Dos años después de la creación del programa Pensiones del Bienestar, los montos laborales asignados a este rubro no han mejorado y se agudiza la crisis de ingresos de los trabajadores jubilados.

En 2024, el Gobierno Federal modificó el sistema pensionario del país con el argumento de que mejoraría la calidad de vida de los jubilados; pero a la fecha, seis de cada 10 trabajadores en activo no alcanzan una pensión laboral digna al jubilarse después de un cuarto de siglo de trabajo.

Desde 1997 las pensiones laborales son reguladas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), pero sólo cuatro de cada 10 trabajadores en activo tienen posibilidades de acceder a ellas y con montos suficientes para mantenerse bien por el resto de sus vidas. Las Afores son un negocio controlado por 10 empresas bancarias, financieras y comerciales que, de acuerdo con datos divulgados en enero pasado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2025 obtuvieron el doble de las ganancias alcanzadas en 2024 y superaron, por primera vez, el billón de pesos con 1.1 (bdp). Y apenas en abril pasado, obtuvieron otra ganancia de 20.3 por ciento.

Debido a las escasas oportunidades que tienen para lograr una pensión laboral digna y suficiente, los trabajadores jubilados hallan en la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos, es decir, tres mil 200 mensuales equivalentes a la tercera parte de un salario mínimo que, en 2026, representa nueve mil 500 pesos mensuales.

“La Pensión del Bienestar viene a ‛compensarʼ no tener un régimen pensionario como debe ser, en que el gobierno verdaderamente aporte a las pensiones a que tienen derecho los trabajadores…”, reveló a buzos María Victoria Vallejo Ancona, presidenta de la Asociación Independiente de Jubilados y Pensionados 17 de Marzo A.C. (AIJPAC).

La lideresa precisó que hoy más que antes se está aclarando lo que se halla en el fondo del resquebrajamiento de las pensiones laborales: la voracidad de las empresas financieras que, con la privatización de 1997, se apropiaron de los fondos pensionarios y desde entonces utilizan para jugar a la “ruleta” y seguir enriqueciéndose con dinero ajeno y haciendo apuestas financieras con la compra y venta de acciones en la Bolsa de Valores.

“Lo que debería obtener un trabajador como pensión mínima garantizada es al menos un salario mínimo, además de una Pensión del Bienestar”, agregó María Victoria Vallejo Ancona.

“De acuerdo a lo que dictaminó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la pensión mínima garantizada debería ser actualmente de nueve mil 500 pesos al mes, en el caso del IMSS; eso sería lo correcto, sumados a los tres mil 200 pesos al mes de la Pensión del Bienestar, que ya está descrita en la Constitución”, apuntó Vallejo.

La clase trabajadora “debe luchar para que verdaderamente tenga lo que le corresponde; porque luego de tantos años de trabajo, ¿obtener una bicoca?… La verdad, una persona no sobrevive con pensiones tan tristes”.

Con respecto a los 33 millones de trabajadores que laboran hoy en la informalidad –el 55 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)–, la dirigente de pensionados explicó: “lamentablemente, si no cotizan y no pueden pensionarse, no tienen la oportunidad, porque son informales. Pero si no hay trabajo en las empresas, deben comer y se tienen que meter a la situación informal; si no, ¿qué hacen?”.

Las injusticias 

Los expertos en el análisis de graves dimensiones aclararon que sólo el 40 por ciento de los trabajadores que empezaron a laborar después del 1° de julio de 1997 –cuando se crearon las Afores– puede acceder a una pensión.

Entre otros especialistas, Isalia Nava Bolaños, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que en esta situación destacan las pensiones no-laborales entregadas por el Gobierno Federal mediante las Pensiones del Bienestar.

Detalló que sólo cuatro de cada 10 adultos mayores –41.5 por ciento hombres y 25.4 por ciento, mujeres– del mayoritario grupo de trabajadores de la “generación Afore” o “generación 97”, logran acumular un fondo suficiente para una pensión laboral que, además, sólo aplica para quienes desempeñaron empleos formales.

Pero lo más grave de este problema, advirtió la especialista Nava, es que, de los 62 millones de mexicanos con una actividad laboral remunerada, 33 millones están en la informalidad laboral; es decir, sin contratos, sin el cobijo de la Ley Federal del Trabajo (LFT) ni de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En contraste, los 29 millones restantes tienen un empleo formal, pero sin garantías de que su cuenta de ahorros Afore alcance para una pensión que en el futuro cubra todas sus necesidades vitales.

