El número de personas desaparecidas en México ha aumentado enormemente en lo que va de este siglo; así lo demuestran estudios realizados por asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que toman en cuenta en sus cálculos la información oficial; pero las cifras del Gobierno Federal son muy diferentes a las reportadas por los estudios independientes, como las plataformas ciudadanas e investigaciones de expertos en esta materia, especialistas en derechos humanos, organizaciones internacionales y grupos especializados en el grave problema de la violencia.

Las desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas son dos fenómenos íntimamente ligados; en cada fosa clandestina descubierta hay por lo menos un cadáver; y los hallazgos de estas fosas por parte de los colectivos buscadores se han incrementado en los últimos años. Son impresionantes algunos de estos hallazgos, como los efectuados en Jalisco y Chiapas, que tienen toda la apariencia de campos de exterminio y de entrenamiento criminal forzado.

La mayoría de las estimaciones no oficiales coincide en que resulta alarmante la cifra de las personas desaparecidas y que el aumento de las fosas clandestinas descubiertas, principalmente por los familiares de los desaparecidos, no es más que un fenómeno derivado del primero y la confirmación de que la desaparición forzada es una crisis más de tantas que sufre la población mexicana: crisis ocupacional, de salud pública, de vivienda; crisis por inseguridad y, en medio de todo esto, la crisis de desapariciones.

El Reporte Especial de buzos informa sobre la disparidad entre las cifras oficiales y las que reportan investigaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organismos internacionales; también compara datos contradictorios en la información oficial, como el número de fosas clandestinas reportado por la Fiscalía General de la República entre 2001 y 2024, que no coincide con la suma total reportada por las fiscalías estatales, que alcanza una cifra casi nueve veces mayor.

El Gobierno Federal ha calificado como incorrecta la información que manejan los organismos denunciantes e insiste en que las estadísticas oficiales muestran una reducción del problema.

Esta reducción, dicen algunos, revela el propósito de ocultar la verdad sobre el hallazgo de fosas clandestinas y de minimizar la gravedad del problema; y algunos insisten en otras posibles causas, como la insuficiencia de recursos destinados a la búsqueda y a la investigación de las denuncias ante el aumento de la violencia y la desaparición

forzada en todo el país. Los expertos en el tema afirman también que la reducción de la cifra puede deberse a la disminución de las denuncias o a la manera en que se lleva el registro oficial de la cifra, pues han aumentado las trabas oficiales integrar cada carpeta de investigación, lo que resulta en una cifra menor de casos oficialmente reconocidos.

Al Estado, concluyen algunos, no le conviene aceptar la gravedad del problema, pues esto significaría admitir su incapacidad para resolverlo, su atención insuficiente y el hecho de que no haya destinado recursos suficientes para investigar las denuncias presentadas y buscar a miles de ciudadanos víctimas de desaparición forzada.