Sobre el escritorio de la gobernadora Rocío Nahle se encuentra la decisión de reactivar una parte de la industria cañera en Veracruz luego de que, durante la primera semana de septiembre interviniera para evitar el cierre definitivo del Ingenio San Pedro, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, que hasta la fecha se mantiene cerrado. Sin embargo, desde hace algunos años, en Veracruz y otras entidades, se ha desmantelado la industria cañera en detrimento de miles de trabajadores y productores de caña.

La industria cañera resulta fundamental para el desarrollo de Veracruz. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en cada zafra –periodo anual en que se recolecta y procesa la caña–, la entidad aporta entre 35 y 40 por ciento de la producción nacional por año.

La superficie sembrada y cosechada en el estado alcanza las 300 mil hectáreas anuales en las últimas dos décadas, con rendimientos promedios de 65 a 75 toneladas por hectárea; es decir, una producción cercana a los 20 millones de toneladas y aproximadamente 70 mil productores.

Esta actividad está presente en 99 municipios veracruzanos, entre ellos Carlos A. Carrillo, La Antigua, Tres Valles, Úrsulo Galván, Pánuco, El Higo, Cuitláhuac, Cuichapa, Córdoba, Paso del Macho, Tezonapa, Omealca, Yanga y Lerdo, por mencionar algunos sitios.

Sin embargo, por omisión o negligencia, los ingenios han desaparecido paulatinamente o se han convertido en chatarra; en Jilotepec, por ejemplo, el Ingenio La Concha, que activó la región, se convirtió en un amasijo de fierros viejos y oxidados; lo mismo sucedió al Ingenio La Libertad, en Misantla, o El Independencia, en Martínez de la Torre. Los principales afectados son los obreros, los cañeros y transportistas.

El Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC) alertó de la imposibilidad de competir con el jarabe de alta fructosa norteamericano y la entrada de azúcar al país. Rafael Lindo Chaga, representante de la agrupación, denunció que la internación irregular de azúcar impacta directamente en las liquidaciones finales de las uniones de cañeros veracruzanos.

En ese sentido, precisó que las factorías de la entidad operan bajo costos energéticos e insumos sumamente elevados en relación con el extranjero, lo que reduce los márgenes de ganancia corporativa y asfixia las cadenas de suministro.

El dirigente cañero recriminó el abandono de las autoridades federales y demandó el diseño de un plan de rescate urgente para impedir que siete mil productores de Los Tuxtlas pierdan sus fuentes de empleo y se profundice la crisis social heredada tras el cierre del Ingenio San Francisco desde hace más de una década.

Hay también industria derivada de la caña que hoy está sufriendo los estragos; por ejemplo, el sector de las bebidas artesanales en la localidad de Mahuixtlán, perteneciente al municipio de Coatepec, enfrenta una de sus etapas más críticas del año debido a que los temporales de lluvia merman las ventas y la destilación de aguardiente de caña.

Los expendedores de este producto típico destacaron que el flujo está cayendo de manera alarmante y afecta la cadena de pagos internos, obligando a los establecimientos familiares a recortar turnos laborales ante la falta de compradores; por lo que insistieron en que el respaldo del turismo regional para los fines de semana venideros resulta vital para amortiguar el golpe financiero resentido durante las últimas semanas.

Ingenios extintos

A finales de agosto, el gobierno de Veracruz se opuso al cierre definitivo del Ingenio San Pedro, situado en Lerdo de Tejada, porque repercutirá en la perdida de empleos en la región. Rocío Nahle solicitó la intervención del Gobierno Federal para mantenerlo abierto; sin embargo, hasta la fecha, este ingenio se mantiene cerrado y los trabajadores esperan una respuesta institucional.

En el Ingenio San Pedro trabajaban 500 empleados de base y eventuales; además de otras mil personas vinculadas a él. Cada periodo de zafra se procesa entre un millón y 1.2 millones de toneladas de caña provenientes de los plantíos de la región.

Estos problemas llegaron hasta la conferencia matutina de la Presidenta el 10 de septiembre; en aquella ocasión, la mandataria declaró que, tras la intervención de la gobernadora, se logró que se entregara su liquidación a los trabajadores y que el Ingenio continuara. Pero ha transcurrido un mes, la fábrica permanece cerrada y se desconoce si los trabajadores ya recibieron su finiquito.

El cierre de ingenios en la entidad viene de años atrás. El 16 de diciembre de 2015, el Sistema de Administración de Enajenación de Bienes (SAE), subastó los cinco ingenios pertenecientes al Gobierno Federal, al quedar sin efecto la suspensión otorgada previamente por un juez, amparo promovido contra la venta por el Grupo Caze debido a que la parte quejosa no exhibió la garantía antes fijada por mil 207 millones de pesos (mdp) en el plazo correspondiente.

De estos cinco ingenios, cuatro estaban en Veracruz: El Potrero y el San Miguelito, ambos en Córdoba, La Providencia en Omealca y El Modelo, en el municipio de La Antigua.

