Para la mayoría de la población, la crisis del llamado “costo de la vida” suele manifestarse de diversas formas: un carrito del “súper” a medias, angustia por reunir el dinero para pagar la renta del mes siguiente, vaciar los ahorros ante eventualidades como problemas de salud, entre otras. En tiempos normales, “que todo esté muy caro” aparece como un problema principalmente individual, porque, aunque sé que no soy la única persona que lo padece, observo que otras personas no lo sufren o, al menos, no lo sufren en el mismo grado. Por lo tanto, la reacción de las personas suele darse exclusivamente a ese mismo nivel: ¿qué otra cosa puedo hacer yo para tratar de salir de esta situación? Buscar un nuevo empleo, trabajar más horas o reducir los gastos no esenciales son las opciones más evidentes y, en la práctica, la mayoría de la población no tiene otra alternativa que recurrir a ellas.

Pero las cosas cambian cuando el costo de la vida aumenta abruptamente. Si cuando voy a cargar el tanque de gasolina de mi carro me doy cuenta de que para llenarlo necesito gastar 150 pesos más que el mes anterior, las nuevas circunstancias me indican claramente lo que ya era cierto incluso en el caso anterior, pero que era más difícil de reconocer: que tal situación no es mi culpa; que existen fuerzas independientes de mí –que desafortunadamente desconoce la mayoría de la población– que provocan que el día de hoy yo sea más pobre. En otras palabras, los aumentos abruptos en el costo de la vida, en contraste con su incremento gradual a lo largo del tiempo, terminan provocando, casi en todos los lugares, una reacción política por parte de amplios sectores de la población afectada. Hoy vivimos uno de esos episodios, que destaca por su intensidad y alcance.

Protestas masivas y efervescencia en Europa occidental y el voto de castigo histórico contra el Partido Republicano en Estados Unidos son la muestra de que décadas de deterioro en el nivel de vida de la población trabajadora la han hecho mucho menos tolerante a cambios súbitos en su costo de vida. O, puesto de manera más plástica, cuatro décadas de neoliberalismo, de arremetida directa contra la clase trabajadora y las condiciones que determinan su nivel de vida, son el chorro que llenó el vaso; los recientes aumentos súbitos en el costo de la vida, las gotas que lo derramaron. Por esa situación crítica, que finalmente ha alcanzado incluso a la clase trabajadora de los países ricos, el costo de vida y la asequibilidad han pasado al centro de la agenda política electoral en gran parte del mundo.

Pero, de igual modo, tampoco es sorprendente que esos mismos políticos y partidos del establishment aborden la cuestión con enorme superficialidad y que, muy probablemente, sean incapaces o simplemente carezcan de la voluntad para intentar hacer realidad sus promesas de campaña. Porque para eso hay que preguntarse cuáles son las causas del aumento del costo de la vida, tanto las estructurales o de largo plazo como las coyunturales.

Con respecto a esto último, la respuesta es más o menos clara: los recientes episodios inflacionarios, que elevaron sustancialmente el costo de la vida en gran parte del mundo, se deben principalmente a aumentos súbitos en los precios de ciertos bienes esenciales, siendo el petróleo y sus derivados el caso más claro e importante. En su libro, Antifascist Economics (Economía antifascista), la economista Isabella Weber lo explica claramente:

“Una mala cosecha de duraznos tiene consecuencias mucho menores que una de trigo, por ejemplo, porque el trigo es un alimento básico y una de las principales fuentes de calorías para muchas personas. Cuando los choques afectan a insumos esenciales como los combustibles (…) sus efectos se propagan por toda la red de producción y alcanzan amplios ámbitos de la actividad económica. Los choques que afectan a los bienes esenciales agravan la crisis del costo de la vida, que ya ha dejado a demasiadas personas temiendo por su propia subsistencia”.

Además, cuando los aumentos de costos afectan simultáneamente a un sector, pueden facilitar que las empresas eleven sus precios sin perder de inmediato terreno frente a sus competidores. Así, el encarecimiento de los insumos puede servir también para justificar aumentos que amplían sus márgenes de ganancia. El resultado es claro: mayor pobreza y dificultades para la mayoría de la población trabajadora y ganancias extraordinarias para un puñado de ultrarricos. La población se da cuenta de ello y reacciona, en mayor o menor grado, ante lo que entiende como una clara injusticia.

Teóricamente, de este análisis se desprende que, para evitar o contener los aumentos súbitos del costo de la vida, es necesario controlar y estabilizar los precios de los bienes esenciales. El problema es que las medidas para hacerlo operan frontalmente contra los intereses de los grandes capitales que se benefician de estas disrupciones y constituyen una intervención directa en el funcionamiento del mercado capitalista, lo que enciende las alarmas de los poderosos.

Básicamente, el Estado debe, en primer lugar, impedir que los precios de los bienes esenciales fluctúen violentamente. Esto se puede lograr, por ejemplo, creando reservas estratégicas (de petróleo, grano, etc.) que se liberen cuando los precios suban mucho y se reabastezcan cuando los precios sean muy bajos. Pero si el aumento de los costos ya se dio, el Estado debe imponer controles sobre el precio máximo que las empresas pueden cobrar, evitando así que se embolsen ganancias extraordinarias a costa de la mayoría de la población. Estas y otras medidas que pueden contener efectivamente los aumentos en el costo de vida pueden implementarse con mayor eficacia si existen grandes empresas estatales que controlen segmentos críticos de las cadenas productivas. Esto les permite asumir pérdidas temporales con el objetivo de mantener bajos los precios de la mercancía que ofrecen.

Por ejemplo, en junio de 2022 la gasolina era casi un 60 por ciento más cara que un año antes en Estados Unidos, frente a alrededor del siete por ciento en México. Contar con Pemex, una empresa estatal, permitió sostener subsidios significativos a combustibles y amortiguar así el choque internacional. Este mecanismo, que ya existía en gobiernos anteriores, muestra la importancia de contar con instrumentos estatales sólidos para estabilizar los precios de los bienes esenciales.

La lucha por la asequibilidad puede y debe ser, por lo tanto, una bandera del movimiento revolucionario y una forma de aglutinar a la clase trabajadora; pero exige una posición independiente y más profunda que la de la política convencional: explicar las causas estructurales de la crisis en el costo de vida, desde el debilitamiento de los salarios hasta la subordinación de la vivienda y los servicios básicos a la ganancia privada. También es importante explicar que estos choques a los precios no vienen de fuera: en la medida en que son resultado de guerras imperialistas, cambio climático y conflictos geopolíticos, son también intrínsecos a la lógica del capital.

Las medidas descritas anteriormente prefiguran, además, un objetivo socialista: administrar colectivamente nuestros recursos conforme a las metas que decidamos como sociedad, para garantizar una vida digna. Profundizarlas exige disputar quién controla la producción y para qué, y superar una lógica que beneficia a una minoría poderosa.

Esto requiere organización e independencia frente a los gobiernos en turno: denunciar sus traiciones al programa de asequibilidad y luchar por su implementación y profundización. Convertir, en otras palabras, el malestar compartido en una fuerza capaz de llegar a la raíz de sus causas.