El desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara de Chihuahua no sólo no termina, inclusive se agudiza. Familias completas han abandonado sus hogares debido a las condiciones de pobreza y últimamente más debido a la violencia.

Las cifras de desplazados en la región de la Sierra Tarahumara evidencian la gravedad del fenómeno. De acuerdo con el informe de la Misión Civil de Observación sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, durante 2025, al menos cuatro mil 492 personas abandonaron sus comunidades a consecuencia de la inseguridad; de ese total, mil 335 salieron del municipio de Guadalupe y Calvo, una de las regiones más afectadas por las disputas territoriales.

Se trata de personas que se han visto obligadas a abandonar sus pueblos debido a problemas que salen de sus manos. Son familias obligadas a marcharse por circunstancias que no provocaron y sobre las cuales tienen escaso control. La inseguridad, las disputas por el territorio, el saqueo de los recursos naturales y las condiciones ambientales adversas, entre ellas la sequía, conforman una realidad que amenaza su permanencia en la sierra.

La tragedia tiene dos momentos: el despojo y el abandono; primero, pierden las condiciones para vivir en sus comunidades; después, enfrentan la indiferencia y la insuficiencia institucional en los lugares donde buscan protección.

La situación no es un acontecimiento aislado ni emergencia de unos cuantos días; las organizaciones defensoras de derechos humanos revelan que el desplazamiento se ha triplicado entre 2021 y 2025, mientras que Chihuahua figura entre las tres entidades con mayor incidencia de este fenómeno en el país, con Michoacán y Sinaloa.

En mayo de 2026, integrantes de ocho organizaciones que conformaron la Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua recorrieron Parral, Delicias y la ciudad de Chihuahua. Durante sus visitas documentaron la situación de unas 200 personas desplazadas, originarias principalmente de Atascaderos, Coloradas de la Virgen y La Sierrita, comunidades de Guadalupe y Calvo.

Víctor Quintana, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C. (COSYDDHAC), explicó que, según datos de la Encuesta Intercensal 2025 presentados durante los trabajos de observación, el 1.42 por ciento de las familias chihuahuenses manifestó haber dejado su vivienda y lugar de origen por motivos de violencia y efectos severos de fenómenos naturales entre 2020 y 2025, lo que representa cerca de 17 mil familias.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿cuántas familias más tendrán que abandonar sus comunidades antes de que el desplazamiento sea atendido como una crisis humanitaria de primer orden?

La violencia y el despojo

Detrás de cada familia desplazada existe una historia de miedo. Hay quienes salieron después de recibir amenazas directas; otros huyeron tras el asesinato de algún familiar, y algunos más debieron escapar cuando los enfrentamientos armados llegaron hasta sus viviendas. En determinadas comunidades, permanecer significa exponerse a perder la vida.

La región del llamado Triángulo Dorado, donde convergen Chihuahua, Sinaloa y Durango, cobra importancia estratégica para los grupos delictivos. La Misión Civil de Observación identificó un interés creciente por controlar el territorio serrano y aprovechar los recursos naturales, particularmente la madera, el agua y los minerales.

Así, las familias quedan atrapadas en una guerra que no les pertenece. No son parte de las disputas, no participan en los negocios de los grupos delictivos y tampoco tienen los medios para defenderse. Son campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres, niños y adultos mayores que solamente quieren vivir en paz.

A esta situación se suman otros factores que deterioran las condiciones de vida en la sierra. La sequía, la escasez de agua, las dificultades para producir alimentos y la presión sobre los recursos naturales dejan todavía más vulnerable a una población que depende estrechamente de su entorno.

El resultado es una forma de despojo que va mucho más allá de perder una propiedad: las personas pierden la posibilidad de decidir dónde vivir, trabajar, cultivar sus alimentos y criar a sus hijos.

Para los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, abandonar su comunidad no equivale simplemente a cambiar de domicilio. La tierra tiene un significado que no puede medirse en hectáreas ni en el valor comercial de una parcela. Es el sitio donde se encuentran sus antepasados, se transmiten conocimientos, se realizan ceremonias y donde se reproduce su comprensión de la vida.

Cuando una familia rarámuri u ódami es obligada a salir de su comunidad, no sólo deja atrás una vivienda. También pierde el contacto cotidiano con sus vecinos, sus espacios ceremoniales, sus actividades agrícolas y las relaciones comunitarias que ha sostenido durante generaciones.

La lengua materna, las fiestas tradicionales, los conocimientos sobre la naturaleza y las formas de organización colectiva sufren un proceso de debilitamiento cuando las familias quedan dispersas en ciudades donde su cultura no coincide con la vida cotidiana.

El problema se vuelve especialmente doloroso para niñas y niños. Al llegar a escuelas donde no existen programas bilingües ni docentes preparados para atender su contexto cultural, deben adaptarse a un sistema que muchas veces no comprende su lengua ni sus circunstancias. Algunos enfrentan burlas y discriminación por su origen indígena.

El desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara repercute en las formas de vida pertenecientes a la riqueza cultural de Chihuahua y de México.

