La aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que extendió de cuatro a seis años la vigencia de sus máximos cargos directivos y autorizó su reelección alterna e indefinida, ha causado disputas internas en el morenismo local y situaron a la educación superior en un segundo plano.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, son los personajes centrales de este nuevo melodrama morenista, pero ahora escenificado en uno de los estados con mayores rezagos socioeconómicos, políticos y educativos de México.

Pese a las objeciones de grupos universitarios que denunciaron que la reforma no les fue consultada, y que su contenido no fue conocido ni discutido plenamente por los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, el miércoles cinco de noviembre, el pleno de éste la aprobó con 91 por ciento de los votos.

Después del albazo legislativo, los académicos, estudiantes y trabajadores de la UAGro, así como los diputados locales opositores exigieron al gobierno de Morena que respete la autonomía universitaria y no intervenga en los asuntos internos de la máxima casa de estudios de Guerrero.

Para el grupo antagónico, la aprobación de la reforma a los Artículos 28° y 29° de la Ley Orgánica es una muestra más del poder acumulado del rector Saldaña Almazán con el apoyo del grupo político oficialista, a cuyo discurso sumó la promesa de que, en lo que le resta de gestión, la UAGro seguirá “al servicio del pueblo”.

Los diputados de Morena, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de la UAGro sin atender las denuncias de algunos integrantes del Consejo Universitario que advirtieron que tales modificaciones consolidarán el cacicazgo del rector.

En la asamblea legislativa, la diputada de oposición Irene Montiel y sus colegas de Morena Pablo Amílcar Sandoval y Diana Bernabé en la tribuna, coincidieron en que los cambios abrirán la puerta a la perpetuación del rector; pero de nada sirvió, porque la mayoría disciplinada los aplastó con el voto “mecánico”.

El dictamen fue aprobado en lo general y posteriormente en lo particular después de que se desecharan propuestas de reserva provenientes de los diputados Pablo Amílcar Sandoval, Diana Bernabé, Aristóteles Tito Arroyo y María Irene Montiel Servín, quienes intentaron impedir la aprobación de la reelección alterna.

Poco antes, el presidente de la Comisión de Educación, Pánfilo Sánchez Almazán, había afirmado que el proceso de análisis legislativo se había realizado con apego a la ley interna, que se escucharon las voces en contra y que en adelante seguirá respetándose la autonomía de la UAGro.

Entre los cambios aprobados destaca la duración en el cargo de la rectoría, que pasará de cuatro a seis años; pero no será aplicable a las actuales autoridades; es decir, Javier Saldaña Almazán terminará su gestión en 2027.

En torno a que el dictamen aprobado fue irregular, Sánchez Almazán declaró que corresponde a otras instancias investigar: “no somos Ministerio Público ni Fiscalía; nuestra función es legislar en sentido estricto y legal. Cualquier universitario inconforme tiene derecho a acudir a las vías jurídicas correspondientes”.

Reveló que la comisión actuó de acuerdo con los plazos y las disposiciones marcadas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y que correspondería a la Jucopo definir cuándo se turnaría al pleno para su discusión final, lo que sucedió el cinco de noviembre cuando la reforma se aprobó con la mayoría de los votos.

La diputada Diana Bernabé Vega, quien se opuso al dictamen aprobado por las comisiones del Congreso de Guerrero, denunció sistemáticamente que el proyecto de cambio no fue consultado a la comunidad universitaria y que los legisladores que lo aprobaron no contaron con una versión completa de su contenido.

La legisladora aclaró que el proceso fue una completa simulación y que quienes lo aprobaron vulneraron la Ley General de Educación Superior; porque las modificaciones ahora incorporadas no fueron consultadas a los estudiantes, maestros y trabajadores.

Aseveró también que hay dos versiones distintas del dictamen, lo que debe investigarse por la presunta alteración de su contenido original para favorecer intereses políticos ajenos a la comunidad de la UAGro. “No somos tontos; hay documentos contradictorios”.

E insistió en que la UAGro no puede ser “rehén de un proyecto personal”, en clara referencia al rector Saldaña Almazán, a quien acusó de mantenerla bajo su control político personal y del gobierno estatal morenista.

El pasado martes cuatro de noviembre, un grupo de académicos apoyado por el licenciado Rubén Cayetano, organizó un mitin frente al Congreso del Estado para exigir que la reforma 178 a la Ley Orgánica de la UAGro –como lo recordó la doctora Silvia Alemán Mundo, catedrática de la Unidad Académica de Filosofía y Letras– fuera sometida a una consulta previa.

La maestra Alemán Mundo recordó, asimismo, que hay versiones de que el rector sólo imparte dos clases al año, y propuso que la Auditoría Superior de la Federación audite sus labores de docencia e investigación, y la de todos los funcionarios de rectoría.

Rubén Cayetano, asesor de los catedráticos universitarios, solicitó al pleno de la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso de Guerrero frenar la reforma y reenviar el proyecto original al Consejo Universitario como una salida política.

Para el Doctor Adolfo Román, catedrático de Ciencias Químicas, la democracia y el concepto “universidad-pueblo” están en riesgo de extinción y, en coincidencia con todos los opositores de la reforma, subrayó que es necesario que los estudiantes se organicen y movilicen contra el autoritarismo, el nepotismo y “el reeleccionismo”.

En respuesta a esta iniciativa política, Saldaña Almazán reiteró que la reforma a la Ley Orgánica de la UAGro, enviada por la gobernadora Evelyn Salgado al Congreso, fue votada con anterioridad por el Consejo Universitario y acusó a sus detractores de alterarla poco antes de su presentación pública.

Además, alertó que éstos se integran en solamente “tres grupitos” que cuestionan la posibilidad de que, después de 2027, busque la reelección en la rectoría de la UAGro y que, con esta presunción, han llamado al Congreso a rechazar la reforma universitaria, pese a que son personas que “no trabajan y no cuentan con indicadores académicos”.

Reforma fast track

El pasado 21 de septiembre, el Consejo Universitario de la UAGro recibió el proyecto para reformar los Artículos 28° y 29° de Ley Orgánica de esta institución académica y al día siguiente la entregó a la Unidad Técnica de Ciudad Universitaria, que a su vez la remitió a las comisiones de Legislación y Reforma del Congreso de Guerrero.

Un día después, ambas comisiones convocaron a un foro estatal de consulta, supuestamente realizado en la penúltima semana de septiembre, cuando participaron representaciones académicas y sindicales de las ocho regiones del estado: Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente y Sierra.

Dos días después, ambas comisiones elaboraron un informe del foro, pero su dictamen no precisa dónde se efectuó éste, ni detalla qué opinaron los universitarios; el cinco de septiembre elaboraron un dictamen aprobado por unanimidad; y ese mismo día lo enviaron a la Secretaría General del Consejo Universitario de la UAGro.

El nueve de septiembre los consejeros aprobaron el dictamen, también por unanimidad, porque la propuesta de cambio al Artículo 28° únicamente implicaba eliminar la reelección inmediata de los titulares de los cargos directivos de mayor jerarquía en la máxima casa de estudios de Guerrero.

Es decir, en adelante, el rector, los directores de escuelas, los consejeros universitarios y los académicos deberán esperar un periodo de gestión escolar y administrativa antes de proponerse nuevamente para otra elección, que además puede ser indefinida porque la reforma no pone límites a las veces que deseen reelegirse.

La reforma al Artículo 29° consistió en ampliar de cuatro a seis años el periodo de gestión del rector y los directores de escuelas; en tanto que el de los consejeros universitarios pasó de dos a tres años. La iniciativa original incluyó tres artículos transitorios, pero la polémica se concentró en los arriba citados.

El 1° aclara: “La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Guerrero”. Y el 2°: “La duración del cargo de las autoridades y órganos de gobierno en funciones, señalados en el Artículo 29° de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero número 178, se sujetará a lo establecido en la presente reforma a partir de su entrada en vigor”.

Según información de rectoría, los 195 integrantes del Consejo Universitario que asistieran a la sesión correspondiente aprobaron unánimemente el proyecto enviado por la gobernadora Evelyn Salgado, quien a su vez la reenvió al Congreso del Estado para su aprobación.

Después de concluir el debate, la rectoría de la UAGro destacó que, en el futuro próximo, la elección, nombramiento y remoción de autoridades universitaria será regida por la Ley Orgánica, el Estatuto y el Reglamento vigentes; y reiteró que la duración de los cargos de rector y directores de unidades académicas será de seis años.

Con estos cambios en la Ley Orgánica de la UAGro, según directivos, afirmaron que ésta “afianza su compromiso con la calidad educativa, la autonomía institucional y la estabilidad en la gestión, lo que repercutirá positivamente en el desarrollo académico y científico en beneficio de la comunidad universitaria y el pueblo de Guerrero”.

En contraparte, el grupo opositor, lamentó que solamente en 12 años el “cacique” Javier Saldaña Almazán ha convertido a la UAGro en un bastión político personal y ha hecho de “un espacio de pensamiento crítico, un territorio clientelar” de Morena.

Los opositores y los críticos internos aseguran que Saldaña mantiene el control de muchos estudiantes mediante la entrega de becas otorgadas “con lógica política”, no académica; y que, con honrosas excepciones, los 195 integrantes del Consejo Universitario aprueban todo lo que les ordena.

En su largo rectorado desapareció la Federación de Estudiantes Universitarios Guerrerenses, integrada por jóvenes que protestaban contra la corrupción y exigían educación de calidad. Por ello, se han acabado las protestas; y en su lugar destaca la unidad sometida de más de 86 mil 972 alumnos inmovilizados y “silenciados”.

De acuerdo con los opositores, es palpable el servilismo del rector Saldaña Almazán hacia la gobernadora Salgado Pineda; hacia el senador Félix Salgado Macedonio, el nuevo cacique de Guerrero, a quien llama “importante líder social”; y hacia la presidenta morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

El respaldo al Gobierno Federal de Morena del rector Saldaña, quien se ha declarado “claudista”, se confirmó el pasado 19 de septiembre, cuando movilizó a siete mil 500 universitarios para que asistieran a la reunión en la que la presidenta del país leyó su primer informe de gobierno “ante el pueblo de Guerrero”.

El pasado 18 de noviembre, el rector de la “universidad pueblo” anunció que rendirá un reconocimiento a figuras emblemáticas del activismo político y social de Guerrero, entre las que se halla el senador morenista Félix Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en el gobierno del estado a su hija Evelyn Salgado.

Por ello, no fue casual que Silvia Alemán Mundo, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAGro, haya insistido en que la reforma aprobada recientemente “restringe la reelección inmediata, pero permite que los rectores busquen otro periodo de manera discontinua”.

Entre recortes y baja matrícula

En el ciclo escolar 2025-2026, el rector Javier Saldaña Almazán dio la bienvenida a más de 24 mil estudiantes de nivel medio superior, licenciatura y posgrado, que se suman al sueño de formarse en la institución incluyente y comprometida con el desarrollo social y académico, según sus propias palabras.

Sin embargo, con Javier Saldaña, la universidad también ha sufrido una caída en su matrícula. El documento elaborado por la propia universidad “Tendencia de estudiantes de primer ingreso y matrícula total del nivel Superior 2013-2023 y su costo promedio por alumno” también figura como “legado” del rector.

Según Mextudia, la UAGro se define como la máxima casa de estudios de Guerrero, nacida de la lucha de las clases populares para garantizar una educación que contribuya al desarrollo económico, político y social del Estado, comprometiéndose a formar estudiantes con un perfil competitivo, eficiente y comprometido socialmente, especialmente con las poblaciones marginadas.

Este año, la UAGro celebra un logro histórico porque alcanzó la posición 37 de tres mil 392 instituciones de educación superior públicas y privadas en el ranking nacional elaborado por el portal Mextudia, a pesar de ser una de las instituciones que recibe menor inversión por alumno.

Lamentablemente, en la institución, la actividad política es intensa, y deja en segundo sitio a la academia y, por si fuera poco, el recorte del presupuesto realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las instituciones públicas del país, incluye a la UAGro. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 propone un presupuesto total superior a 187 mil 896 millones de pesos para la educación, equivalente al 4.7 por ciento menos respecto al aprobado en 2025 en términos reales.

El rector lamentó el recorte presupuestal del tres por ciento que sufrió la máxima casa de estudios en el paquete de egresos federal; y anunció que las gestiones para un ajuste favorable iniciarán con un viaje a la Ciudad de México para visitar a autoridades federales y solicitarles la rectificación necesaria, como ya ocurrió en otras universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, “tengo buen ánimo porque tenemos buena relación, en que se realice un reajuste favorable en el ámbito estatal”.

La política es así y comienza ya la lucha para exigir más presupuesto de cara a 2026 para la UAGro, “que debe ser puerta de entrada para miles de jóvenes rurales e indígenas y clave de la movilidad social en el estado”.

Entre la pugna por mayores recursos para la UAGro, el rector Javier Saldaña disfruta aún el triunfo de su “maniobra” –aprobación de reformas–, que le permite imponer a su sucesor o postularse en 2033 para dirigir nuevamente la Universidad, cuya autonomía está en entredicho debido a la injerencia del gobierno y Congreso estatales.