Las mineras en México siguen depredando el medio ambiente a pesar de las reformas a la Ley de Minas expedida en 2023. Entre las beneficiarias de este lucrativo negocio, hay empresas trasnacionales; al menos 151 son de Canadá y 32 de Estados Unidos (EE. UU.), y varias firmas mineras locales son propiedad de tres magnates mexicanos.

En octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la no procedencia de la aplicación a las reformas a la Ley Minera de 2023, ya que las empresas mineras presentaron más de 500 juicios de amparo para impugnar las nuevas regulaciones implicadas en la ley.

Según ésta, a pesar del endurecimiento de las sanciones, clausura y anulación de concesiones por daños ambientales y sanitarios, los corporativos mineros extranjeros y nacionales están acumulando millonarios ingresos que generan “zonas de sacrificio” en territorio nacional.

Sólo 10 empresas controlan y se benefician de la industria minera, entre ellas de EE. UU. y Canadá, con otras, propiedad de tres acaudalados magnates mexicanos: Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères.

En conjunto, las mineras obtienen ingresos anuales arriba de 517 mil millones de pesos (mdp), conforme a la tabla de ingresos dentro del informe 2026 de “Las 500 Empresas Más Importantes de México”, que anualmente elabora la empresa Expansión.

De acuerdo con varias agrupaciones sociales, comunitarias y ambientales integradas en la colectiva Cambiémosla Ya, los presuntos grandes beneficios económicos para México por esas inversiones privadas en minas, realmente dominan la propaganda oficial y de las empresas.

Indicaron que las mineras representan solamente el uno por ciento de los ingresos por impuestos mexicanos, mientras las autoridades aseguran que aportan grandes beneficios a México; en tanto, reconoce los daños causados por las extracciones del subsuelo, pero los minimiza cuando plantea un futuro “progreso”, “modernidad” y “bienestar”.

“Se sabe que dejan una importante derrama económica o desarrollo económico en las poblaciones; pero nosotros hemos evidenciado que no es así”, explicó a buzos Beatriz Olivera, maestra en desarrollo rural, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya.

En los análisis que hemos hecho, “vemos que, desde hace ya varios años y todavía ahora, la minería sigue aportando uno por ciento de los ingresos al país por concepto de impuestos: sobre la Renta (ISR); del IVA (al Valor Agregado) y del IEPS (Impuestos Especiales)”.

“Resulta importante señalarlo, porque el sector minero goza de diversos estímulos fiscales; incluso, el IVA se les regresa; tienen deducciones por diferentes conceptos; entonces no son palanca de la economía del país como se difunde, eso es un mito”.

Olivera agregó, además, que en una investigación con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “encontramos que, en los principales municipios mineros, persisten condiciones de pobreza, marginación y falta de desarrollo”.

La industria minera extranjera “realmente no deja grandes beneficios a México; representa un extractivismo rapaz que solamente intenta saquear bienes naturales y dejar las migajas en los territorios; es neocolonialismo”, destacó la también directora de la organización comunitaria y ambientalista Engenera.

Entrevistado por este semanario, Manuel Llano, director de CartoCrítica, A.C., señaló que las grandes fortunas en México y otros países están ligadas a la minería (Slim, Larrea, Baillères); “la minería es una parte significativa de su riqueza; y a la par de ésta, los municipios donde hay minería, en su mayoría están sumidos en la pobreza”.

Un estudio sobre la industria minera, de la organización internacional Comité de Oxford de Alivio contra el Hambre (Oxfam) en México, mostró que las mineras extranjeras invierten poco en explotación de metales y minerales mexicanos para obtener grandes ganancias afuera.

Narró que las autoridades hacendarias de México cobraron a esas empresas casi 60 mil mdp en impuestos en 2022; “pero esto sólo representó 17.9 por ciento del total de sus ganancias, que resulta bajo cuando se compara con la tasa de ISR que pagan los trabajadores”.

En México, la minería no produce desarrollo, bienestar o muchos empleos –refutó Oxfam– “sino que es el origen de la violencia, contaminación y desplazamiento forzado de comunidades”, advirtió en su estudio El monopolio de la desigualdad.

