El reciente intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de Mario Delgado, para adelantar el periodo vacacional escolar desnudó las prioridades de la administración federal. Bajo el pretexto de prevenir afectaciones por las olas de calor, la propuesta velaba un objetivo pragmático y comercial: generar condiciones de mayor movilidad urbana y facilitar la logística ante la justa mundialista de futbol. Aunque el proyecto finalmente no se concretó ante la presión pública, el episodio dejó al descubierto la verdadera valoración que los gobernantes tienen de la educación pública: un elemento maleable, secundario y supeditado a las necesidades del gran capital y el entretenimiento de masas.

El objetivo de este ensayo es explorar cómo ocurre el fenómeno educativo dentro de una sociedad capitalista, dependiente y subdesarrollada como la mexicana. Lejos de ser un canal neutral de superación individual, la educación opera como un terreno en disputa donde se materializa la lucha de clases. A través de este análisis, desentrañaremos las raíces estructurales de nuestro rezago educativo, contrastando su pasado histórico con la realidad del Siglo XXI y las continuidades políticas de la denominada “Cuarta Transformación”.

La educación bajo el capital

Para Carlos Marx, la educación no es un ámbito separado de la producción material, sino un componente fundamental de las fuerzas productivas. En la sociedad capitalista, la capacidad de trabajo –la fuerza de trabajo que el obrero vende al capitalista– no es un don natural, sino un producto histórico que requiere ser formado, educado y calificado. La escuela, los institutos técnicos, las universidades y los centros de investigación constituyen los espacios donde se produce y reproduce esa mercancía peculiar que es la fuerza de trabajo. En este sentido, la educación es parte orgánica de la base económica: sin un sistema educativo que forme ingenieros, técnicos, administradores y obreros disciplinados, el aparato productivo se paraliza.

Ahora bien, bajo el capitalismo, esta fuerza productiva educativa está marcada por una contradicción estructural. Por un lado, su desarrollo es profundamente socializado: el conjunto de la sociedad, a través de impuestos, del trabajo de los maestros, de la infraestructura pública y de la acumulación colectiva de conocimientos, financia y sostiene el sistema educativo y la investigación científica. La producción de conocimiento y de trabajadores calificados es una obra colectiva, un resultado de la cooperación social a escala masiva. Pero, por otro lado, la apropiación de los frutos de ese desarrollo es eminentemente privada. Son los grandes conglomerados empresariales y los sectores dominantes quienes deciden qué tipo de educación se imparte, qué investigaciones se financian y, sobre todo, quiénes se apropian del incremento de la productividad que ese conocimiento genera. La dirección real del aparato educativo, desde los planes de estudio hasta la orientación de la ciencia y la tecnología, responde, en última instancia, a los requerimientos de rentabilidad del capital privado, no al desarrollo integral de la sociedad.

Esa contradicción entre la socialización de la producción educativa y la apropiación privada de sus beneficios constituye el corazón del rezago educativo en el capitalismo. La educación no se expande ni se profundiza en función de las necesidades sociales, sino hasta donde lo requiere la acumulación capitalista. Y en las economías periféricas, como la mexicana, esta contradicción se agudiza: la subordinación al capital imperial condena al sistema educativo a una mediocridad funcional.

La confirmación sociológica: Bourdieu y la reproducción del capital cultural

Si Marx nos da la clave estructural de por qué la educación no es neutral y se subsume al interés del capital, el sociólogo francés Pierre Bourdieu nos ofrece una confirmación empírica y un refinamiento teórico sobre los mecanismos concretos con los que opera esa dominación en el terreno cultural. Para Bourdieu, el sistema educativo es el principal instrumento de reproducción cultural. Lejos de ser un espacio meritocrático donde el talento individual florece libremente, la escuela legitima y perpetúa las desigualdades sociales de origen al convertir el “capital cultural” heredado de la familia en un supuesto “don” o “talento” natural.

La institución escolar exige y valora un conjunto de saberes, códigos lingüísticos y disposiciones (el habitus de la clase dominante) que los niños y jóvenes de las clases trabajadoras no poseen porque no forman parte de su socialización primaria. El fracaso escolar de estos últimos es entonces presentado como falta de capacidad individual, cuando en realidad es el producto de una violencia simbólica que impone una cultura ajena y descalifica los saberes populares. De esta forma, la escuela sanciona las desigualdades preexistentes y las transforma en jerarquías académicas supuestamente legítimas. El concepto bourdieuano de reproducción cultural viene a darle carnadura sociológica a la intuición marxista: la educación, bajo el capital, no remedia la desigualdad; la prolonga y la disfraza de justicia escolar. La movilidad social por la vía educativa es, en buena medida, un mito funcional al sistema.

