En México, el 33.9 por ciento de la población –equivalente a 44.2 millones de personas– vive en situación de pobreza laboral, lo que significa que sus ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria básica (Inegi, 2023). Al considerar la canasta no alimentaria (que incluye bienes y servicios esenciales como vivienda, salud y educación), este porcentaje se incrementa al 64.3 por ciento de la población, es decir, 83.8 millones de mexicanos. Este problema estructural de bajos salarios persiste desde hace décadas. Durante el último sexenio, si bien se implementó un aumento al salario mínimo que mejoró parcialmente los ingresos de los trabajadores, su impacto sigue siendo limitado frente al monto de los bajos salarios.

Uno de los factores clave que determina los salarios es la correlación de fuerzas entre trabajadores y capitalistas, que está determinado fundamentalmente por el tamaño del ejército industrial de reserva, compuesto por aquellos trabajadores que por diversas razones no están empleados o no tienen trabajos estables en el largo plazo –desempleados fluctuantes, subempleados, empleados intermitentes y los que están en el pauperismo–. Como señala Marx en el Tomo I de El Capital: “Cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, tanto mayor será la masa de la plus población consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Cuanto mayores sean, finalmente, las capas de la clase obrera formadas por menesterosos enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Ésta es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista”.

En México, al considerar a la población desocupada, subocupada y no económicamente activa disponible para trabajar, este ejército de reserva alcanza aproximadamente 45.5 millones de personas. Esta masa laboral precarizada ejerce presión a la baja sobre los salarios, situación que se agrava por la cooptación de los mecanismos de defensa laboral (como los sindicatos) por intereses ajenos a la clase trabajadora.

El problema se profundiza por el bajo dinamismo de la economía mexicana, que no contribuye a reducir el ejército industrial de reserva. En los últimos 40 años, el crecimiento promedio no ha superado el dos por ciento anual, y en el último sexenio fue de apenas 0.8 por ciento. Este magro desempeño económico impide la creación suficiente de empleos formales para absorber a quienes se incorporan anualmente al mercado laboral. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en México deberían crearse al menos 1.2 millones de empleos al año, pero esto no ha ocurrido desde 2010.

La pobreza laboral en México no es un problema coyuntural, sino estructural, arraigado en la existencia de un masivo ejército industrial de reserva y en un modelo económico de bajo crecimiento que no genera empleos suficientes. Los aumentos al salario mínimo, aunque necesarios, resultan insuficientes para romper este círculo vicioso. Se requieren políticas integrales que combatan las raíces del problema: fomentar un crecimiento económico sostenido y redistributivo, fortalecer la organización obrera independiente, y transformar las condiciones estructurales que mantienen a casi dos tercios de la población mexicana en situación de vulnerabilidad salarial.