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La apertura del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) como único acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá, infraestructura vinculada al proyecto del Tren Maya, está afectando la economía de más de 3 mil familias del poblado maya de Pisté, denunciaron artesanos, comerciantes y guías turísticos.
Desde el 1 de junio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno de Yucatán cerraron el parador turístico de Pisté, que durante casi 40 años funcionó como el principal acceso para los visitantes. A partir de esa fecha, el ingreso fue concentrado en el CATVI, decisión que habitantes de la comunidad aseguran se tomó sin consulta previa y que, afirman, ha perjudicado su actividad económica.
El Concejo de Gobierno Indígena de Pisté-Chichén Itzá sostiene que el cierre del antiguo parador dejó sin ingresos a artesanos, vendedoras de alimentos, ejidatarios que operaban estacionamientos, mototaxistas y guías turísticos. De acuerdo con la organización, el parador generaba una importante derrama económica para esta comunidad de aproximadamente 6 mil habitantes.
Los inconformes señalan que el CATVI obliga a los visitantes a recorrer aproximadamente un kilómetro, un trayecto de entre 30 y 40 minutos, para llegar a las pirámides. En contraste, desde el antiguo parador el recorrido era de unos 150 metros y tomaba alrededor de 10 minutos. Aseguran que esta situación ha provocado que algunas agencias de cruceros reduzcan o cancelen sus visitas a Chichén Itzá debido a los tiempos de traslado.
Como alternativa, el INAH ofreció espacios comerciales dentro del CATVI para reordenar la actividad económica. Sin embargo, de acuerdo con el Concejo de Gobierno Indígena, únicamente 22 de los 680 artesanos que laboraban dentro de la zona arqueológica y 60 de los 330 establecidos en el antiguo parador aceptaron la reubicación. La mayoría considera que las nuevas instalaciones no ofrecen las condiciones necesarias para desarrollar su actividad.
El pasado 26 de mayo, el Concejo de Gobierno Indígena de Pisté-Chichén Itzá promovió un juicio de amparo al argumentar falta de consulta previa a la comunidad maya, desplazamiento de trabajadores y concentración de la actividad turística en el CATVI. Además, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas prácticas dilatorias del Poder Judicial.
Los habitantes exigen que el CATVI y el antiguo parador turístico operen de manera simultánea, con el objetivo de recuperar los espacios tradicionales de trabajo y reactivar la economía local.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera