De cada 10 empresas formales de servicios de seguridad privada en México, existen ocho compañías irregulares o “patito” que prestan servicios sin autorizaciones vigentes, al mismo tiempo que violan los derechos de los trabajadores que contratan, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).

De acuerdo con Daniel Espinoza Ávila, presidente de la AMESP, las empresas de seguridad privada irregulares son contratadas mediante licitaciones públicas que demandan esquemas operativos basados en 24 horas de servicio por 24 horas de descanso, lo que resulta incompatible con la actual legislación laboral que estipula un máximo de 48 horas de trabajo por semana.

Explicó que, con este tipo de prácticas, las empresas no reguladas buscan “mantener esquemas de seguridad y vigilancia continuas sin absorber los incrementos en los costos operativos derivados del cumplimiento pleno de la legislación laboral”.

Recordó, además, que los costos para las compañías podrían incrementarse en 40 por ciento si implementan adecuadamente los esquemas legales de jornada y descanso aprobados por el Gobierno Federal.

Por ello, denunció que la dinámica de las empresas “patito” genera incentivos para la simulación laboral, fomenta la competencia desleal y establece precedentes de incumplimiento normativo, incluso desde instancias gubernamentales.

En la misma línea, advirtió que los clientes de servicios de seguridad privada, como desarrollos residenciales, corporativos e instituciones públicas, podrían enfrentar consecuencias legales al contratar a las empresas que operan fuera de la ley.

Ante este panorama, el presidente del organismo hizo un llamado a fortalecer la supervisión del sector, homologar criterios en contrataciones públicas y avanzar hacia una actualización regulatoria que “permita equilibrar protección laboral, continuidad operativa y competencia justa”.