No pasaron ni seis meses después de que AMLO entregara la Presidencia y empezaron a aflorar indicios de graves actos de corrupción oficial cometidos prácticamente durante todo el sexenio.

Es cierto que diversos estudiosos de la política oficial también plantearon hipótesis sobre la corrupción durante ese gobierno, pero no contaban, como ahora, con datos provenientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo de tanto peso en la confianza y credibilidad por su autoridad y acceso a información oficial de primera mano, en este caso a las cuentas públicas.

También es cierto que se efectuaron auditorías durante todo el sexenio anterior y que está pendiente la que corresponde a 2024, cuyo conocimiento tendremos hasta 2026, porque así es de lenta la elaboración de un informe tan complejo; pero se tiene ya la información, el monto de las cuentas y hasta las irregularidades e inconsistencias que se acumularon en cinco años y que permiten evaluar y caracterizar al gobierno saliente o, como se dice, al gobierno “anterior”.

La ASF ha informado sobre la auditoría aplicada al gobierno en 2023 y las irregularidades encontradas en la cuenta pública de cada año de gobierno, de cada dependencia y Secretaría de Estado o institución pública.

Nuestro Reporte Especial se centra en las irregularidades encontradas por la ASF durante cinco años, las observaciones correspondientes y ha consultado la opinión de varios analistas y directivos de asociaciones civiles especializadas en el tema. La conclusión a que llega es que, a pesar de que el combate a la corrupción fue una de sus principales “banderas”, el gobierno de la “Cuarta Transformación”, por lo menos en su “primer piso”, resultó igual o más corrupto que los gobiernos anteriores: hay datos y cifras que así lo demuestran.

Pero el tema de esta semana también nos permite concluir que la corrupción es un problema inherente al tipo de sociedad en que vivimos, que es propio del capitalismo y que era un planteamiento equivocado, utópico, falso y, por lo tanto, demagógico prometer que se eliminaría la corrupción sin tocar un pelo al modo de producción capitalista, sin atreverse, por ejemplo, a aplicar ningún impuesto más al gran capital.

Y permite concluir que el gobierno actual o “segundo piso”, como le ha dado en llamarse, tiene el mismo derecho que el gobierno de AMLO para atribuir todos los problemas a gobiernos anteriores, pero sobre todo al inmediato anterior.