La tragedia tiene dos momentos: el despojo y el abandono.
editorial
Derechos de los pueblos originarios en la congeladora
La iniciativa de ley para modificar el Artículo 2º constitucional, dicen los denunciantes, contiene cientos de artículos que harán retroceder sus derechos.
Al anunciarse el envío de la iniciativa presidencial Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, se desató una ola de inconformidades, protestas y denuncias provenientes de esos pueblos a través de sus organizaciones representativas, asociaciones civiles, dirigentes y especialistas en el tema, que rechazaron el contenido y los propósitos no confesados pero que, según algunos, se notan claramente en dicha iniciativa.
En realidad, ese documento es la ley reglamentaria de la reforma constitucional expedida en 2024 a fines del sexenio de AMLO y que no puede ser aplicada sin la aprobación de esta iniciativa y ya lleva un retardo de dos años.
El Reporte Especial de buzos de la noticia recoge los argumentos de las organizaciones que explican su rechazo a la Ley General y hace mención de puntos favorables a los pueblos indígenas en la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos originarios personalidad jurídica y les otorga derechos con los que hasta entonces no contaban, como el de demandar y defenderse colectivamente ante los tribunales.
La iniciativa de ley para modificar el Artículo 2º constitucional, dicen los denunciantes, contiene cientos de artículos que harán retroceder sus derechos, reconocidos en 2024.
Al repasar los puntos de aquella reforma que resultaban favorables para las comunidades y los pueblos originarios, no hace falta mucha suspicacia para comprender el retraso de la ley reglamentaria, así como el descontento de los pueblos indígenas y sus organizaciones, que sospechan la intención de hacer retroceder sus derechos, que en 2024 quedaron plasmados en la Constitución, pero que hasta la fecha no se han hecho realidad.
Los dirigentes y especialistas añaden que el retardo en la aplicación de la reforma y el envío de esta iniciativa de ley parecen indicar la influencia del poder económico, de los intereses de las empresas nacionales y trasnacionales que han explotado los recursos naturales de los territorios habitados por los pueblos originarios. Esta conclusión la extraen de la experiencia de años de estos pueblos y de los daños más recientes, por ejemplo los causados por el fracking, que contamina las aguas indispensables para sus cultivos y su consumo doméstico.
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Escrito por Redacción