El “crecimiento económico” del país apenas arriba del cero por ciento durante 2025, calculado por especialistas entre 0.4 y 0.7 por ciento, creó pocos empleos y obligó a millones de trabajadores a sumarse a la informalidad laboral. Aquellos empleos recientemente creados son incluso más precarios.

Los trabajadores con bajos salarios, inseguridad en el empleo y una constante pérdida de sus derechos laborales, conseguidos en el pasado por las luchas obreras, refleja que en México no existe “bienestar” social. Sin un ingreso suficiente mencionado en el histórico Artículo 123° Constitucional, y sin las “prestaciones sociales” descritas en la Ley Federal del Trabajo, la mayoría de los trabajadores apenas logran sobrevivir.

Datos oficiales al cierre de octubre de 2025 exhiben un contundente aumento de 1.6 millones de trabajos informales, acumulándose 33.9 millones; mientras se reportaban 32.3 millones en febrero de ese mismo año.

“Donde trabajo no nos dan seguro hasta después de un año, y a partir de ahí empieza la antigüedad… nuestra jornada laboral es de lunes a jueves, de siete de la mañana a 7:30 de la noche, descansando el día viernes; pero éste día es a destajo; no hay tiempo extra, es destajo: pagan por lo que uno haga, no es como marca la ley que por hora extra; entonces, son más de 12 horas y media trabajadas, de lunes a jueves; o sea, está excediendo lo que marca la ley” reportó a buzos una obrera que solicitó anonimato.

Ella junto a un grupo de 400 trabajadores, entre mujeres y hombres, de la empresa Caretas Rev S.A de C.V, que confecciona máscaras de látex y disfraces, con sede en Jiutepec, Morelos, padece en carne propia lo que millones viven: arduas jornadas sin prestaciones ni seguridad social.

Además, percibe el salario mínimo, ya que la empresa no reconoce salarios profesionales, es decir, por áreas de trabajo. Tampoco reciben utilidades, sólo dan lo que quieren, no conforme a la ley. Se suma el hecho de que el sindicato pertenece al patrón, ya que no lo eligieron los trabajadores, agregó la obrera.

“No tenemos ni nuestro contrato colectivo; lo hemos exigido y no nos lo han dado. Las condiciones en el trabajo son precarias; no hay extractores de aire; no hay suficiente ventilación; en tiempo de lluvias, nos inundamos… si uno está en un área donde se hace esfuerzo, donde se cargan cajas y todo eso, tardan mucho para darnos fajas; botas ni hay o equipo de seguridad”, denunció la trabajadora.

El sindicato que opera en esta fábrica corresponde a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero no fue elegido como lo marca la ley; la empresa lo impuso; se llama Nuevo Grupo Sindical –es producto de un inacabado conflicto por representar contratos colectivos entre las filas de la CTM-Morelos–, pero “no nos representa”, demandó la trabajadora.

Este caso es tan solo uno que ejemplifica la mayoría de los trabajadores mexicanos que laboran sin contratos ni prestaciones sociales; con salarios tan precarios como su alimentación y vivienda; carentes de servicios médicos y sin garantías de una pensión futura conforme al empleo.

Son trabajadores precarizados a quienes en nada benefician los multipublicitados incrementos anuales al Salario Mínimo General (SMG) destinados a 8.5 millones de empleados “formales” con ese tipo de ingreso, de todos modos, pulverizados con los incrementos en el precio de los alimentos, medicamentos y servicios de salud privados que ahora deben pagar.

Mientras tanto, en su informe del 28 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) advirtió que “en octubre de 2025, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33.9 millones de personas”, correspondiente al 55.7 por ciento de la población ocupada, de 62.5 millones.

Los 33.9 millones de trabajadores precarizados ya no están solamente en la “economía informal”, esto es: en negocios no registrados oficialmente o en el comercio en vía pública, sino también en empresas “formales”, incluso en dependencias de gobierno realizando trabajos “por honorarios”.

Se extiende el trabajo precario

De acuerdo con el reporte del Inegi del 28 de noviembre de 2025, del total de 33.9 millones de trabajadores en informalidad laboral, 18 millones se ubican en el “sector informal”, mientras los restantes 15.9 millones estarían en empresas “formales” o dependencias de gobierno, trabajando “por honorarios”.

Tomando el dato de 54.3 por cientode trabajadores en informalidad existentes en marzo de 2024, investigadores del Comité de Oxford para el Alivio del Hambre y de México, ¿Cómo vamos? indicaron, en su estudio El Laberinto de la Informalidad, que 27.8 por ciento estaba en el sector informal; 13.5 en empresas, gobierno e instituciones; nueve por ciento en el ámbito agropecuario y 3.9 por ciento en el trabajo doméstico remunerado.

Esta precarización laboral es otra forma en la que los patrones acumulan ganancias que ayudan a ahorrar pagos de impuestos y cuotas por la afiliación del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener servicios médicos familiares, jubilaciones, pensiones, maternidad, servicios funerarios y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Adicionalmente, los trabajadores en informalidad carecen de garantías de una pensión laboral futura, porque su empleo, principal herramienta para mejorar sus condiciones de vida, además de precario, carece de garantías de permanencia.

Precarización deliberada 

Luis Bueno Rodríguez, presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, explicó a buzos que, a raíz de que México ingresó al libre comercio globalizado mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994 y T-MEC de 2020, ahora en renegociación para 2026, se desplegó en el país una política para contener el salario, generando su deterioro, con tal de hacer a México más atractivo con mano de obra barata.

Para 2016, cuando ya se registraba un deterioro acumulado de 75 por ciento en todos los salarios, el gobierno activó una política de recuperación del poder adquisitivo del salario, en que únicamente se ha incluido, desde entonces, el SMG, que ignora los salarios profesionales, y los “contractuales” basados en Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) representados por un sindicato.

“Es más que claro, en el caso de México, que la preponderancia del sindicalismo corporativo, charro, blanco, de protección, fue justamente el mecanismo que permitió la precarización económica, y no hay señales claras todavía, después de más de un sexenio, de una renovación sindical”, apuntó.

Tampoco de una “renovación de la relación del gobierno con las expresiones democráticas del sindicalismo que permitan su fortalecimiento, y una actuación que justamente conduzca a la solución de la precariedad económica en el salario y en el empleo”.

El también académico del área de Estudios Organizacionales, en la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó a buzos que incluso el aumento del 13 por ciento al SMG anunciado para 2026, que ahora presuntamente servirá para dos canastas alimentarias a 8.5 millones de trabajadores que obtienen ese tipo de ingreso, todavía resulta insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias de un hogar que en promedio consta de cuatro integrantes.

Sergio Contreras, un obrero calificado que era especialista en pintura automotriz de la cadena de montaje automovilístico en la planta de la trasnacional estadounidense General Motors (GM) de Silao, Guanajuato, vive hoy con su familia en la informalidad laboral. “Estamos sobreviviendo, porque aquí, en la casa, pusimos una tiendita de abarrotes, y es de donde está saliendo ahorita para comer”, informó a buzos.

Contreras se queja de que pese a cumplir 26 años en la planta, donde estaba desde su inauguración en 1994, fue despedido injustamente en 2020 por contraer Covid-19 y no atenderse en el entonces saturado centro hospitalario del IMSS en Silao, donde le darían constancias de incapacidad laboral y, en cambio, haber recibido atención de un médico particular de la localidad.

“De por sí, aquí en Guanajuato, los derechos laborales se han perdido; la mayoría de las empresas están ligadas con sindicatos que ven más por la empresa que por el trabajador; la mayoría son cetemistas o de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, central ligada a Morena.

