En Quintana Roo se genera cada vez más riqueza, pero la distribución permanece desigual.
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Reformas legales y juicios costosos: barreras que enfrentan comunidades para defender el medio ambiente en México
Las reformas a la Ley de Amparo, los peritajes costosos y la falta de abogados han convertido la defensa del territorio en un viacrucis para las comunidades indígenas y campesinas en México.
El juicio de amparo es el recurso legal que permite a los ciudadanos impugnar leyes, decisiones o actuaciones del Estado que violen sus derechos. En materia ambiental, también faculta a los jueces para dictar suspensiones y detener temporalmente una obra mientras se resuelve el caso; sin embargo, para las comunidades de escasos recursos, acceder a este mecanismo implica superar barreras económicas, geográficas y legales.
Un caso documentado ocurrió en 2020, cuando más de 15 campesinos de Campeche viajaron 354 kilómetros hasta Mérida para firmar los documentos de un amparo contra el Tren Maya. Este traslado les generó gastos de transporte, hospedaje y alimentación.
A estas dificultades se suma el costo de los peritajes técnicos, que pueden superar los 50 mil pesos, así como la insuficiencia de la defensa pública. En 2024 había 314 asesores jurídicos para todo el país y sólo 0.3 por ciento de ellos pertenecía a un pueblo indígena, según los datos expuestos por los especialistas.
Por otra parte, las reformas de 2024 y 2025 a la Ley de Amparo restringieron las suspensiones con efectos generales y endurecieron los requisitos para acreditar el interés legítimo. Esto obliga a las comunidades a demostrar una afectación individual y real, pese a que los daños ambientales son colectivos.
A las dificultades legales se suma la violencia contra quienes defienden el territorio. Entre 2024 y 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 35 asesinatos de defensores ambientales y 550 agresiones. Además, señaló al Estado como el principal agresor en ambos años.
Ante este panorama, abogados y activistas recomiendan diversificar las estrategias de defensa mediante la documentación de incumplimientos, el uso del Acuerdo de Escazú y el establecimiento de alianzas con científicos y organizaciones.
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Escrito por Victoria Cruz
Estudiante de Comunicación en la UNAM.