El Potrero, con un valor de mil 545 mdp, era operado bajo razones sociales como Compañía Nacional Refinadora de azúcar hasta 1909, periodo en que fue dirigido por su propietario hasta 1975, Erich Koenig, creador de las actuales instalaciones industriales, quien realizó la ampliación a dos tándem –molinos de rodillos– de molienda y la remodelación total de la factoría en 1963, con tiempo récord; además, llevó esta empresa al primer plano de la industria azucarera nacional y la difundió en el ámbito internacional.

El Ingenio ha refinado no sólo el azúcar proveniente de sus cañaverales, sino también la de otros ingenios; de tal manera que el periodo productivo ha cubierto hasta 11 meses al año. El San Miguelito se fundó en 1954 y operó más de lo normal para una empresa en México, y 50 años menos que lo típico para fabricantes de azúcar de caña en crudo. Tiene cuatro sucursales y cerca de 450 empleados, lo que lo hace 55 veces más grande que el promedio y una de las empresas más fuertes de la zona. Su precio de venta fue de mil 140 mdp.

El otro Ingenio fue La Providencia, también en la zona centro, una factoría con más de 100 años de experiencia que fue vendida por 470 mdp. En tanto, El Modelo fue subastado en 765 mdp. Este Ingenio nació en 1890 con el nombre de “Gallo Verde” y el propietario fue Gregorio Marure, quien años después lo heredó a sus sobrinos, quienes cambiaron el nombre por el actual. Cabe recordar que el tres de septiembre de 2001, el Gobierno Federal expropió 27 ingenios.

Otro caso es el del Ingenio La Gloria, del Grupo Azucarero del Trópico, que nació de un solo trapiche en Úrsulo Galván; producía piloncillo y aguardiente en 1917. Dos años después se efectuaron las adecuaciones necesarias para producir azúcar y alcohol por primera vez, con una capacidad diaria de molienda de 60 toneladas, con lo que se logró, en 1940, una molienda diaria de mil 200 toneladas de caña.

En 1947 se formó la sociedad denominada Ingenio La Gloria S.A. y en 1950 se instaló un tándem de cuatro molinos para obtener una molienda de dos mil 400 toneladas de caña en 24 horas. El seis de octubre de 1980, la iniciativa privada lo entregó al Gobierno Federal y fue integrada a la Comisión Nacional de la Industria Azucarera.

En noviembre de 1988, el Ingenio fue desincorporado del sector oficial cuando fue adquirido por Promotora Industrial Azucarera SA de CV, siendo administrado por Servicios Azucareros Integrales SA de CV. Finalmente, en agosto de 1993 pasó a manos de Grupo Azucarero del Trópico.

En 2020, la factoría fue rehén de un grupo parista que mantenía un bloqueo ilegal , resultando afectadas las familias que económicamente dependen de éste. El líder sindical, Ricardo Uribe, les impedía el acceso a su fuente de trabajo; los empleados reportaron que Uribe los amenazaba con imponerles sanciones administrativas y acusarlos ante la Comisión de Honor y Justicia por oponerse a su bloqueo. Eso generó que no cobraran sus salarios durante varias semanas.

Ahora, el Ingenio San Pedro

El caso más reciente se presentó el pasado cinco de agosto cuando, mediante un comunicado emitido por el Grupo Azucarero San Pedro, la compañía argumentó que la continuidad de la fábrica resultó económicamente inviable debido a las dinámicas del mercado y las condiciones financieras del sector.

Aunque la directiva empresarial aseguró que garantizará el pago integral de las liquidaciones laborales, los adeudos a proveedores y las liquidaciones a los cañeros conforme al acta de fin de zafra, el anuncio generó incertidumbre generalizada en la cuenca del Papaloapan y Los Tuxtlas.

El presidente nacional del FOSEC, Rafael Lindo Chagas, solicitó la intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García y del Gobierno Federal para rescatar la factoría azucarera o establecer mecanismos de contingencia que protejan a los sectores productivos, pues el cese de actividades impactaría directamente a más de siete mil productores que cultivan un promedio de 48 mil hectáreas de caña en los ejidos de Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla.

La afectación indirecta alcanzaría de entre 23 mil a 30 mil habitantes de la zona, incluidos obreros de la planta, cortadores, transportistas, choferes de maquinaria pesada, mecánicos y comerciantes cuya economía concierne a la actividad agroindustrial.

El dirigente campesino alertó que la región aún resiente las secuelas económicas provocadas por la clausura y posterior desmantelamiento del Ingenio San Francisco en Lerdo de Tejada; y que trasladar la materia prima hacia otras factorías en activo, como La Gloria o El Modelo, incrementaría sustancialmente los costos de flete y molienda para los agricultores que ya invirtieron recursos de cara a la zafra 2026-2027.