Contreras empezó entonces una lucha buscando su reinstalación, que se tradujo en activismo contra las injusticias en la planta de GM, por lo que además fue “boletinado” y ya tampoco pudo encontrar otro trabajo formal, por lo que se sumó a Generando Movimiento, una agrupación local de defensa de trabajadores ante los abusos laborales.

“El salario no es muy bueno aquí… me he encontrado con trabajadores que ganan menos del mínimo y son de empresas agroindustriales que exportan a Estados Unidos y venden sus productos en dólares; entonces ¿cómo es posible que tenga trabajadores ganando menos del mínimo?”, dijo a este semanario.

Contó que, en agosto de 2020, el área de Recursos Humanos de la planta tuvo conocimiento de que estaba infectado de Covid-19 y lo envió a su casa; “estuve muy grave; fueron como dos meses y medio para recuperarme”, narró.

Al volver a la planta, el sindicato cetemista y la empresa le indicaron que podía retomar su empleo, siempre y cuando presentara sus constancias de incapacidad expedidas por el IMSS, porque de lo contrario, sus ausencias se considerarían faltas injustificadas y sería despedido, como sucedió en septiembre de 2020.

El sindicato “charro” denominado “Miguel Trujillo”, perteneciente a la CTM, perdió la titularidad del CCT de la planta Silao con una votación mayoritaria de trabajadores inconformes que, en febrero de 2022, eligieron al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) como representante de los seis mil obreros que actualmente laboran ahí.

Contreras contó a este semanario que se han registrado mejoras laborales en la planta de GM de Silao, “pero esto fue a partir de que entró el SINTTIA; gracias a nosotros, gracias a que varios trabajadores despedidos hicimos la lucha y sacamos a la CTM de GM, y ahorita ya hay un sindicato independiente; entonces, ahorita ya están ganando un poco mejor; y todavía se puede mejorar”.

Más informalidad y pobreza laboral 

Datos del Inegi muestran que las tres entidades más pobres de México tienen los mayores índices de pobreza laboral y también las más altas tasas de informalidad; a la cabeza está Oaxaca, con 80.1 por ciento de su población con trabajos precarios; Guerrero, con 77.2; y Chiapas, con 77 por ciento.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el 34.3 por ciento de la población estaba en pobreza laboral, es decir, recibió un ingreso por su trabajo, pero no le alcanzó para comprar una canasta básica.

“Esta cifra implica que alrededor de 44.9 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral”, estimó el análisis de la organización México, ¿Cómo vamos? del 27 de noviembre de 2025.

También señaló que “63.1 por ciento de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria más la no alimentaria. Esto significa que casi dos de cada tres personas en México no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios, como transporte y vestido”.

Outsourcing simulado

En otro terreno, con base en las normas expedidas en 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene registradas más de 130 mil empresas de servicios especializados sobre las que ejerce una vigilancia antioutsourcing o contratación mediante terceros para evitar responsabilidades laborales al patrón principal; sin embargo, el problema aparentemente subsiste de forma disimulada.

“De acuerdo con la firma de capital humano Kelly, al menos nueve modalidades de evasión siguen presentes en las empresas, entre éstas se encuentran los pagos por honorarios, a través de sindicatos o por concepto de regalías y derechos de autor; también existen esquemas retributivos mediante fideicomisos y planes privados de la jubilación”, publicó el diario El Economista el 27 de enero de 2025.

En otra información, el portal especializado en análisis jurídico Voz México Legal divulgó, el 26 de mayo, el texto La trampa del outsourcing disfrazado en 2025: cómo siguen explotando lagunas legales”.

Se explica que muchas empresas encuentran maneras de “maquilar” la relación laboral sin usar el modelo tradicional de outsourcing, “pero replican su lógica a través de esquemas que evitan responsabilidades patronales”. Entre esos recursos –describe– hay cooperativas simuladas: se afilia al trabajador como “socio cooperativista” para no reconocerlo como empleado; honorarios asimilados: se hacen contratos como prestadores de servicios, aunque hay subordinación clara.

