de los 42 mdp previstos, únicamente se recaudaron 30 mdp y el consumo de cigarros ilícitos escaló 20 por ciento.

“El tabaquismo no disminuyó y el incentivo al contrabando fue evidente” porque, subrayó, una “mayor carga fiscal sólo incentiva el contrabando de tabaco y con ello, un sector que evade impuestos y vende productos sin restricción”. Medina indicó, además, que un alza abrupta de impuestos en esta industria puede afectar la producción y el empleo.

“Es con información y una estrategia estructurada como se podrá efectivamente combatir el consumo de tabaco en México; no con impuestos”, enfatizó.

La crítica más fuerte a las nuevas tasas fiscales provino de la Asociación Mexicana de Bebidas que, a través de un comunicado, advirtió que su incremento no resolverá los problemas de salud pública relacionados con la obesidad y tendrá consecuencias negativas en la economía, el empleo y los consumidores de menores ingresos.

A decir de esta organización, que representa a las productoras de bebidas en México, el aumento a la tasa del IEPS aplicada sobre los refrescos no cumple con un objetivo sanitario porque “no existe evidencia real de que estos impuestos cambien los patrones de consumo ni mejoren la salud”.

Además, detalló, los precios al consumidor incrementarán su costo entre 10 y 15 por ciento y será “un duro golpe al bolsillo de las personas. Se trata de un impuesto altamente regresivo; los hogares de menores ingresos destinan tres veces más recursos proporcionalmente a los refrescos y bebidas saborizadas que los hogares de mayores ingresos”.

Subrayó que, al encarecerse la canasta básica, se reducirá el poder adquisitivo de las personas, lo que provocará incertidumbre en la inversión y producción, limitando el crecimiento económico del país y elevando el desempleo existente.

“Se podrían perder alrededor de 150 mil empleos directos e indirectos en los próximos cinco años; afectará a los pequeños comercios, las más de 1.2 millones de tienditas populares que, en miles de casos, se verán obligadas a cerrar, porque los refrescos y bebidas saborizadas representan alrededor del 30 por ciento de sus ventas; asimismo, tendrá un fuerte impacto en toda la cadena productiva”.

La gigante empresa refresquera, CocaCola, logró que el impuesto a sus bebidas bajas en calorías se quedara en 1.50 pesos por litro y no en 3.08, como estaba planteado en el proyecto fiscal.

La compañía se comprometió a reducir gradualmente 30 por ciento de las calorías en sus productos principales para que, en el transcurso de un año, el 70 por ciento del volumen comercializado alcance tal supuesto.

Recaudación sin garantías

Y tras las advertencias de la iniciativa privada, varios expertos e instituciones especializadas en materia fiscal prevén que estos incrementos tendrán un impacto limitado en las finanzas públicas; que mantendrán sin cambios los problemas estructurales del sistema tributario y arriesgarán más los servicios públicos prioritarios, como la salud.

Eduardo Lima explicó a buzos que, desde la perspectiva de las asociaciones en torno al derecho fiscal, los resultados buscados con el incremento de estos impuestos no se producirán “porque se destinan a productos que la gente seguirá consumiendo, independientemente del incremento en sus precios”.

Asimismo, recomendó a la población observar el destino de esta recaudación; pues una vez reunida, el Estado “la distribuye en lo que considera necesario” y no la orienta al sector para el que anuncia invertirse.

“Discrecionalmente, los gobiernos deciden hacia dónde mandarlos (…) la academia ha cuestionado mucho el uso de este tipo de impuestos; y en realidad desenmascaran los procederes de los gobiernos los cuales, bajo finalidades loables, en realidad, lo que están haciendo es un incremento de la recaudación para los fines que ellos determinen, sin que necesariamente se apliquen a aquello que pretenden disminuir o controlar”, aseguró el experto.

Alejandra Macías, del CIEP, coincidió en que uno de los principales riesgos consiste en que los recursos captados no lleguen a donde se requieren.

“Desde hace seis años que el sistema de salud no es prioridad para el gobierno. Entonces ese es el riesgo; y por eso debemos demandar que sea mucho más clara la trazabilidad de esos recursos. Si al inicio nos dijeron que se irán a un fondo, pues que nos digan a qué fondo y para qué se gastarán”, agregó la especialista entrevistada por buzos.

Consideró que, si bien las medidas están correctamente orientadas, debe observarse cómo se gastan los recursos públicos, porque se han concentrado en pensiones sociales, el pago de la deuda y en costear empresas deficitarias como Petróleos Mexicanos.

Sobre la posibilidad de establecer en México un impuesto a la riqueza, Macías admitió que su diseño sería complejo por la extrema concentración económica en pocas manos y porque se requerirían múltiples herramientas financieras para medirla.

Sin embargo, dijo: “creo que hay alternativas que podrían ser mejores, como gravar el patrimonio. Y en eso está el predial, que está mal cobrado; y la tenencia, que muchos estados no cobran, sobre todo para autos que son carísimos y no pagan nada”.

El paquete fiscal, que se aplicará en 2026, fue aprobado sin discutir a fondo su impacto real en la economía y la sociedad, porque al gobierno de Morena únicamente le preocupa aumentar su recaudación sin tocar los privilegios hacendarios de que gozan las grandes fortunas. Por ello será muy difícil que México avance hacia una verdadera justicia fiscal.