La sobreexplotación de mantos acuíferos, presas y la cuenca del Alto Atoyac, podrían dejar sin agua a gran parte del estado de Puebla en 2032, como ya está ocurriendo en varios de sus municipios. En estas demarcaciones, la falta del líquido vital afecta a miles de familias que diariamente enfrentan la escasez y se ven obligadas a inconformarse mediante marchas y bloqueos viales. Estas manifestaciones públicas suelen estar acompañas por organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores que advierten sobre la crisis hídrica que está cada vez más cerca.

Mariana López vive en La Ciénega, una colonia con alta densidad poblacional de la zona nororiente de Puebla-Capital; a su vivienda sólo llega agua una vez a la semana o cada quince días.

“Esto es muy complicado porque no nos alcanza ni para lo básico; el día que cae tenemos que apartar agua en cubetas y tambos; pero es muy difícil porque, como cae esporádicamente, ningún apartado nos dura para lo que necesitamos”, reportó a buzos.

Mariana vive con su esposo, dos hijas menores y su suegra, por lo que cada semana debe comprar agua en garrafones o de pipas, un gasto extra que oscila entre 500 y 850 pesos a la quincena.

Paga a tiempo el servicio de agua, por eso se queja: “no recibimos agua seguido y tenemos que comprarla. Eso implica que carguemos cubetas, que llenemos tambos y que nos sintamos inseguros de que nos alcance. Es desgastante vivir así”.

Para asearse, toda la familia acude a baños públicos al menos cada tres días ya que, de lo contrario lo tendrían que hacer con agua fría. “No es posible que ni para darnos un baño tengamos agua. Tengo dos niñas pequeñas y si no las aseo, arriesgo su salud; y si se me enferman nadie me va a ayudar con los gastos del médico”, lamentó.

Un futuro incierto

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac) estima que, para el año 2030, el 40 por ciento de la población del Valle de Puebla no tendrá agua.

En 2023, la Comisión Nacional del Agua contabilizó 18 millones de metros cúbicos de agua en el acuífero del Valle de Puebla, monto que, desde entonces, se ha reducido debido a varios factores:

El crecimiento poblacional, el uso intensivo del agua en todos los sectores, el cambio climático, las fugas en el sistema de agua potable y su extracción de pozos ilegales permitieron al Cicepac diagnosticar esta situación.

Éste prevé que, hacia 2030, el déficit de al menos 406 hectómetros cúbicos de agua por año en el acuífero del valle poblano podría dejar a un millón 263 mil 200 habitantes sin acceso al agua.

Sin embargo, la posibilidad de un futuro de mayor escasez no es desconocido por los habitantes de la zona metropolitana de Puebla-Capital que desde hace varios años sufren por el mal servicio de agua potable.

María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua y de la Contraloría Autónoma del Agua Joel Arriaga, reveló que el ciclo del agua no logra su recorrido integral para ser sustentable y regenerarse. Esto se debe a que las empresas concesionarias del agua la usan intensivamente y con exceso para ciertas actividades sin preocuparse por darle el saneamiento obligado.

“Tendríamos un horizonte de seis años en términos del agua que podemos obtener desde el agua subterránea; y se plantea que uno de los primeros municipios que se podría quedar sin agua sería Tecamachalco. Tenemos que estar muy atentos porque de seguir así tendremos un problema grave de agua”, sostuvo Ochoa García.

Escasez en Puebla

La disponibilidad del agua es mayor, menor o nula, según la zona donde escaseaba en la capital poblana. En la región sur de la ciudad, abrir la llave significa una “apuesta al No o al Sí”. En las colonias Hacienda del Sur, Balcones del Sur, El Triunfo, El Refugio, Lares de San Alfonso y Fuentes I y II, la falta de agua potable es un problema cotidiano que golpea el bolsillo y la paciencia de cientos de familias.

Aunque los vecinos pagan el servicio a la empresa Agua de Puebla para Todos, el suministro es insuficiente. Para cubrir sus necesidades básicas –bañarse, lavar ropa, cocinar–, a muchas familias no les queda más que comprar pipas, con un gasto promedio de mil pesos cada quincena.

La situación empeora en la temporada de calor, entre marzo y junio, cuando los habitantes sólo reciben agua del sistema de tuberías un par de veces por semana y el flujo es tan reducido que resulta imposible llenar tinacos o cisternas.

Esta situación los obliga a racionar el líquido vital o adquirirlo de las pipas, compras que oscilan entre 650 y mil pesos. Los residentes de la colonia Maravillas, ubicada en las inmediaciones del municipio de Santa Clara Ocoyucan, donde se asientan fraccionamientos de alta plusvalía, padecen también la falta de agua.

“En casi la mayoría de las colonias hay tandeo; es decir que tienen agua tres o cuatro veces a la semana; pero Amalucan y las colonias aledañas carecen sistemáticamente de agua; tienen 15 minutos a la semana y la siguiente semana no hay”, denunció Ochoa García.

La activista citó informes oficiales que consignan quejas por carencias del agua en más del 50 por ciento de las colonias de la capital y los municipios conurbados. Además, explicó, su almacenamiento en tambos y cubetas causa problemas de salud a la población.

De acuerdo con el Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de 2024, sólo el 24 por ciento de la población en Puebla contó con suministro diario de agua potable para su vivienda, cifra que contrasta con el promedio nacional de 53 por ciento.

Es decir, en el estado de Puebla, 76 de cada 100 personas no reciben agua diariamente en sus hogares. Aunque la cifra representa una ligera mejoría con respecto a 2016 –cuando el 78.5 por ciento de las viviendas no recibió suministro diario– la reducción se ha expresado en apenas poco más de tres puntos porcentuales en ocho años.

Pese a este avance marginal, la entidad se ubicó 29 puntos por debajo del promedio nacional en acceso diario al agua en 2024. Puebla figura, con Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, entre los estados con menor cobertura en el país.

Piden claridad 

Activistas de los pueblos originarios de la zona de Cholula han denunciado que les están extrayendo agua de sus pozos para destinarla al servicio de la zona metropolitana de la Angelópolis.

Varias organizaciones civiles se han manifestado para evitar la sustracción del agua y porque dejan a las comunidades sin servicio. Los habitantes de comunidades como Xoxtla denunciaron, asimismo, que les quieren robar su agua con la apertura de nuevos pozos. La Contraloría Autónoma del Agua Joel Arriaga se ha pronunciado por que los ciudadanos aclaren cómo se usa el agua de sus pozos.

“A finales de 2024 presentamos a Conagua una solicitud para que se clarificara a dónde iba el agua de pozos; la gente tenía duda de a dónde era llevada el agua. En San Andrés Cholula hay varias comunidades con duda, también en Nealtican y en Xoxtla, donde Agua de Puebla comenzó a llevar el agua para el suministro de la Capital y zonas residenciales; el tema no es que los pobladores sean mezquinos, sólo piden que se garantice el suministro local”, demandó María Eugenia Ochoa García, quien subrayó que los problemas del servicio iniciaron cuando se tomó la decisión de privatizar el agua y en 2014 se entregó el servicio de agua a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V.

“Fue un proceso muy oscuro, nada transparente, en el que no se consideró la opinión de la población que sería afectada tremendamente por este proceso de privatización; y, sobre todo, porque, en 2012, México estableció el derecho humano al agua; y fue en 2017, cuando el Artículo 12° de la Constitución local de Puebla lo estableció”, recordó.

Desde que se privatizó el servicio de agua en Puebla y en los cinco municipios conurbados –San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan y Amozoc– el acceso al agua no ha sido suficiente y los pobladores de varias colonias se surten por tandeo.

“Hablar de que el agua es un derecho humano implica que todos tendrán acceso al agua y que será suficiente, con servicio de calidad y que además será agua tratada y saneada; pero hay colonias donde les cae una vez a la semana, únicamente 15 minutos o sólo una hora a la semana”, denunció.

La activista destacó que, con estos indicadores, la empresa concesionaria saldría reprobada e insistió en que durante 12 años se ha violado el derecho al agua desde varios ángulos, entre ellos el de la asequibilidad, porque impone aumentos elevados a la tarifa del agua.

Denunció, además, que la empresa no da tratamiento al agua a pesar de que cobra 20 por ciento por el servicio. “Se establecieron seis estratos, desde el más bajo y se van incrementando. Este estrato tiene que ver con el valor catastral de las viviendas en las zonas, pero también hay zonas donde no son homogéneas; por un lado puedes tener viviendas de un valor catastral alto, pero muy cerca hay viviendas que tienen un valor catastral bajo; y, sin embargo, la tarifa se uniforma, con lo que resulta injusto para los estratos”.

El pago máximo para las viviendas ubicadas en zonas de alto estrato es de mil 500 pesos mensuales, monto que supera lo establecido por la Organización Mundial de la Salud: sugiere que una familia no puede destinar más del tres por ciento de sus ingresos al consumo de agua.

“Desde el gobierno de Barbosa se estableció que se incrementaría la tarifa periódicamente por motivos de inflación; pero la empresa tiene otras dinámicas mediante las cuales incrementa el costo de la tarifa”, alertó.

Gobierno concesionario 

A finales de 2025, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, arremetió contra el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), al que describió como un organismo endeudado y marcado por la corrupción ya que, por años, los funcionarios se beneficiaron individualmente mientras el servicio resultó deficiente en la capital.

Armenta Mier sostuvo que antes de tomar una decisión sobre el futuro de la concesión, era necesario atender el problema de fondo, por lo que, en lugar de quitársela a la empresa Agua de Puebla para Todos, decidió fortalecer al organismo operador antes de analizar las condiciones para sustituir la participación privada.

Dijo que esa transformación era una meta para concretarse a lo largo del sexenio y que, durante 2026, reforzaría la distribución del agua desde el ámbito estatal con la participación de los presidentes municipales de la zona conurbada para garantizar el suministro en varias colonias de la Capital.

Al inicio de este año, Armenta Mier anunció que una de sus prioridades consistía en revertir la privatización del servicio de agua potable en la capital; incluso avisó que preparaba una estrategia que daría “una gran sorpresa” a los poblanos:

Que su administración analizaba la posibilidad de adquirir el 75 por ciento de las acciones de la empresa Concesiones Integrales –conocida como Agua de Puebla y que opera el servicio en seis municipios de la zona metropolitana– porque, antes, algunos activistas habían hecho esta misma propuesta.

El mandatario arguyó también que mientras la cancelación de la concesión sumaría un costo cercano a los 10 mil millones de pesos, la compra de tres cuartas partes de las acciones costaría poco más de cinco mil mdp.

Sin embargo, semanas después, el gobierno estatal declaró que la estrategia inmediata para enfrentar el desabasto radicaba en la compra de 105 camiones tipo pipa para distribuir agua en las colonias con mayor escasez.

Para ello se emitió una licitación pública nacional con la que se buscó adquirir unidades con capacidad de 10 mil litros cada una. Estos vehículos serán enviados a las zonas donde la empresa concesionaria no garantiza el suministro regular.

Mientras las decisiones administrativas siguen su curso, en las colonias del sur de Puebla la realidad sigue igual: el servicio de agua todavía escasea; y es el más costoso para muchas familias.

Agua para pocos 

Después de reclamos y quejas, el 20 de marzo se realizó la comparecencia del dueño de la empresa Agua de Puebla para Todos y del titular del SOAPAP ante el Congreso del Estado.

En la Comisión de Hacienda y Patrimonio, presidida por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Guadalupe Vargas Vargas, y quien recordó que tanto la compañía privada como la dependencia oficial debían rendir informes de actividades cuatrimestrales.

Dicha comparecencia fue la tercera ante el Poder Legislativo. La primera ocurrió en noviembre de 2024 y la segunda en octubre de 2025; y en ambas acudieron el entonces director de Agua de Puebla para Todos, Jordi Bosch Bragado, y el titular del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, quien difundió un informe sobre la situación de este organismo.

En marzo asistieron Josefina Morales Guerrero quien, al inicio del año, recibió el cargo de esta dependencia, y Jordi Bosch Bragado, quien presentó un estudio técnico del ejercicio 2025 en el que detalló que se atiende a 963 colonias, con más de cuatro mil 100 kilómetros de red de distribución de agua potable y más de tres mil 200 kilómetros de drenaje sanitario.

A principios de abril, el coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, aclaró que detectaron incumplimientos en el plan de inversión, un desvío en los estándares de desempeño e informalidades en el tercer convenio de modificación suscrito por el gobierno y la empresa.