Las empresas del gigante asiático inyectaron 596 mdd en territorio nacional durante el primer semestre de 2026.
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Pese a los distintos recursos interpuestos para evitar la transferencia de recursos de cuentas individuales al Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y avalará este martes 11 de agosto la constitucionalidad del esquema.
El 30 de abril de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador estableció diversos decretos y reformas para transferir los recursos de cuentas inactivas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) hacia el FPB.
Dicho sistema comenzó a operar el 1 de julio de 2024 con 44 mil millones de pesos (mdp). De esta suma, 12 mil mdp correspondieron a la liquidación de la Financiera Rural y seis mil 135 mdp adicionales provinieron del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Ante este panorama para los ahorradores, legisladores de oposición denunciaron ante el Máximo Tribunal que el mecanismo vulnera los derechos patrimoniales y acusaron la confiscación de los recursos de los trabajadores.
En este contexto, la ministra Loretta Ortiz desestimará los recursos interpuestos por los inconformes, al considerar que parten de “una premisa errónea”, dado que la titularidad de las cuentas no cambia, sino únicamente la institución que las administra.
La jurista también sostuvo que la reforma en materia de pensiones “reconoce que las y los trabajadores, pensionados y beneficiarios tienen el derecho imprescriptible de acudir a los mecanismos previstos para recibir la pensión o la devolución de sus recursos”.
Respecto a las irregularidades denunciadas durante el proceso legislativo de dichos cambios constitucionales, reconoció que no se respetó el plazo para la circulación del dictamen, pero afirmó que los contratiempos no afectaron la deliberación democrática entre las fuerzas políticas.
En este sentido, expertos en la materia han advertido que, aunque no se trata de una expropiación de recursos, el sistema de reparto de fondos a los trabajadores retirados se verá comprometido por la falta de financiamiento permanente y confiable, pues dependerá de los ahorros de cuentas no cobradas.
Derivado de la posible transferencia de ahorros, hasta abril de 2025 más de 55 mil 100 trabajadores reclamaron la devolución de sus fondos, por un monto de alrededor de dos mil 500 mdp.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | @srivera1410