Del esplendor nacionalista al ocaso neoliberal

Este marco teórico nos permite formular una hipótesis central: la base económica y la orientación del bloque en el poder determinan el carácter del proyecto educativo en cada etapa histórica. Los grandes momentos de impulso a la educación no fueron fruto de la casualidad ni del voluntarismo pedagógico, sino de un pacto social y una dirección estatal comprometida con el desarrollo nacional, en el que la formación de una fuerza de trabajo calificada, un mercado interno integrado y una ideología cohesionadora eran necesidades objetivas del modelo de acumulación.

La fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1920, bajo el liderazgo de José Vasconcelos, fue la primera gran expresión de ese pacto: una “cruzada civilizatoria” que concibió la educación como instrumento de cohesión nacional y reivindicación revolucionaria, cuyas misiones culturales, la alfabetización masiva y la promoción del muralismo expresaban a un Estado que se asumía constructor de la nación. Esa misma visión fue consolidada por Jaime Torres Bodet, quien creó en 1959 los Libros de Texto Gratuitos, una de las políticas más igualadoras de nuestra historia. Estos avances alcanzaron su cenit bajo el cardenismo y su proyecto estatal de desarrollo soberano: el Estado no administraba la crisis, sino que ejercía la rectoría educativa como palanca de soberanía. En ese periodo se fundó el Instituto Politécnico Nacional (1936), explícitamente concebido como proyecto educativo revolucionario para formar los cuadros técnicos de la industrialización; y al final del sexenio surgió El Colegio de México (1940), que encontró cobijo en un Estado que todavía apostaba por el pensamiento crítico como herramienta de nación. La educación, en ese entonces, no era un gasto, sino una inversión estratégica.

Por el contrario, el “ocaso educativo” llegó puntualmente con el desmantelamiento de ese proyecto nacional y la subordinación de la clase dominante al capital financiero internacional. El punto de inflexión fue la adopción del modelo neoliberal, sellada con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN): la economía se volcó hacia afuera y la educación fue despojada de su condición de derecho y motor de desarrollo para devenir una mercancía, un mero “capital humano” individual.

Como documenta Armando Alcántara para el periodo 1982-2006, las reformas neoliberales no lograron superar los rezagos; la calidad siguió siendo insatisfactoria y la inequidad, muy considerable. La expansión de la cobertura fue el único logro aparente, mientras la calidad se desplomaba como un lastre insoportable. La historia mexicana no sugiere, sino que demuestra la hipótesis: una burguesía con proyecto nacional impulsó la educación como palanca de soberanía; una burguesía subordinada al capital trasnacional la abandonó a la mediocridad, porque para una economía maquiladora y financiarizada, una educación de alta calidad es un lujo innecesario.

Balance del Siglo XXI: una catástrofe anunciada con datos

Los resultados de las últimas décadas son elocuentes. El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) revela la magnitud de la tragedia educativa nacional. En la prueba de 2022, dos de cada tres estudiantes mexicanos (66 por ciento) no alcanzaron el nivel básico de aprendizajes en Matemáticas, y México se posicionó como el tercer país peor evaluado de la OCDE en esta materia y en Comprensión Lectora, y el último en Ciencias. Los puntajes no sólo son malos en comparación internacional, sino que han retrocedido: en Matemáticas, México cayó al nivel que tenía en 2003, un retroceso de casi dos décadas.

El rezago educativo, medido por el Inegi dibuja un panorama igualmente desolador. En 2024, el 18.6 por ciento de la población mayor de 15 años se encontraba en situación de rezago, lo que equivale a 24.2 millones de mexicanos que no habían concluido su educación básica obligatoria (secundaria). El sistema educativo expulsa sistemáticamente a una parte enorme de la población, condenándola a la precariedad laboral y a la exclusión social.

La “Cuarta Transformación”: entre la beca y la demolición

El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) llegó al poder con una fuerte retórica de cambio. Sin embargo, en materia educativa, los hechos demuestran una subordinación a la misma lógica asistencialista y a los intereses del gran capital que define al neoliberalismo.

En términos presupuestarios, el gasto público en educación se ha mantenido consistentemente por debajo de las recomendaciones internacionales del cuatro al seis por ciento del PIB. En 2023, México destinó apenas el 3.1 por ciento del PIB a educación. Si bien se reportan incrementos en el gasto total, éstos se han concentrado en un crecimiento simbólico que no compensa la inflación ni las necesidades reales. La principal apuesta de la 4T han sido las transferencias monetarias directas: el programa de Becas Benito Juárez y “La Escuela es Nuestra”. Para 2024, el 9.3 por ciento del presupuesto educativo se destinó a becas, consolidando un modelo asistencial.