“En todos los casos, el objetivo es el mismo: pagar menos impuestos, evitar reparto de utilidades, esquivar responsabilidades y tener control sin obligaciones”, precisó.

Otro aumento salarial para la foto

“La presidenta de México anunció que, en acuerdo con el sector obrero y patronal, y en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1° de enero de 2026”, se lee en un comunicado de la Presidencia de la República dado a conocer el tres de diciembre de 2025.

Ahí se insiste en que el salario mínimo en 2026 será “de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa nueve mil 582.47 pesos mensuales; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales”.

Sin embargo, el problema central consiste en que el monto del SMG es fijó durante un año, mientras el costo de una canasta básica alimentaria no lo es: crece conforme aumentan los precios de los artículos básicos. Por ejemplo, “en octubre de 2025, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 2.9 por ciento en el ámbito rural y de 4.3 por ciento en el urbano”, estableció un informe del 12 de noviembre de 2025 del Inegi.

El costo de la canasta alimentaria equivalente a la “Línea de Pobreza Extrema por Ingresos”, fijada por el Inegi, correspondió a dos mil 450 pesos en el medio urbano y de mil 844 pesos en el rural.

En cuanto al incremento anual al SMG, éste beneficia solamente a 8.5 millones de trabajadores con ese tipo de ingreso mínimo, sin representar mejoras para los contratados individualmente ni para la mayoría que labora conforme a un contrato colectivo, todos los cuales suman 28.6 millones de “trabajadores formales” en México actualmente.

Los contratos colectivos son “negociados” anualmente ante los patrones, incluidas corporaciones trasnacionales, por dirigentes sindicales “charros” que están a su servicio como al gobierno en turno, que aceptan sin pestañar un “tope” a los aumentos, que precarizan los ingresos, sentenciaron sindicalistas independientes y especialistas.

“A los trabajadores sindicalizados realmente el gobierno no los ha apoyado; en el sector privado y el sector público estamos viendo esto con alarma, porque algunos son beneficiados con el aumento al SMG, y a nosotros nos meten en una camisa de fuerza, donde las empresas nada más aceptan el 6.5 por ciento de aumento; ése es el tope”, explicó a buzos Eladio Abundiz Guadian, coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo.

“El 13 por ciento de aumento al SMG es un disfraz para mantener un tope salarial en las negociaciones contractuales; no se permitirá arriba de 6.5 o siete por ciento de aumento. Hay trabajadores experimentados que están ganando menos del salario mínimo; y esto también forma parte de la precarización laboral”, aclaró el sindicalista independiente a este semanario.

Adicionalmente, hay trabajadores que laboran en relativa “formalidad”, pero no tienen garantizado obtener el SMG, como en el caso de los repartidores, mensajeros y choferes de plataformas por Internet operadas por corporativos trasnacionales como Uber, DiDi o Rappi, donde trabajan alrededor de un millón de mexicanos, particularmente jóvenes.

A raíz de las denuncias de que son explotados por trabajar sin garantía alguna, el 1° de julio de 2025 el gobierno ofreció iniciar un “plan piloto” de seis meses, que terminó el 31 de diciembre, cuando supuestamente los corporativos “formalizaron” a los operadores afiliándolos al IMSS.

Pero los obstáculos son diversos: los repartidores se conciben a sí mismos como “emprendedores”, es decir, prestadores de servicios; carecen de relación formal obrero-patronal; trabajan para corporativos virtuales; los mismos operadores deciden cuántas horas trabajar; no reciben un salario y sus ingresos son variables.

El ocho de septiembre de 2025, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación reportó que solamente uno de cada 10 trabajadores de las plataformas había conseguido una cobertura completa en el IMSS.

Sin embargo, una idea domina entre los trabajadores: “muchos de mis compañeros se han callado por miedo a perder su trabajo; se conforman con lo que tienen, pero les digo que, si nos unimos, las cosas pueden cambiar para bien”, concluyó la obrera del municipio de Juitepec, Morelos.