El 1° de octubre de 2026, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) presentó el libro, Ejido Carrizalillo. La ignominia del modelo extractivo minero, una investigación y análisis del activista Miguel Ángel Mijangos, en el que se reconocen las contradicciones de un modelo minero cuyas inversiones privadas “han sido protegidas por encima de los derechos humanos”.

Más de mil 100 “zonas de sacrificio”

A consecuencia de la destructiva industria minera, se incrementan las “zonas de sacrificio” en territorio mexicano, que ya son más de mil 100, de acuerdo con investigaciones de especialistas internacionales.

Marcos Orellana, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, reportó que en México se han incrementado las zonas de sacrificio hasta mil 142, según datos actualizados a junio de 2025 y al menos 50 se localizan en territorios en “emergencia ambiental y sanitaria”.

Esas 50 zonas en emergencia se ubican en comunidades donde sobreviven habitantes originarios expuestos a altos niveles de contaminación, advirtió Orellana al presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras su inspección en México realizada entre el nueve y 20 de marzo de 2026.

No podemos permitir –sentenció Orellana– “que se naturalicen las zonas de sacrificio, y mucho menos que sean legales”; en este sentido, enfatizó que las comunidades cercanas a desarrollos industriales terminan por sacrificar su derecho a vivir en un entorno sano, mientras las empresas contaminadoras están operando”.

Al respecto, Manuel Llano, de CartoCrítica, A.C., denunció que las zonas de sacrificio surgen cuando alguien con poder y más recursos “decide que la vida de los demás no importa… es secundario el bienestar de una región, a cambio de lo que se obtiene económicamente”.

“Hay una decisión de Estado para extraer recursos, despojar los recursos del territorio, perjudicando la salud, agua, aire y el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades; porque se obtendrá un beneficio económico”, alertó Manuel Llano.

Las llamadas “externalidades” o daños colaterales, es decir, todos los perjuicios en el territorio, aire, agua, y el bienestar de comunidades –aclaró– “no los paga la empresa: se quedan en donde operan para que los pague alguien más; la gente con su vida, su cuerpo y territorio; bajo esta lógica, claro que es rentable extraer recursos”, insistió.

Lucrativo y criminal negocio 

Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en México hay tres mil 349 unidades dedicadas a la minería; esto es: diversos conjuntos de instalaciones industriales para la extracción de minerales y metales.

Entre las beneficiarias de este altamente lucrativo negocio de las minas, hay empresas trasnacionales; al menos 151 son de Canadá y 32 de EE. UU., y varias empresas mineras locales, propiedad de tres magnates mexicanos.

Entre las estadounidenses resalta la firma Newmont, dueña de la Minera Peñasquito, situada en Zacatecas, por la que obtiene ingresos superiores a 42 mil mdp al año, que integra las minas a “cielo abierto”, Peñasco y Chile Colorado, productoras de oro, plata, plomo y zinc.

La también estadounidense Coeur Mining Mexicana, con ganancias calculadas en siete mil mdd anuales, opera el complejo minero Palmarejo en Chihuahua, que posee varias minas subterráneas de donde extrae oro y plata.

De Canadá está Torex Gold Resources, con ingresos por 20.4 mil mdp, que opera en el Cinturón Aurífero de Guerrero y es una de las empresas más importantes en producción de oro, que saca del país como materia prima para el negocio joyero fabricante de piezas lujosas para vender en EE. UU. y Europa.

En el mismo caso está First Majestic Silver Corp, con ingresos anuales calculados en 10 mil mdp, que explota cuatro minas subterráneas: Cerro Los Gatos, Santa Elena, San Dimas y La Encantada, dedicadas a extraer oro y plata del subsuelo mexicano para exportarlos como materia prima.

A éstas se suma Pan American Silver, con ganancias anuales por siete mil mdp, una de las principales productoras de plata en el mundo; posee un desarrollo minero en Juanicipio, Zacatecas; y otra firma canadiense llamada Alamos Gold, que alcanza 6.5 mil mdp anuales, también extractora de oro en territorio mexicano.

Magnates mineros mexicanos

Entre los beneficiarios de esta industria destaca también Carlos Slim, el mexicano más rico del Latinoamérica; dueño de la Minera Frisco, dedicada a la explotación de oro, plata, cobre y zinc, con ingresos anuales estimados en más de 10 mil mdp.

Germán Larrea, dueño del grupo México, el segundo magnate nacional, operador de las empresas Southern Copper Corporation y America Mining Corporation, que obtienen ingresos superiores a 227 mil mdp, sobre todo mediante el negocio del cobre, en el que ocupa el quinto sitio mundial de producción.

Entre otros sucesos, Larrea fue el dueño de la mina Pasta de Conchos, de Coahuila, operada por Industrial Minera México, filial de Grupo México, donde se registró una explosión por acumulación de gases el 19 de febrero de 2006.

En esa tragedia quedaron atrapados 65 trabajadores, de los cuales sólo 11 pudieron ser rescatados con vida, además de dos cuerpos que fueron recuperados; el gobierno canceló la búsqueda tras algunas gestiones de la empresa.

El tercer magnate es Alejandro Baillères, del grupo BAL, dueño de la minera Industrias Peñoles, cuyos ingresos anuales rondan los 121.8 mil mdp; también es propietario de Fresnillo PLC, con 64 mil mdp al año, y además cuenta con negocios relacionados como Tane, marca de joyería de plata; así como la cadena de tiendas El Palacio de Hierro y negocios financieros como GNP Seguros y Afore Profuturo.

La minera Peñoles tiene un largo expediente de siniestros en minas; el más reciente ocurrido el ocho de octubre de 2026, cuando se suscitó un derrame de tóxicos que contaminó al menos 13.58 kilómetros de cuerpos de agua en la Mina Sabinas, región de Sombrerete, Zacatecas.

En mayo de 2024 fallecieron dos trabajadores de Hornos Met-Mex Peñoles, mientras limpiaban los ductos. En 2025 y 2026 hubo incidentes con obreros gravemente lesionados y dos fallecidos en la mina La Ciénega, de Fresnillo PLC.

Protección política a las mineras 

La Colectiva Cambiémosla Ya describió que la nueva Ley Minera expedida el ocho de mayo de 2023 estableció, por primera vez, amplias medidas de protección sanitaria para las comunidades y preservación del medio ambiente, que fueron exigidas durante décadas por especialistas y organizaciones civiles.

Esta nueva legislación expedida en 2023 reformó la anterior Ley de 1992, que fue abiertamente elaborada para ofrecer beneficios a corporaciones para que invirtieran en la industria de las minas, formulada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con EE. UU. y Canadá en 1994.

Sin embargo, desde hace tres años, el gobierno mantiene suspendida la expedición del reglamento correspondiente a la Ley de 2023, indispensable para aplicar las nuevas medidas legales que establecerán mayores controles sobre las abusivas mineras, indicaron activistas.

De hecho, cuando el Congreso de la Unión expidió la nueva Ley Minera en 2023, fijó 180 días para que se elaborara el reglamento al Artículo 4° transitorio y se realizaran los ajustes correspondientes a otros ordenamientos relacionados, plazo que venció desde noviembre de 2023.

Entre las medidas suspendidas destacan las nuevas reglas para supervisar el uso del agua utilizada por las mineras, que generalmente contaminan con tóxicos, y para las que el líquido vital no representa un derecho humano, sino una materia prima para sus industrias.

También se halla suspendida la actualización de las “normas oficiales” (NOM): la prohibición de minería en Áreas Naturales Protegidas y el otorgamiento de permisos para operar minas donde haya poca agua; además de la obligación de consultar previa, informada y libremente a los pueblos indígenas sobre cualquier proyecto minero.

También se omiten las nuevas medidas ante daños causados a los ecosistemas; sistemas hidrológicos superficiales o subterráneos y, sobre todo, a la salud pública comunitaria.

Además de la expedición del reglamento para la nueva Ley Minera de 2023, están suspendidas las correspondientes actualizaciones de otras legislaciones, como la Ley de Aguas Nacionales (LAN), General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en materia de minería y agua.

Oscuros acuerdos con EE. UU.

En este marco, organizaciones especializadas están denunciando opacidad en los compromisos establecidos con EE. UU. para la exploración y explotación de minerales críticos y “tierras raras” en territorio nacional, conforme al plan anunciado el cuatro de febrero de 2026 en Washington.

El representante comercial de EE. UU. Jamieson Greer declaró ese día que su gobierno busca fortalecer las cadenas de suministro de minerales en Norteamérica para afrontar “las distorsiones” de los mercados internacionales, sin mencionar directamente el control mundial ejercido por China que perjudica a EE. UU.

En los 60 días fijados como plazo se establecería el tipo de minerales críticos existentes en el territorio nacional; dónde están y en qué cantidad; definir los requerimientos técnicos y de inversión, así como las medidas que faciliten su suministro a EE. UU.

Beatriz Olivera, de la Colectiva Cambiémosla Ya, reportó a buzos que “el argumento es la seguridad de EE. UU., en todos los sentidos; seguridad energética, física y ellos así lo estipulan: el abastecimiento de minerales es un pilar fundamental para su seguridad”.

En el anuncio del cuatro de febrero de 2026 –refirió‒ también se estableció que, posteriormente, se brindaría mayor información sobre los proyectos; “pero hasta ahora, no hay más datos de ese acuerdo con México sobre minerales críticos”, estimó Olivera

La agrupación Rema señaló que el sometimiento de México al proyecto estadounidense sobre extracción de metales y minerales “es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos… que, si se realiza, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio”.

Un trabajo mortal 

En el aspecto laboral de las minas, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) explicó a buzos que la mayoría de los trabajadores mineros son contratados por terceras personas sin inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque las corporaciones buscan evadir responsabilidades legales.

“Es una esclavitud del Siglo XXI: terceras personas rentan trabajadores a empresas mineras, cobran por ellos, y luego les dan algún dinero; los explotan; hay simulación; se aprovechan de la necesidad de la gente de tener un trabajo”, informó a buzos Eladio Abundiz Guadián, coordinador nacional del FAT.

En algunos casos, las mineras los contratan directamente, “pero no los dan de alta como trabajadores de la empresa, porque saben que es una actividad de alto riesgo; y existen posibilidades de que mueran por algún veneno químico, una explosión o en el derrumbe de una mina”.

“Aparte de tener acceso al agua a sus anchas, las mineras también tienen la mano de obra más dócil y barata… el trabajador carece de un seguro de vida; y cuando muere en un incidente de trabajo, sus familiares quedan en estado de indefensión; ésa es la realidad”, apuntó Abundiz.

De acuerdo con el “Informe Carbón Rojo”, de la organización Familia Pasta de Conchos, a diciembre de 2023 se habían registrado 310 siniestros en minas mexicanas; y en un informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el ocho de agosto de 2022, entre 2012 y ese año se habían registrado 270 mineros fallecidos en incidentes.

El 25 de marzo de 2026 se reportó un derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, donde quedaron atrapados 25 trabajadores a 300 metros de profundidad; de ellos, 23 fueron rescatados y dos fallecieron; el último cuerpo fue extraído el 30 de abril de 2026.

En octubre de 2025, dos obreros fallecieron en la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora, mientras en la mina Media Luna, localizada en Guerrero, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold, tres mineros murieron.

El 22 de octubre de 2026, la organización Rema denunció la intoxicación de 13.5 kilómetros de cauces en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, que alcanzó el río Súchil, ocasionado por un derrame en la minera Sabinas, propiedad de Industrias Peñoles, perteneciente al Grupo BAL.

La organización especializada consideró que todo esto “es una muestra de los riesgos de un modelo extractivo que concentra las ganancias en grandes corporaciones y traslada los costos ambientales y sociales a las comunidades”.