En un lugar desconocido 

Testimonios recogidos por la Misión Civil de Observación muestran una realidad difícil de ignorar. Hay familias que comparten habitaciones pequeñas, construcciones improvisadas o viviendas prestadas en la ciudad a donde llegan. En Delicias, el comunicador ódami Leonel Barro, coordinador del colectivo Las Cuatro Raíces, denunció que hasta cuatro familias han tenido que vivir en un cuarto de apenas tres por cuatro metros, sin servicios básicos.

Las familias llegan a Parral, Delicias o Chihuahua-capital con pocas pertenencias, sin ingresos estables y, en muchos casos, sin familiares que las reciban. En primer lugar, para los desplazados es la urgencia de un techo, conseguir alimentos y proteger a los niños; pero las ciudades a donde llegan tampoco poseen condiciones suficientes para garantizarles una vida digna.

El desplazamiento las ha dejado sin patrimonio y sin redes de apoyo; quienes antes podían cultivar, trabajar sus tierras, criar animales o apoyarse entre vecinos, ahora dependen de ingresos ocasionales y de la solidaridad de otras personas.

La tragedia consiste en que salieron de sus comunidades buscando seguridad y ahora se enfrentan a otra forma de inseguridad: no saben dónde dormirán, qué comerán al día siguiente o cuánto tiempo podrán permanecer en el lugar que consiguieron.

El desplazamiento forzado no solamente representa un problema para las familias que lo padecen. También evidencia las limitaciones de infraestructura y atención social de los municipios que reciben a la población. Parral, Delicias y Chihuahua-capital son destinos de personas que necesitan vivienda, servicios médicos, espacios educativos y oportunidades de empleo; pero la capacidad instalada no resulta suficiente para atenderlas en condiciones dignas.

En materia educativa, los obstáculos comienzan desde la inscripción; no hay espacios suficientes para atender a los jóvenes desplazados ni personal capacitado; además, las familias deben cubrir uniformes, útiles, transporte y cuotas escolares, gastos que no se solventan cuando sus integrantes apenas consiguen empleos eventuales. En esas condiciones, algunos padres deben decidir cuál de sus hijos puede estudiar o no.

En materia médica, las dificultades son igualmente preocupantes. Las familias inmigrantes necesitan consultas, medicamentos, atención psicológica y servicios especializados; pero deben enfrentarse a la falta de recursos económicos, las distancias y las barreras lingüísticas. Se han denunciado casos en que se niega o dificulta el acceso a traductores e intérpretes, incluso durante la atención psicológica.

La situación de las viviendas tampoco permite hablar de una integración digna; las rentas son elevadas respecto a los ingresos obtenidos por las personas desplazadas y la oferta de alojamiento accesible resulta limitada. Muchas familias terminan en cuartos compartidos, terrenos baldíos o construcciones de madera y cartón.

La dimensión del problema exige que los gobiernos municipales, el estatal y el Federal no se limiten a ofrecer espacios temporales. Es necesario ampliar y garantizar el acceso efectivo a escuelas, centros de salud, vivienda, agua potable, transporte y programas de empleo. Recibir a una familia desplazada significa asumir responsabilidades concretas para vivir con dignidad.

El difícil retorno sin garantías

El 12 de marzo ocurrió uno de los episodios más graves: un operativo de retorno; alrededor de 200 personas pudieron regresar con acompañamiento policial en autobuses de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mientras otras 400 no pudieron hacerlo.

Sin embargo, ese regreso fue realizado sin un análisis de riesgo suficiente ni garantías de protección durante la permanencia en las comunidades. El resultado fue devastador: una persona fue asesinada después de regresar y otras dos desaparecieron, una de ellas durante el retorno y otra, tres meses después.

El caso demuestra que no basta con trasladar a las personas hasta sus lugares de origen y considerar resuelto el problema, denunciaron las organizaciones de derechos humanos.

Apenas el pasado 10 de noviembre, la Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua emitió una “Acción urgente” y denunció que “el crimen organizado en este momento está generando condiciones de violencia en las comunidades serranas, que, por motivos de seguridad, omitimos sus nombres”.

Los grupos delincuenciales “están desplazando a las familias para adueñarse del territorio, desviando el agua, apropiándose de su ganado, desmantelando sus casas para hacerse de recursos y asentarse en esos sitios; recurren a bombas, drones y balaceras donde las familias quedan en medio del fuego cruzado y los animales abandonados o sacrificados por los criminales para financiar la guerra”, documentó la Misión Civil.

Los testimonios recabados indican que hay familias que debieron salir de su hogar únicamente con el acompañamiento de la fuerza pública, y otras decidieron quedarse. Las personas adultas mayores son quienes menos posibilidades tienen de huir debido a sus condiciones de movilidad, incluso se están quedando: prefieren morir en su hogar que dejarlo; su arraigo al territorio es más fuerte que esta violencia.

Un retorno seguro requiere presencia institucional permanente, investigación de las amenazas, protección de las familias y condiciones reales para recuperar sus viviendas y actividades productivas.

