Aunque el “segundo piso” de la “Cuarta Transformación” (4T) haya tomado el control del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y sus 2.4 billones de pesos (bdp), no se solucionará el grave problema habitacional del país, con una demanda insatisfecha de 10 millones de viviendas, y que sigue creciendo.

El dinero ahorrado por los trabajadores en su fondo de vivienda servirá para financiar la especie de constructora del “Bienestar” planeada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encargada de edificar un millón de viviendas en seis años, según la campaña electoral permanente sostenida por la 4T desde 2018. 

El proyecto anticipado por AMLO en febrero de 2024, se convirtió en una iniciativa de reforma al Artículo 123 constitucional, aprobada en octubre, cuyo complemento es un paquete de modificaciones a la Ley del Infonavit pendiente de aprobación en el Congreso en 2025. 

Tras asumir la Presidencia el 1º de octubre, Claudia Sheinbaum retomó ese plan y lo anunció el 14 de octubre como su proyecto de vivienda 2024-2030, cuando se conocieron detalles no mencionados por AMLO, entre ellos, que la 4T buscaría asumir el control de las decisiones del instituto.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó, el dos de diciembre de 2024, una reforma al Artículo 123º constitucional, anticipada por AMLO en febrero del año pasado, la cual fue aprobada en octubre por la aplanadora legislativa de Morena.

Esa reforma reintegró al Infonavit la facultad suspendida en 1992 de financiar y dirigir la construcción de viviendas destinadas a trabajadores del sector privado, para ser adquiridas a plazos, que ahora también podrían ser rentadas, en lugar de encargarse solamente de asignar créditos para la compra de casas-habitación edificadas por empresas particulares.

En el proyecto reglamentario de reformas a la Ley del Infonavit, dado a conocer en diciembre de 2024, se prevé la creación de una empresa constructora del gobierno encargada de planear y coordinar la edificación de viviendas.

También se perfilan cambios a la estructura del instituto encaminados a otorgar al gobierno el control del fondo habitacional, para utilizar el dinero en la construcción de viviendas, en cuya distribución participarían los “Servidores de la Nación”.

Estos conocidos operadores de los programas sociales a cargo de la Secretaría del Bienestar y de estrategias electorales de la 4T, se encargarían de recabar las solicitudes de vivienda en propiedad y ahora también en “renta social” (alquiler por 10 años con opción a compra). 

Las peticiones de trabajadores inscritos en el Infonavit serían turnadas a la institución para ser aprobadas, porque para entonces ya estaría bajo dominio del gobierno; y en el caso de personas en lo general, serían turnadas a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). 

“Puede ser que los Servidores de la Nación no tengan una visión técnica y se preste a un manejo discrecional”, dijo a buzos Cristina Almazán, coordinadora de Vivienda en la organización Pobladores A.C., del estado de Veracruz. 

AMLO tampoco explicó el año pasado que su proyecto implicaba desmontar la dirección “tripartita” del Infonavit, en que participan trabajadores, patrones y gobierno, con base en el cual opera esa institución desde 1972.

En ese esquema “tripartita”, los tres sectores aportan al fondo de vivienda y tienen igual derecho a voz y voto en la toma decisiones, lo que la 4T busca desmontar para apropiarse de las decisiones del instituto.

El objetivo: controlar el Infonavit

Entre los aspectos descritos en la iniciativa de Ley de lnfonavit que revelan la finalidad de dominio gubernamental, está la eliminación de las “direcciones sectoriales” a cargo de trabajadores y empresas, dejando el campo libre a la intervención del gobierno.

También, que ahora sería la Presidencia de la República, y no la tripartita Asamblea General del Infonavit, la encargada de nombrar al director del Instituto, quien asumiría el control del plan financiero; encabezaría las sesiones del Consejo de Administración, tendría “voz y voto” en la toma de decisiones y derecho de “veto” de resoluciones del Consejo y de sus comités auxiliares.

Se modificaría la integración del “Comité de Auditoría”, responsable de aprobar los dictámenes financieros, actualmente formado por tres miembros, con representantes de trabajadores, empresa y gobierno, ampliándose a cinco integrantes, tres del gobierno, uno de obreros y otro patronal. 

El “Comité de Transparencia”, responsable de vigilar la protección de datos a cargo del Infonavit y el cumplimiento de las normas sobre transparencia en las operaciones financieras, formado hasta ahora por tres integrantes, uno por cada sector, sería integrado por cinco miembros: tres del gobierno, uno de trabajadores, y uno de empresas. 

Y el “Comité de Vigilancia”, encargado de supervisar el cumplimiento de las normatividades del Infonavit y los dictámenes financieros, con una composición actual de nueve integrantes, pasaría a otro esquema en el que el gobierno tendría cinco representantes, dos los obreros y dos la parte patronal. 

Un proyecto heredado

Al promocionar su iniciativa de reforma constitucional, AMLO dijo que la 4T planeaba construir un millón de viviendas, un proyecto que tras tomar posesión presidencial el 1º de octubre, Claudia Sheimbaum presentó como suyo.

En el citado plan de vivienda se prevé la construcción de un millón de viviendas en seis años de gobierno; 351 mil en el sur; 239 mil 400 en el centro; 280 mil 800 en la zona centro-norte; y 206 mil 800 en la norte, tomando en cuenta áreas urbanas y rurales.

Se anunció que 500 mil viviendas serían para beneficiarios del Infonavit y otras 500 mil se otorgarían a través de la Conavi, “pero hay multitud de familias que no están asentadas en estos polos de desarrollo (zonas elegidas para construir las viviendas planeadas) y que también merecen la atención”, comentó a buzos Cristina Almazán.

“Hablo, por ejemplo, de ciudades medias y de zonas rurales de estados pobres como Veracruz o Chiapas, a donde no se está concentrando una política realmente incluyente; creemos que debe haber un equilibrio en toda esta política”, expuso Almazán a este semanario.

En los “artículos transitorios” de la mencionada reforma constitucional publicada el dos de diciembre de 2024, se fijó un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expidiera las adecuaciones a la Ley del Infonavit necesarias para aplicar el cambio a la Carta Magna.

La iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, enviada por Sheinbaum el 12 de diciembre fue aprobada de manera express el 13 de diciembre de 2024, por la aplanadora de Morena en el Senado; luego, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde se frenó el día 18, ante una ola de rechazos, entre ellos los de las centrales obreras, aplazando su votación para 2025. 

Los morenistas no han quitado el dedo del renglón; y con miras al primer periodo de sesiones del Congreso en 2025, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, anticipó el 18 de diciembre que a partir del 6 de enero de 2025 comenzarían la revisión del dictamen de reformas a la Ley del Infonavit, aprobadas inicialmente por el Senado. 

Como en el caso de la reforma judicial, que finalmente fue impuesta sin cambios, los morenistas indicaron que la reforma a la Ley del Infonavit sería sometida a “consultas”, aunque en los hechos ya solamente se trata de adecuaciones a la ley secundaria o reglamentaria del instituto de vivienda.

En el fondo, desde el dos de diciembre de 2024, la citada reforma al Artículo 123º constitucional impulsada por AMLO es un hecho; con ella se sustenta el cambio en la configuración del Infonavit. 

Financiar un proyecto político de la 4T 

El economista Mario Di Costanzo expuso que la reforma a la Ley del Infonavit, cuyo antecedente es la reforma constitucional impulsada por AMLO en 2024, devuelve al Instituto la facultad de construir casas con el objetivo de financiar el proyecto anunciado por Claudia Sheinbaum.

“El problema es que no habían dicho cómo lo iban a llevar a cabo y ya vimos que van a tomar el dinero de las subcuentas de vivienda de las y los trabajadores”, señaló Di Costanzo en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, transmitido el 22 de diciembre en redes sociales. 

El abogado Miguel Sulub advirtió. a su vez, que la reforma a la Ley del Infonavit “representa un gran atraco para el patrimonio de todos los trabajadores”, y advirtió que la nueva empresa filial del Infonavit (la constructora del Bienestar) “operaría sin ningún control ni mecanismo de vigilancia”. 

Ola de rechazos 

Entre las críticas al proyecto de reforma a la Ley del Infonavit se expuso que al destruir el esquema “tripartita” de la directiva y toma de decisiones en el Infonavit, lo que busca la 4T es hacerse cargo de los 2.4 billones de pesos del fondo de vivienda que es patrimonio de los obreros, no del gobierno. 

La Asociación General de Trabajadores que agrupa a diversas centrales obreras se manifestó en contra de las reformas a la Ley del Infonavit y advirtió que presentaría recursos de defensa ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Representaciones como el Congreso del Trabajo; la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) reclamaron que la reforma se hizo a espaldas de los trabajadores.

Al fijar la posición de las centrales obreras, Rodolfo González, secretario general de la CROM, aseveró el 16 de diciembre que denunciarían ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT el embate orientado a derribar la estructuración “tripartita” (obreros-empresas-gobierno) del Infonavit. 

“Al ser una estructura tripartita está sujeta al Convenio 144 de la OIT, que fue ratificado por México, de tal forma que para hacer modificaciones debieron de haber consultado para hacer este tipo de reformas; si no, es una reforma anticonstitucional y viola el convenio 144 de la OIT”, advirtió.

También cuestionó que el proyecto de modificaciones a la estructura del Infonavit pretenda otorgar amplias facultades al director de la institución, quien ahora sería nombrado por la Presidencia de la República y no por el Consejo “tripartita” del Instituto.

El Congreso del Trabajo aseveró que los cambios previstos en la reforma al Infonavit “eliminan el principio constitucional que dio origen al derecho laboral… demandamos al Poder Legislativo respetar el principio de supremacía constitucional en el diseño tripartita contenido en la Ley”.

En un desplegado en prensa divulgado el 15 de diciembre de 2024, expusieron: “…vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones… 

“Debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas, y destruiría un ejercicio de construcción de política pública único en América Latina”, indicaron. 

El posicionamiento lo avalaron 23 representaciones sindicales; además de la CTM, CROC, CROM y el Congreso del Trabajo, también el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS; el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos, y la Confederación de Trabajadores y Campesinos. 

“Es dinero de los trabajadores y es un derecho de los trabajadores el que estén depositando una parte de sus ingresos en este fondo, y es un derecho que los patrones tengan que complementar la aportación que hacen”.

“Estoy convencida de los equilibrios que debe haber al interior del Infonavit, entre los trabajadores, el gobierno y los empresarios”, refirió Cristina Almazán.

Compleja problemática de la vivienda 

El referido proyecto de vivienda de la 4T no representa en los hechos una solución de fondo al complejo problema de la carencia de viviendas, que ha provocado un aumento en la informalidad habitacional, de tal manera que en los últimos años han proliferado construcciones precarias y sin servicios públicos.

En lo general, de los 38 millones de viviendas existentes hasta 2024, la mayoría se levantó de manera informal: en autoconstrucción, bajo condiciones de precariedad y sin servicios públicos, o con baja calidad, sin cumplir especificaciones técnicas ni legales. 

El Consejo Nacional de Vivienda reportó, en junio de 2024, que el 60 por ciento de las viviendas en el país es informal, es decir, se levantaron sin cubrir normas técnicas de ingeniería, calidad de materiales de construcción, cumplimiento de normas urbanas y de seguridad fijadas por el Estado.

Adicionalmente, hay problemas en cuanto a la tenencia legal, debido a que en su mayoría, esas viviendas se comercializan, en compra-venta, “de palabra”, sin modificaciones para formalizar su tenencia, títulos de propiedad, etcétera. 

El rezago habitacional, es decir, la suma de las viviendas que hacen falta más las que están en muy mal estado, es de 9.6 millones, según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

En su informe actualizado a marzo de 2021, la Conavi reportó, a su vez, que en cuatro estados más del 50 por ciento de las viviendas particulares muestra condiciones de rezago: en Chiapas, 68.2 por ciento; Tabasco, 59.4; Oaxaca, 53.2; Guerrero, 51.5 por ciento. 

“Es relevante mencionar que las entidades de Chiapas y Veracruz cuentan cada una con casi cuatro millones de personas en condición de rezago habitacional, sin embargo, esto representa para Chiapas 71.6 por ciento del total de su población y para Veracruz 49.3”, indica el informe de la Conavi. 

El 16 de mayo de 2024, Luis Méndez Jaled, presidente de la CAMIC, advirtió que existe un “enorme desafío” en materia de vivienda en el futuro cercano, debido a que investigaciones nacionales e internacionales indican que entre 2024 y 2050 el parque habitacional en México aumentará de 38 a 54.7 millones.

De no haber una respuesta adecuada a las necesidades de vivienda –advirtió Méndez Jaled– de esos 16.7 millones de viviendas adicionales “al menos 12.4 millones se generarán de manera informal, profundizando la problemática”.

En contraste, proyectos de vivienda formal impulsados por organizaciones civiles terminan congelados a manos de los gobiernos, dijo a buzos, Sofía López, dirigente de la Asociación de Residentes de la Zona Alameda, del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). 

Resaltó que diversos planes de vivienda de organizaciones promotoras de la construcción de vivienda popular en la CDMX quedaron pendientes al término de la administración capitalina de Claudia Sheinbaum y a la fecha siguen estancados. 

“Nuestro proyecto (en la zona centro capitalina) se quedó parado, ya no pasó nada; y no solamente fue el nuestro, sino otros proyectos que tenían el mismo plan que nosotros, se quedaron en el aire”, expuso. 

“Hay compañeros que ya terminaron sus viviendas, ya tienen todo listo para entregarlas; y resulta que en el INVI (Instituto de Vivienda de la CDMX) todavía les dicen que deben llevar documentos para autorizaciones, entonces quiere decir que están atrasados. 

“Otros compañeros han conseguido un predio y el dueño les dice, cuando terminen me pagan, pero el INVI se desentiende y no les da dinero (el crédito prometido); las autoridades están de acuerdo con las empresas constructoras para obstruir a los compañeros, porque éstas quieren comprar el terreno y construir”.

Más vivienda informal 

A decir de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda), la construcción formal de vivienda “de interés social” ha registrado una caída de 63 por ciento desde 2018, a consecuencia de la falta de apoyos presupuestales o subsidios por parte del gobierno. 

Mientras, la vivienda formal nueva sigue encareciendo, de modo que entre enero y septiembre de 2024 aumentó 9.4 por ciento para ubicarse en un precio promedio de un millón 724 mil pesos –inalcanzable para el salario de un trabajador–, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Especialistas e integrantes de la industria de la construcción refirieron que la carencia de vivienda sigue empujando la construcción informal que en 2018 representaba el 40.7 por ciento del Producto Interno Bruto del sector vivienda, que para 2023 alcanzó 54.5 por ciento y continúa creciendo.