Mientras Cancún, Riviera Maya, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y los grandes corredores turísticos concentran hoteles, desarrollos inmobiliarios, inversión y millones de visitantes al año; tierra adentro se revela otro Quintana Roo: el de comunidades indígenas y campesinas que transitan por caminos deteriorados, servicio médico insuficiente, carecen de agua potable, vivienda y electricidad. Este hecho contrasta con el discurso del gobierno estatal, cuando afirma que ha sacado a miles de personas de la pobreza.

Desde hace más de una década, Ramón Tun Che, habitante de la comunidad maya de Trapich, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubicado en la parte central del estado de Quintana Roo, reclama la pavimentación de una vía de cinco kilómetros. Ninguna autoridad estatal ha atendido esta demanda. Hoy, junto a miles de vecinos, transita por el único camino que comunica Trapich con Cancepchen entre piedras y hoyos.

El estado es promocionado nacional e internacionalmente como una potencia turística mexicana, ya que sus riquezas naturales, arqueológicas y gastronómicas atraen a millones de turistas al año. El gobierno estatal ha reiterado que las comunidades indígenas también se benefician de estas visitas.

Incluso, durante su Cuarto Informe de Gobierno, el pasado seis de septiembre, Mara Lezama Espinoza aseguró que en lo que va de su administración, ha trabajado en una política de “prosperidad compartida”, razón por la que “más de 200 mil quintanarroenses han salido de la pobreza”.

Además, destacó que, durante 2025, el estado recibió más de 28 millones de visitantes, con una derrama económica superior a los 18 mil millones de dólares (mdd). Pero los pobladores de las zonas mayas aún se preguntan cuándo llegará esta riqueza a sus comunidades, que se quedaron fuera de los grandes corredores turísticos.

“El número de visitantes, las inversiones hoteleras y la derrama económica no bastan para demostrar que existe bienestar generalizado. La prosperidad debe medirse también en los salarios, el acceso a una vivienda, la calidad de los servicios públicos, las oportunidades educativas y las condiciones en que viven quienes sostienen diariamente la economía del estado”, señaló Jorge Enrique García Espinoza, político carrilloportense.

En estas circunstancias, en Quintana Roo se genera cada vez más riqueza, pero la distribución permanece desigual. Las comunidades más apartadas han quedado rezagadas, a pesar de la importancia del turismo para la economía estatal.

La riqueza que no llega a todos

No es un secreto que Quintana Roo es una potencia turística internacional. El Gobierno estatal reportó que en 2025 recibió a más de 28 millones de turistas y siete millones de cruceristas, además de registrar mil 64 mdd de inversión extranjera directa, según reportes de dependencias locales.

Los números muestran la capacidad del estado para atraer capital y generar actividad económica. Sin embargo, una cuestión resulta evidente: esa riqueza no se ha transformado en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades rurales e indígenas.

Tulum exhibe esta desigualdad. El municipio se convirtió en una joya turística internacional: hoteles de lujo, restaurantes, desarrollos inmobiliarios y una enorme actividad económica conviven con comunidades donde persisten las carencias.

El turismo genera riqueza para unos pocos en la entidad, mientras que los trabajadores locales reciben bajos salarios, no cuentan con seguridad social y en sus comunidades faltan servicios públicos.

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que Tulum presenta un índice de marginación “Bajo” y ocupa el lugar mil 700 en el país. Sin embargo, esa clasificación no refleja las condiciones específicas de sus comunidades rurales.

Ante los datos, refleja que los promedios municipales pueden ocultar desigualdades territoriales profundas. Un municipio puede aparecer favorablemente colocado en los indicadores generales, mientras comunidades se estancan por problemas de agua, vivienda, salud o infraestructura.

La Zona Maya: donde el rezago se vuelve cotidiano

En la Zona Maya, municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas mantienen una economía vinculada al campo, el comercio local, actividades informales y empleos de bajos ingresos.

Un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán realizada en la comunidad de Sabán, del municipio de José María Morelos encontró una marcada dependencia de las transferencias monetarias en las localidades más rurales y del salario en las más urbanizadas. La investigación planteó la necesidad de mejorar y rediseñar las políticas sociales dirigidas a las comunidades indígenas.

En palabras de los investigadores de la Universidad de Yucatán, cuando una comunidad depende de transferencias o empleos de baja remuneración, un apoyo puede aliviar temporalmente las necesidades de una familia, pero no modifica las condiciones generadas por la vulnerabilidad.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto es uno de los principales territorios de la cultura maya en Quintana Roo, con numerosas comunidades rurales y una población cuya relación con el campo, la artesanía, los recursos naturales y las actividades comunitarias resulta fundamental.

Pero también concentra elevados niveles de pobreza. Hasta antes de su desaparición, en 2025, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la Zona Maya de Quintana Roo reportaba 182 mil 702 personas en situación de pobreza; y de éstas, 54 mil 540 se encontraban en pobreza extrema. Felipe Carrillo Puerto registra 81.1 por ciento de su población en pobreza y José María Morelos 80.8 por ciento, mientras Bacalar alcanza 73.5 por ciento.