La señora Maribel Ramírez lamenta que muchas personas desean regresar porque no quieren abandonar sus pueblos, pero necesitan seguridad permanente. En comunidades como Cinco Llagas, los habitantes han sufrido periodos de ataques y presencia de fuerzas de seguridad que posteriormente se retiran, dejando nuevamente expuesta a la población.

La disyuntiva es definitiva: quedarse implica arriesgar la vida; regresar significa enfrentar nuevamente las amenazas, e instalarse en las ciudades receptoras presupone vivir en condiciones de precariedad. Para estas familias, ninguna de las alternativas representa todavía una solución permanente.

Impunidad y respuestas institucionales

El desplazamiento forzado también exhibe las dificultades del Estado para garantizar justicia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que las denuncias avanzan lentamente y los responsables de las agresiones pocas veces reciben castigos.

De acuerdo con los datos expuestos por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entre 2023 y septiembre de 2025 se presentaron 83 denuncias por desplazamiento forzado interno ante la Fiscalía de Chihuahua; pero sólo dos habían derivado en sentencias. La impunidad mantiene a las víctimas en situación de vulnerabilidad y alimenta el temor a denunciar.

El caso de El Manzano, en el municipio de Uruachi, es ilustrativo: decenas de personas fueron desplazadas desde 2015 y, aunque se obtuvo una sentencia, las organizaciones establecieron que ésta no había sido judicializada y que los responsables permanecen en la zona.

En Chihuahua, desde 2025 existe un Protocolo de Atención Emergente a las Personas en Situación de Desplazamiento Interno, presentado por las autoridades estatales como un instrumento para coordinar la asistencia humanitaria, la protección y el acceso a servicios básicos; también se creó una Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno.

Asimismo, el 20 de agosto de 2026, el Gobierno Federal anunció la instalación de una mesa permanente de seguimiento en Ciudad Cuauhtémoc para atender a familias rarámuri, guarijías y mestizas desplazadas de Guadalupe y Calvo, Moris, Urique y Uruachi, donde participaron 15 dependencias federales.

Aunque las acciones anunciadas y mecanismos de coordinación ya representan un avance, todavía existe una distancia considerable entre los instrumentos gubernamentales y las necesidades cotidianas de las víctimas.

La confrontación política entre autoridades estatales, federales y municipales tampoco puede convertirse en una excusa para postergar la atención. Las personas desplazadas no tienen por qué pagar las consecuencias de las diferencias entre gobiernos. La protección de sus vidas y sus derechos debe estar por encima de cualquier disputa institucional.

La exigencia es sencilla, pero urgente: que las instituciones ya no midan su respuesta únicamente por las reuniones realizadas y los apoyos entregados, y que evalúen si las familias realmente pueden vivir con seguridad, salud, educación, vivienda y trabajo.

Así, la crisis de desplazamiento forzado en Chihuahua requiere una respuesta más allá de la asistencia emergente. Las familias no pueden vivir indefinidamente de las despensas, las colchonetas o los alojamientos temporales; necesitan recuperar la posibilidad de decidir sobre su futuro, un lugar seguro donde vivir y reconstruir las condiciones que les permitan sostener a sus familias.

En la carta de “Acción urgente”, la Misión insiste en que “para cubrir la emergencia actual, que se ha suscitado en recientes semanas, las comunidades sitiadas y desplazadas solicitan: intervención urgente del Ejército mexicano, que garantice la pacificación de la zona, solicitamos procesos de pacificación, justicia y protección a las comunidades”.

Además, atención urgente para las familias desplazadas y las solicitantes para salir de su comunidad y poder resguardarse, con refugios adecuados, vivienda, atención médica, alimentos, ropa y cobijas.

En otros pronunciamientos, organismos defensores de derechos humanos han reiterado que el Estado mexicano debe garantizar tres caminos posibles con la participación y decisión de las personas afectadas: el retorno voluntario y seguro a sus comunidades, la reubicación en otro territorio cuando regresar no sea viable o la integración local en los municipios donde residen. Ninguna familia debe ser obligada a regresar a un lugar donde su vida corre peligro por el motivo que fuere.

También es indispensable proteger los territorios indígenas, investigar el despojo de tierras y recursos naturales y garantizar que las comunidades puedan desarrollar sus actividades.

Debe evitarse que la Sierra Tarahumara se convierta en una región de pueblos vacíos, comunidades abandonadas y familias condenadas a refugiarse lejos de sus raíces. Tampoco es aceptable que las ciudades donde son recibidos se conviertan en lugares de sobrevivencia y hacinamiento, sin acceso suficiente a servicios médicos, educación y vivienda.

La solución no sólo consiste en sacar a las personas de las zonas de peligro, sino en garantizar que nunca más deban huir para salvar sus vidas. Y mientras eso no ocurra, las familias desplazadas sufrirán una doble tragedia: la de haber perdido el lugar al que pertenecían y no encontrar un lugar donde puedan vivir con dignidad.