La crítica a este modelo no es contra las becas en sí, que representan un alivio para millones de familias, sino contra la visión que las convierte en la única política pública. Mientras se repartían becas, el gobierno de López Obrador desapareció el programa de Escuelas de Tiempo Completo en 2021, a pesar de sus resultados positivos en la alimentación, seguridad y aprendizaje de 3.6 millones de niños en zonas marginadas. El argumento para extinguirlo no fue educativo, sino una presunta “depuración” de la corrupción, dejando un vacío enorme que “La Escuela es Nuestra”, con sus transferencias para pintar o bardear los planteles, está lejos de llenar.

Aunque el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado una inversión “histórica” de 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa para su sexenio, la realidad es que este monto cubre un déficit acumulado de décadas y se canaliza a través de un programa que, en esencia, transfiere la responsabilidad de la rehabilitación escolar a los padres de familia y no establece un sistema profesional de mantenimiento y construcción. Se abandona la idea de un sistema educativo público, sólido y garantizado por el Estado, y se le sustituye por un esquema atomizado y de subsidios a la oferta.

La trampa de la periferia: no hay educación de calidad en una economía maquiladora

La hipótesis central que explica esta mediocridad es estructural. La educación mexicana no despega porque una formación de altísima calidad no tendría cabida en una economía periférica y subordinada como la nuestra. Nuestro modelo de inserción global, basado en mano de obra barata, maquila, exportación de materias primas y servicios turísticos, no requiere masas de científicos e ingenieros de primer nivel, sino trabajadores dóciles con la calificación justa para integrarse a procesos productivos diseñados en las metrópolis. Para un ensamblaje eficiente, las matemáticas, las ciencias y el pensamiento crítico resultan, en el mejor de los casos, superfluos.

La clase dominante mexicana y sus socios imperiales no demandan una revolución educativa; les es funcional un sistema que produce un pequeño estrato de egresados altamente calificados de universidades privadas de élite y una gran masa de fuerza de trabajo con baja cualificación, a la que se le ha hecho creer que su fracaso fue individual y no un resultado planeado de la reproducción de clases. Como se documentó, la inversión en ciencia y tecnología en México es paupérrima (0.3 por ciento del PIB), lo que confirma el desprecio oficial por la generación de conocimiento soberano.

Politizar la educación

La intentona de la SEP quedó en nada, pero la máscara se cayó. Para la administración federal, la educación pública es una variable de ajuste, un obstáculo que se barre cuando los compromisos con la FIFA y el capital trasnacional aprietan. No se alteró el calendario, pero se reveló la jerarquía real: primero el negocio, después las aulas.

Esta subordinación no es un accidente ni una ocurrencia. Es la expresión de una economía periférica que depende de los ritmos que dictan las metrópolis imperiales. La clase que hoy gobierna ha decidido no confrontar esa dependencia. Su prioridad es conservar el poder mediante un equilibrio no conflictivo con la gran burguesía nacional y estadounidense. En ese cálculo, las becas funcionan como sustituto clientelar de un auténtico proyecto educativo, porque un plan ambicioso de refundación escolar exigiría recursos que sólo pueden salir de una reforma hacendaria progresiva, de las grandes fortunas gravadas para fortalecer al Estado. Y un Estado así sólo puede sostenerse si se ampara en las clases trabajadoras y en los sectores aplastados por la concentración de la riqueza, no en los intereses de la gran burguesía.

No hay atajos. La educación no es un fenómeno aislado. La ciencia y la cultura rebotan contra una pared de concreto cuando se enfrentan a millones de hogares que viven al borde de la pobreza extrema y dependen de una economía informal y endeble. Sin combate a la miseria, no hay milagro pedagógico posible. Lo dijo Marx y el Siglo XXI mexicano lo confirma con sus cifras de catástrofe: la superestructura educativa no florece sobre una base económica devastada, aunque la educación sea también parte de esa base.

La transformación educativa no será un regalo del poder ni una dádiva electoral. Será una conquista popular o no será. Por eso los trabajadores de la educación y los estudiantes necesitan una organización permanente que no se agote en la coyuntura de las urnas; los estudiantes, para luchar por infraestructura, cultura y la garantía de que la pobreza no corte sus estudios; los maestros, para exigir dignidad, salario justo y respeto a sus derechos laborales. La organización no es una opción: es la única palanca. La escuela que México necesita se construye en las calles y en las asambleas, porque la batalla por la educación es, en el fondo, la batalla por un país soberano frente a la dictadura del capital.