La doctora Bertha Burciaga Morán no debería convertirse en una cifra más en la larga lista de víctimas ocasionadas por la violencia en Veracruz. Era anestesióloga, profesionista, compañera, hija, amiga y parte de una comunidad que hoy no sólo enfrenta su ausencia: también enfrenta la indignación de una muerte que nunca debió ocurrir. Su asesinato no puede reducirse a un expediente más para la burocracia judicial, porque una mujer inocente de 38 años perdió la vida en medio de un operativo de seguridad donde policías estatales dispararon sin confirmar quiénes viajaban en la camioneta que ella ocupaba. Ahí comienza el problema más grave: el momento en que se disparó sin tener certeza del objetivo, cuando decidieron disparar primero y averiguar después.

Las primeras versiones que circularon en los medios locales señalaron que policías estatales perseguían a presuntos delincuentes; y que, minutos antes, éstos habían robado una camioneta con características similares a la de la doctora Bertha. Cuando ella y su acompañante llegaron a la caseta, su vehículo fue recibido a balazos, presuntamente porque los agentes lo confundieron con el de los delincuentes, es decir, no se trató de una persona atrapada en medio de un enfrentamiento. Sin embargo, con el paso de las horas se difundió la versión del “fuego cruzado”, como si su muerte pudiera explicarse como un daño colateral del combate a la delincuencia. Incluso, la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, luego de cuatro días declaró en ese sentido. Pero antes de aceptar tal explicación, la pregunta central persiste: ¿por qué se disparó primero y se verificó después?

En Veracruz, este tipo de casos no pueden leerse como hecho aislado ni como simple error operativo. La entidad arrastra una historia marcada por abusos policiales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales desde hace años, una realidad que ha sido denunciada constantemente por colectivos de búsqueda, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Cuando ocurre un caso como el de la doctora Bertha, el problema no es sólo quién disparó, sino lo que viene después: versiones apresuradas, explicaciones justificantes y procesos de investigación más enfocados en reducir el costo político que en esclarecer los hechos. Por eso, su caso no se explica únicamente por la actuación de unos policías, sino por una estructura donde la negligencia, la impunidad y la falta de protocolos claros cuesta vidas humanas.

Por eso, la justicia para la doctora Bertha no puede reducirse a encontrar al policía que disparó. Sería cómodo para el gobierno presentar el caso como un error individual, castigar al último eslabón de la cadena de mando y cerrar el expediente como si el problema terminara ahí. Cuando un agente abre fuego sin haber confirmado su objetivo, también hay una responsabilidad más arriba: mandos que no supervisan, protocolos deficientes, capacitación insuficiente y una estructura que permite que primero se dispare y después se acomode el relato para justificar lo ocurrido y deslindar responsabilidades. Por eso, exigir justicia también significa revisar toda la cadena de mando. Porque si la responsabilidad nunca llega a quienes diseñan, ordenan o toleran estas prácticas, la próxima víctima sólo tendrá otro nombre y otra familia exigiendo lo mismo: verdad y justicia.

La exigencia de justicia para la doctora Bertha no puede agotarse en comunicados oficiales ni en una explicación conveniente para cerrar rápido el caso. Lo ocurrido exige verdad, responsabilidades claras y la certeza de que ninguna institución estará por encima de la vida de una persona inocente. Porque cuando se normaliza que la policía asesine sin verificar y después se construya una versión para justificarlo, no estamos frente a un accidente, sino ante una forma peligrosa de ejercer el poder. La exigencia de justicia para Bertha no es sólo por su memoria, sino para impedir que otra familia deba enfrentar la misma pérdida, la impunidad y el mismo intento de convertir la negligencia en una simple confusión.