Titular de Marina debe acudir a la Cámara de Diputados y dar una explicación, exigen.
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No pasaron ni seis meses después de que AMLO entregara la Presidencia y empezaron a aflorar indicios de graves actos de corrupción oficial cometidos prácticamente durante todo el sexenio.
Es cierto que diversos estudiosos de la política oficial también plantearon hipótesis sobre la corrupción durante ese gobierno, pero no contaban, como ahora, con datos provenientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo de tanto peso en la confianza y credibilidad por su autoridad y acceso a información oficial de primera mano, en este caso a las cuentas públicas.
También es cierto que se efectuaron auditorías durante todo el sexenio anterior y que está pendiente la que corresponde a 2024, cuyo conocimiento tendremos hasta 2026, porque así es de lenta la elaboración de un informe tan complejo; pero se tiene ya la información, el monto de las cuentas y hasta las irregularidades e inconsistencias que se acumularon en cinco años y que permiten evaluar y caracterizar al gobierno saliente o, como se dice, al gobierno “anterior”.
La ASF ha informado sobre la auditoría aplicada al gobierno en 2023 y las irregularidades encontradas en la cuenta pública de cada año de gobierno, de cada dependencia y Secretaría de Estado o institución pública.
Nuestro Reporte Especial se centra en las irregularidades encontradas por la ASF durante cinco años, las observaciones correspondientes y ha consultado la opinión de varios analistas y directivos de asociaciones civiles especializadas en el tema. La conclusión a que llega es que, a pesar de que el combate a la corrupción fue una de sus principales “banderas”, el gobierno de la “Cuarta Transformación”, por lo menos en su “primer piso”, resultó igual o más corrupto que los gobiernos anteriores: hay datos y cifras que así lo demuestran.
Pero el tema de esta semana también nos permite concluir que la corrupción es un problema inherente al tipo de sociedad en que vivimos, que es propio del capitalismo y que era un planteamiento equivocado, utópico, falso y, por lo tanto, demagógico prometer que se eliminaría la corrupción sin tocar un pelo al modo de producción capitalista, sin atreverse, por ejemplo, a aplicar ningún impuesto más al gran capital.
Y permite concluir que el gobierno actual o “segundo piso”, como le ha dado en llamarse, tiene el mismo derecho que el gobierno de AMLO para atribuir todos los problemas a gobiernos anteriores, pero sobre todo al inmediato anterior.
Titular de Marina debe acudir a la Cámara de Diputados y dar una explicación, exigen.
Como era de esperarse, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y séptimo del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) mostró como principal característica grandes avances en los más importantes aspectos de la vida económica y social de los mexicanos.
Prestigiados analistas e investigadores de universidades, institutos y asociaciones civiles opinan que los avances de la lucha contra la pobreza en México no son para celebrar.
Durante décadas, Boltvinik ha desmenuzado las entrañas de la pobreza mexicana con un rigor que hoy orienta contra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Con la reforma electoral que pronto se aprobará en el Congreso de la Unión, el poder se concentrará aún más si el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) todavía no lo hubiera concentrado al máximo.
Pero cabe preguntar: ¿cómo salieron de la pobreza 13 millones de mexicanos si la política económica del sexenio anterior fue por demás desastrosa?
El crimen y todas las formas de delito, y la violencia que marcha siempre junto a ellos, han aumentado vertiginosamente durante este primer cuarto de siglo que está por terminar y parecen haberse acelerado como nunca en lo que va del gobierno de la “Cuarta Transformación”.
El diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora Diana Karina Barreras, son la confirmación de que el relato de la austeridad dejó de operar dentro de Morena.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana del rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) que el gobierno morenista ha venido intentando prácticamente desde el inicio del gobierno de AMLO.
Riesgos en T-MEC: eliminación del IFT y Cofece pone en duda el cumplimiento del tratado, lo que también motivó la salida de AT&T.
La reforma afectó, por lo tanto, a los empleados y a los usuarios.
El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote.
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Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) juró que no endeudaría al país, millones de mexicanos le creyeron. Pero en seis años, la deuda aumentó en 3.2 billones de pesos, cifra inimaginable para la mayoría de los trabajadores de este país.
Escrito por Redacción