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editorial
Las mineras en México y las “zonas de sacrificio”
Las comunidades cercanas a una mina se convierten en “zonas de sacrificio”.


Para investigadores especializados en el tema de la industria minera y sus efectos en la población cercana, se sacrifica el derecho de los habitantes a vivir en un medio ambiente sano, es el sacrificio de un derecho humano fundamental; la violación de este derecho la cometen las corporaciones mineras y sus propietarios, magnates para quienes no importan los derechos humanos y la vida de los demás, sino los resultados económicos de sus empresas, sus intereses por encima de los derechos de una comunidad o de toda una región.

Las comunidades cercanas a una mina se convierten en “zonas de sacrificio”, ése es su futuro y no las engañosas promesas de empleo, servicios, mejores ingresos y “derrama de recursos” por parte de los señores capitalistas, que tienen por voceros a los gobernantes de un país.

Es el tema que trata nuestro Reporte Especial esta semana: el aumento del número de “zonas de sacrificio” como efecto del desarrollo de la industria minera; nos habla de las grandes empresas trasnacionales y de las nacionales, sus ganancias portentosas, la extracción de oro, plata y otros minerales de gran valor para enviarlos a Estados Unidos y a Europa, en una operación que por lo menos iguala el saqueo de tiempos de la Nueva España; describe los daños que las actividades extractivas ocasionan al ambiente y a las comunidades; y también de la protección política, de las leyes que impulsaron su desarrollo a fines del siglo pasado con el auge del neoliberalismo económico hasta que una nueva legislación, en 2023, hizo nacer la esperanza en muchos mexicanos que demandaban que el Estado mexicano limitara los excesos contra el medio ambiente, el saqueo de los recursos naturales, la explotación de los trabajadores y los abusos contra los pueblos originarios por el gran capital extranjero y nacional.

En el gobierno de AMLO pareció responderse a esta demanda con la expedición de una nueva Ley de Minas; los especialistas comentan a buzos los aspectos positivos de esta nueva ley de 2023, a tres años de aprobada, no se han convertido en realidad. Es evidente que los intereses afectados por ella han logrado frenarla.

No es la primera vez que una ley o una reforma constitucional es frenada por la falta de un reglamento, requisito indispensable para su aplicación. Aprobada en mayo de 2023, el Congreso fijó un plazo para que en el mismo año fuera elaborado su reglamento; pero hasta ahora el proceso estaba detenido. En octubre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la aplicación de la ley. Las empresas mineras están de fiesta, sus intereses están a salvo. En el “Segundo Piso” de la “Cuarta Transformación” se dio marcha atrás a un proceso iniciado en el “Primer Piso”, mientras los trabajadores y las comunidades continúan sacrificados y tendrán que esperar la llegada de una nueva reforma a la ley minera.


Escrito por Redacción


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