En su conferencia La seguridad económica de las mujeres en edades avanzadas, organizada por el IIEc en diciembre de 2023, Isalia Nava expuso que una Pensión del Bienestar es importante entre la población que no tiene acceso a ese beneficio laboral; “de hecho, existen personas que prácticamente dependen de ese ingreso, dadas las condiciones que permean en la sociedad mexicana, sobre todo en el caso de las mujeres”.

Pero detrás de todo esto se encuentra el riesgo de un incremento de jubilados empobrecidos, pese a que el fundamento histórico y legal de las jubilaciones y pensiones radica en que el trabajador reciba ingresos para no caer en la miseria cuando quiera retirarse.

La ruleta pensionaria 

Teresa Lizeth Alanís Gutiérrez, también especialista del IIEc, descubrió que los sistemas pensionarios creados en los años 80, en Chile, y en los 90, en México, tienen resultados similares debido a que los recursos pensionarios que estaban a cargo de los gobiernos, pasaron a empresas privadas que los utilizan “en la especulación financiera en bolsas de valores para obtener enormes ganancias”.

Alanís subrayó que ésa es la causa de las crisis pensionarias en ambos países: “el aumento de las ganancias en las entidades financieras a través de la especulación, la exposición a mayores riesgos de los ahorros de la clase trabajadora de los fondos de inversión y el traslado de las pérdidas a los trabajadores”.

Esto se ve reflejado “en la disminución del monto de su ahorro para el retiro; ambos países (México y Chile) experimentan una importante crisis en sus sistemas de jubilación, en gran medida por este proceso”, sentenció.

En su ponencia Financiarización de pensiones en Chile y México: una ruta hacia la desigualdad y la precarización, destacó que la privatización de la administración de los fondos de pensiones “articula nuevas formas de dominación que comprenden modernos mecanismos de despojo y explotación sobre los trabajadores”.

Para que ganen las empresas de las Afores “necesitan entrar a las inversiones especulativas (en la Bolsa de Valores) y en esa especulación, las que ganan son las empresas financieras, entre ellas los bancos”, alertó a buzos Eladio Abundiz Guadián, coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).

“Fueron más de 30 países los que adoptaron (a partir de los años 90) este manejo de las pensiones por medio de las Afores; México copió el esquema de Chile; pero, actualmente, 10 de esos países (entre ellos, Chile) ya volvieron al sistema que se tenía antes, de solidaridad del ahorro, en que el Estado era garante (fiador responsable) para el otorgamiento de pensiones dignas. En México, no se ha tocado el esquema de las Afores”.

Abundiz aseveró que, de acuerdo con una investigación de la doctora Berenice Ramírez López, igualmente del IIEc, experta en el problema de las pensiones, únicamente cuatro de cada 10 trabajadores pueden alcanzar una jubilación digna y, en este marco, “la Pensión del Bienestar aparece como remedio a esa situación de precariedad; tanto para los que pueden lograr una pensión mínima garantizada (un salario mínimo), como para los que no tienen nada”.

Beneficio oligárquico

Entre las 10 Afores destacan tres que obtienen las mayores ganancias: una es Inbursa, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, también dueño de América Movil, Telcel y la cadena comercial Sanborns.

Otra es la Afore Profuturo, integrante del consorcio empresarial Grupo BAL, encabezado por Alejandro Bailleres Gual, propietario también de GNP Seguros; la minera Industrias Peñoles y la cadena de tiendas El Palacio de Hierro.

La tercera es Afore SURA, que opera bajo la firma SURA Asset Management, perteneciente al Grupo SURA, un complejo empresarial internacional con sede en Medellín, Colombia, socio de Grupo Bancolombia.

Además, participan de este negocio otras como Afore Azteca, del Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, dueño también de Banco Azteca y de las tiendas en abonos Elektra; Afore Coppel, también con tiendas comerciales y banco, propiedad de la familia norteña Coppel Luken; y las Afores Citibanamex, Invercap, Principal y XXI, de Grupo Banorte.

Caso singular es la Afore PensionISSSTE, creada en 2007, la única de las 10 administrada por el Gobierno Federal, sobre la que, en fechas recientes, un vocero citó la posibilidad de convertirla en “aseguradora pública solidaria”, aunque esto fue al calor de las negociaciones gubernamentales para desactivar las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Hasta el cierre de esta edición, no se había aclarado si ese beneficio sería exclusivo para la burocracia o para todos los trabajadores, tampoco hasta qué punto representaría volver a la integración de un fondo de jubilaciones en manos del gobierno, como funcionaba antes del 1° de julio de 1997, cuando sobrevino la privatización del sistema de fondos pensionarios.

