El colectivo ¡Aquí No! acusó que, tras 12 años de litigios contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), las autoridades federales han privilegiado a la empresa sobre los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental.
Nacional
Corte abre puerta a comunidades mayas para impugnar granjas porcinas en Yucatán
La SCJN reconoció el derecho de comunidades indígenas a cuestionar normas ambientales sobre megaproyectos porcícolas que impacten sus territorios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab para reclamar la Norma Técnica Ambiental que regula la instalación, operación y abandono de granjas porcinas en Yucatán.
Durante la sesión pública de este martes, el pleno de ministros debatió el amparo en revisión 451/2025 relacionado con dicha norma ambiental, en un caso que las comunidades promovieron al considerar que no fueron consultadas antes de su emisión, pese al impacto que estas actividades generan en sus territorios.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto y explicó que los habitantes mayas acudieron al juicio de amparo para denunciar la omisión de una consulta indígena previa, al señalar que las granjas porcícolas asentadas en la región han provocado afectaciones ambientales y sociales en sus comunidades.
La juzgadora sostuvo que el impacto diferenciado hacia los pueblos indígenas queda evidenciado en el propio contenido de la norma, cuyo objetivo es establecer criterios para la localización, diseño, construcción, mantenimiento y operación de granjas porcinas, así como medidas para prevenir daños ambientales derivados de esta actividad productiva.
“Los impactos derivados del incremento en el establecimiento de granjas porcinas en esa entidad durante los últimos años han sido materia de análisis en documentos y artículos publicados tanto en línea como en revistas académicas”, expuso la ministra.
Entre las referencias citadas mencionó el diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán publicado por la Semarnat en 2023, además de investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversos reportes periodísticos que documentan el rechazo de comunidades indígenas a la expansión de estos centros de producción.
La ministra consideró que la eventual autorización de nuevas granjas o la regulación de las ya existentes puede incidir directamente en la vida comunitaria, el territorio y el entorno ambiental de las poblaciones mayas involucradas.
El asunto fue aprobado por unanimidad de votos, aunque la ministra ponente, Sara Irene Herrerías Guerra, se comprometió a matizar el engrose de la resolución tras diversos votos concurrentes.
El proyecto se centró en el análisis del interés legítimo de las comunidades promoventes, a la luz de las reformas a la Ley de Amparo de 2025, aunque el caso tuvo origen desde 2023.
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Escrito por Redacción