Durante más de 10 años, Ramón Tun Che, habitante de Trapich, ha encabezado gestiones para conseguir la pavimentación del camino que comunica con Cancepchen. “Entre piedras y hoyancos está el camino entre Trapich y Cancepchen, no hay por dónde pasar, el camino está en malas condiciones; y mientras, los que vivimos de la producción agrícola tenemos dificultades para trasladar nuestros productos hacia el mercado de la ciudad”, expresó en lengua maya.

El problema no se limita a los productores. La misma vía es utilizada por residentes y estudiantes de comunidades como San Felipe Berriozábal y Cancepchén. “Lo más urgente es el camino de acceso, ya que, sin una vía en buenas condiciones, enfrentaremos grandes dificultades para salir y entrar hasta nuestros hogares, y peor en esas temporadas de lluvias”, subrayó.

La carretera no es sólo una obra pública pendiente; es una pieza de la economía local. Sin un camino transitable, se encarece el traslado de las cosechas, se dificulta el acceso a servicios médicos, aumenta el costo del transporte y se complican los desplazamientos de estudiantes y trabajadores.

En 2026, habitantes y autoridades comunitarias de Felipe Carrillo Puerto denunciaron las condiciones de los caminos Chumpon-Tepich y X-Hazil Sur-Naranjal Poniente. Agripino Tun Che, presidente del comisariado de Francisco I. Madero, reveló que el tramo Chumpon-Tepich, de aproximadamente 64 kilómetros, presenta baches y maleza y comunica a numerosas comunidades. Teófilo Ku Dzib, presidente del comisariado de Tepich, recordó incluso accidentes mortales y reclamó atención para una vía que, según los pobladores, está deteriorándose.

“No se trata simplemente de una carretera en mal estado; para una comunidad rural, el camino pertenece al sistema económico donde se transportan las cosechas; por ahí llegan los maestros, viajan los enfermos, circulan los comerciantes, llegan los productos y se desplazan nuestros hijos que van a la cabecera municipal a estudiar”, sostuvo Agripino Tun Che.

La exigencia de Agripino resume una de las principales contradicciones del desarrollo estatal. En los corredores turísticos, la infraestructura es indispensable para conectar hoteles, aeropuertos, restaurantes, desarrollos inmobiliarios y servicios. En las comunidades rurales, una carretera puede determinar si una cosecha llega al mercado, si un enfermo puede llegar a un hospital o si un estudiante puede continuar sus estudios.

El gobierno estatal presume proyectos como Caminos Ancestrales y ha anunciado su ampliación. Sin embargo, los reclamos de las comunidades muestran que persisten necesidades básicas. La propia estrategia de audiencias públicas “La Voz del Pueblo”, uno de los mecanismos centrales del discurso del gobierno estatal de Mara Lezama para estar más cerca de la gente, enfrenta una prueba concreta: si los habitantes plantean sus necesidades directamente a las autoridades y las soluciones no llegan, por lo que las demandas y solicitudes únicamente son palabras al viento.

“No todo es turismo”, reprochan habitantes al gobierno

La administración de Mara Lezama no implementa esfuerzos significativos por disminuir las desigualdades. En agosto de 2026, Noticaribe recogió en la Zona Maya opiniones de habitantes que reconocieron algunos avances, aunque señalaron que las comunidades pequeñas todavía enfrentan dificultades, particularmente en hospitales y servicios de emergencia.

Entrevistado por buzos, Celestino May Martín fue más crítico y cuestionó las condiciones de las calles y la insuficiencia de apoyos para vivienda. Javier Pat, comisario de La Pimienta, comunidad en el municipio de José María Morelos, hizo una valoración favorable e informó que su comunidad había recibido ayudas, aunque también reclamó atención para el campo.

Aunque algunas comunidades reconocen que se han realizado obras y han recibido apoyos, otras consideran que las acciones gubernamentales resultan insuficientes frente a la magnitud del rezago.

En Lázaro Cárdenas, la contradicción entre el modelo turístico y la economía campesina aparece de manera todavía más directa. Habitantes de comunidades rurales señalaron, en 2026, que existen pendientes en caminos, centros de salud, alumbrado y proyectos productivos. Raymundo Canul Chan cuestionó que determinadas obras se concentren en zonas turísticas como Kantunilkín, Chiquilá y Holbox, mientras comunidades como El Ideal, Nuevo X-Can, Tintal e Ignacio Zaragoza continúan olvidadas por el gobierno debido a que no son zonas turísticas.

Salvador Vargas Rosas cuestionó la ausencia de sistemas de riego y proyectos productivos, mientras Daniel Eduardo Cauich pidió servicios médicos permanentes y una estación de bomberos. “No todo es turismo; nuestro municipio es campesino también, y hoy el campo produce lástima”, declaró Vargas Rosas.

Esta queja expone el problema de inversión y distribución de los recursos estatales, pues los municipios rurales necesitan una estrategia económica propia, más allá del turismo. La actividad turística genera empleos y derrama económica, pero no sustituye la inversión productiva en agricultura, infraestructura de riego, caminos rurales, comercialización, salud y servicios básicos.

Un ejemplo de ello es el municipio de José María Morelos. El campo conforma una parte fundamental de la economía y de la identidad del municipio, pero los agricultores enfrentan dificultades para producir, comercializar sus productos, acceder a infraestructura y mantener una actividad rentable, por lo que su condición de pobreza realmente no se modifica a pesar de poseer una parcela de tierra para trabajar.

María Benita Pat Cobá, de Tihosuco, describió las dificultades para sostener su producción agrícola por la falta de apoyos al campo, por lo que debió cambiar el giro y buscar empleos eventuales. El ingreso es un poco más seguro, pero tampoco alcanza para mantener a su familia.

Su testimonio retrata a familias que combinan actividades como la albañilería y el lavado de ropa ajena para conseguir ingresos, mientras algunas personas abandonan sus parcelas porque la producción ya no les permite sostenerse.

La pobreza, en consecuencia, no puede medirse solamente por el ingreso. También está en la posibilidad de estudiar, acceder a un hospital, tener una vivienda digna y contar con servicios públicos suficientes.

Cuando la falta de servicios también cuesta dinero

Mario Chan, subdelegado de Nohkankab, comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto explicó que su comunidad y otras localidades rurales han enfrentado carencias de agua, electricidad y caminos adecuados durante décadas.

La población debe trasladarse hasta Felipe Carrillo Puerto para recibir atención hospitalaria, mientras el deterioro de las vías incrementa los gastos de transporte y dificulta comercializar productos como hortalizas y miel.

“Cuando una comunidad carece de servicios esenciales, las familias pagan un costo adicional en dinero, tiempo y oportunidades perdidas. La falta de infraestructura también afecta directamente la economía campesina”, sentenció.

Es una dimensión poco visible de la desigualdad. Una familia que debe recorrer más kilómetros para acudir al médico, paga transporte. Un productor que tarda más en vender su cosecha, enfrenta mayores costos. Un estudiante que necesita trasladarse diariamente disminuye las posibilidades de continuar sus estudios.

La carencia de infraestructura reproduce la desigualdad porque encarece la vida para quienes tienen menos recursos. Para una familia con ingresos insuficientes, una transferencia puede representar alimentos, medicamentos, transporte o la posibilidad de que un hijo continúe estudiando.

El problema aparece cuando el apoyo económico se convierte en sustituto de una política productiva. La investigación de la UADY sobre la Zona Maya ya había identificado esta dependencia de transferencias monetarias como una característica de determinados hogares rurales.

Lorenzo Canul Tuz, líder social en Felipe Carrillo Puerto, propuso fortalecer el campo, impulsar una agricultura rentable y competitiva, facilitar el financiamiento, modernizar la infraestructura de riego, incorporar tecnología y fortalecer las cadenas de comercialización.

“Los apoyos sociales pueden contribuir al bienestar de las familias, pero también es indispensable crear condiciones para que puedan vivir de su trabajo, producir, emprender y prosperar. El reto es construir un campo mexicano productivo, rentable y sustentable, capaz de convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico y bienestar para el país”, exhortó.

Sobre todo porque datos citados por la Secretaría del Bienestar evidencian que en la Zona Maya existen 46 mil 701 personas con rezago educativo; 46 mil 350 sin acceso a servicios de salud; 200 mil 321 no reciben seguridad social; 58 mil 965 carecen de condiciones adecuadas en los espacios de vivienda; 170 mil 761 no acceden a servicios básicos en la vivienda, y 71 mil 798 no tienen acceso a alimentación nutritiva y de calidad.

Frente a ese escenario, no hay duda de que el turismo genera enormes cantidades de actividad económica y atrae inversión. Pero no se resuelve la manera de convertir esa riqueza en infraestructura, servicios y oportunidades para quienes viven lejos de los hoteles y los grandes desarrollos turísticos.

Lorenzo Canul Tuz afirma que Quintana Roo necesita transformarse, “requiere un cambio, erradicar la pobreza y la desigualdad. El pueblo organizado es quien lo puede hacer; mediante la unidad, porque tienen derecho a una vida digna, se puede hacer porque es un estado rico”.

Mientras para unos, Quintana Roo se mide en millones de visitantes, inversiones y derrama turística, para otros todavía se mide en algo mucho más básico: si el camino permite salir de la comunidad o el médico puede llegar, la cosecha puede venderse y una familia puede vivir dignamente de su trabajo.

El camino de Trapich a Cancepchen permanece, en ese sentido, como algo más que una carretera pendiente; es la imagen de los dos Quintana Roo: el que recibe millones de visitantes y concentra inversiones; y el que todavía espera que una parte de esa riqueza llegue hasta sus comunidades.