Mientras tanto, como explicaron los expertos, las empresas de las Afores obtendrán magníficas ganancias invirtiendo el dinero pensionario en bonos empresariales colocados en la Bolsa de Valores, pero los trabajadores no tienen aseguradas sus cuentas de “ahorro” para el retiro ni dispondrán del dinero suficiente para cubrir sus necesidades vitales.

Una imposición 

Desde la primera Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expedida en 1943, se instauró en México un fondo solidario a cargo de esa institución, sufragado con aportaciones de los trabajadores activos.

Este sistema jubilatorio fue suprimido en 1997, cuando el modelo económico neoliberal se impuso en México por el Banco Mundial (BM) para respaldar la transferencia de los recursos “frescos” de los pensionarios a los negocios de los bancos y otras empresas financieras.

Ese nuevo esquema de pensiones, gemelo del chileno (1981), se constituyó en 1992 con una reforma impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y se consolidó con otra realizada en 1997, bajo el mandato de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), creado por Carlos Salinas en 1992, y el esquema de las Afores, por Zedillo en 1997, son equivalentes al Sistema de Capitalización Individual y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), implantados en 1981 en Chile por Augusto Pinochet.

Ambos esquemas pensionarios evidenciaron sus costos negativos para los trabajadores en los años posteriores a su implantación, debido a la reducción de libertad del Estado en el cumplimiento del derecho laboral para una pensión digna y la maximización de las ganancias para las empresas administradoras y los inversionistas que dejan al trabajador sin pensión.

En México, mientras los trabajadores de empresas privadas fueron integrados a las Afores privadas en 1997, los empleados al servicio del Estado se ajustaron también a un sistema de fondos individuales en 2007, mediante la Afore PensionISSSTE.

Esos cambios en el sistema pensionario del ISSSTE generaron protestas de algunos sectores de la burocracia, particularmente de profesores disidentes del sindicato magisterial que, en días pasados, manifestaron nuevamente su rechazo.

El pasado cuatro de junio, durante sus operaciones políticas para resolver el nuevo conflicto con los maestros de la CNTE, el gobierno morenista ofreció convertir la Afore PensionISSSTE en una “aseguradora pública solidaria”, sin aportar mayores detalles.

Cambios en retroceso

El modelo de pensiones mexicanas iniciado en 1943 fue modificado con la segunda Ley del IMSS expedida en 1973 que, de alguna manera, sustentó el apoyo solidario en que los recursos de todos financiaban las pensiones de los jubilados con el respaldo del gobierno.

Con las reformas de 1992 y 1997 se eliminó el esquema solidario de pensiones. Ambas reformas quitaron responsabilidades al Estado para garantizar el derecho a una pensión digna y redujeron gastos a la administración pública federal, responsabilizando al trabajador de “ahorrar” de cara a una pensión bajo un esquema que prácticamente no alcanza para financiar un retiro laboral.

Entre los problemas para conseguir una jubilación adecuada, destaca la inestabilidad del empleo, ya que muchos trabajadores pasan por periodos de inactividad en los que no aportan a sus cuentas de Afore, incluso hacen retiros por desempleo, todo lo cual reduce sus semanas cotizadas.

Como resultado, el dinero existente en sus cuentas de ahorro para el retiro resulta insuficiente para una “pensión vitalicia” mediante una aseguradora privada.

Los trabajadores que iniciaron su vida laboral activa antes de la Ley del 1° de julio de 1997 –que son los menos– todavía pueden alcanzar una pensión por una cantidad más o menos equivalente a sus últimos cinco salarios con el requisito de haber cotizado un mínimo de 500 semanas al IMSS.

Pero el problema de las “semanas cotizadas” es adverso para quienes laboran bajo el esquema de la Ley de 1997, que son la mayoría de los actuales operarios. Por ejemplo, en 2026, el requisito básico consiste en alcanzar 850 semanas de cotización, que aumentarán anualmente hasta un mínimo de mil semanas en 2031.

Pedro Vásquez Colmenares, consultor experto en este asunto, participante en el foro EF Meet Point: Pensiones ¿Qué planes tiene para su futuro?, realizado en marzo de 2023, advirtió que seis de cada 10 trabajadores en activo no podrán alcanzar una pensión a futuro.

Vásquez Colmenares explicó que las recientes reformas y acciones gubernamentales no han obtenido resultados positivos, porque resulta insuficiente la cobertura financiera para que todo trabajador pueda jubilarse y obtener una pensión digna.