Después de semanas de negociaciones, la gobernadora Rocío Nahle García anunció que el Ingenio San Pedro operará ahora como un organismo público descentralizado, con lo que se busca garantizar la continuidad de esta importante actividad productiva en la región del Papaloapan. Explicó que el azúcar que produzca el ingenio será destinada exclusivamente al consumo nacional para fortalecer el abasto interno y mantener en funcionamiento la planta azucarera.

Nahle García destacó que la decisión busca, principalmente, evitar un impacto económico y social en la región del Papaloapan, donde el ingenio representa una fuente importante de empleo y actividad para trabajadores, productores cañeros y sus familias; y estableció que con este esquema se activa el Ingenio San Pedro y se preserva su función en la economía regional, particularmente en beneficio de las comunidades vinculadas a este sector cañero.

Por su parte, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, ejemplificó que un cañero puede entregar más toneladas; pero aumentaron los costos del fertilizante, el diésel, el corte y el transporte, y al final el precio que recibe no alcanza. Produjo más, pero ganó menos. A pesar de que, en la reciente zafra, México generó más de 5.3 millones de toneladas de azúcar –reportó–, los productores todavía enfrentan serios problemas de rentabilidad.

“Cuando una actividad de la que dependen tantas familias ya no es rentable, el problema no se queda en el campo. Detrás de la caña está el productor; pero también el cortador, el transportista, el obrero del ingenio, el proveedor y el comercio local. Cuando cierra un ingenio, no sólo se apaga una fábrica, se paraliza también la economía de toda una región”, lamentó.

La legisladora veracruzana consideró indispensable modernizar no sólo el campo, sino también la infraestructura, la tecnología y la eficiencia de los ingenios. Se requiere, prosiguió, un campo productivo y una industria altamente competitiva.

Debido a lo anterior, Elena Córdova planteó exhortar a la Sader, al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) y Sedarpa a realizar un diagnóstico integral de la situación productiva, industrial y económica de la agroindustria cañera en Veracruz para identificar a tiempo cualquier ingenio o región en riesgo.

También resulta fundamental atacar las causas centrales, para lo que es necesario revisar y fortalecer las estrategias de comercialización, el pago oportuno a productores, el acceso a financiamiento, la productividad, la tecnificación, la modernización de los ingenios y las condiciones de competencia frente a las importaciones. Adicionalmente, propuso la instalación de una mesa de trabajo entre autoridades, productores, trabajadores, industriales y especialistas.

Las acciones gubernamentales

Apenas en noviembre del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que estableció el nuevo arancel del 156 por ciento para la importación de azúcar a México y, en un caso específico de 210.44 por ciento aplicable al azúcar cruda, refinada, líquida, invertida, con aromatizantes o colorantes, así como a jarabes con azúcar y productos con niveles altos de azúcar.

El ajuste se aplicó –explicaron– para proteger la agroindustria nacional de la caña ante la caída de precios internacionales, corregir distorsiones del mercado y frenar afectaciones por sobreoferta interna y cumplió, además, con las obligaciones de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con lo que se busca frenar el ingreso de azúcar proveniente principalmente de Sudamérica y proteger así a la industria nacional.

En mayo de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suscribió los Convenios de Aseguramiento y Pago de Cuotas con las Uniones Nacionales de Cañeros para garantizar la continuidad del régimen de aseguramiento para los productores de caña de azúcar y de los trabajadores eventuales del campo para el ciclo agrícola 2025-2026. Los acuerdos fueron firmados por el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, AC de la Confederación Nacional de Productores de Caña de Azúcar, AC, Carlos Blackaller Ayala; así como el presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, AC, Javier Sánchez Chávez.

El IMSS reportó que, hasta el mes de febrero de 2025, se incorporaron a la seguridad social del Instituto más de 41 mil trabajadores eventuales del campo cañero del país, y se aseguraron a casi 70 mil productores de caña de azúcar.

Rezago, abandono y olvido de la industria cañera

El doctor Rafael Vela Martínez, académico de la Universidad Veracruzana (UV), advirtió que la crisis de la agroindustria azucarera veracruzana no puede entenderse únicamente a partir de los problemas financieros de algunos ingenios, la caída del precio del azúcar o las denuncias sobre el ingreso irregular de producto procedente de Centroamérica.

Su origen –agregó– es mucho más profundo: responde a décadas de dependencia del monocultivo, subordinación de los productores a las factorías, intermediación gremial, rezago tecnológico y ausencia de una política efectiva de diversificación productiva. Para el economista, la solución no radica en conservar artificialmente todos los ingenios ni en regresar a las antiguas estructuras corporativas, sino en transformar integralmente los territorios cañeros.

Esto implica proteger a las familias que dependen de la actividad, pero también elevar la productividad, transparentar la determinación del KARBE (kilogramos de azúcar recuperable base estándar) y las liquidaciones, dignificar las condiciones de cortadores y jornaleros, aprovechar industrialmente los subproductos de la caña y generar alternativas económicas para las zonas donde una factoría ya no sea técnica o financieramente viable.

“La democratización de las organizaciones cañeras debe acompañarse de laboratorios independientes, trazabilidad digital desde la parcela hasta la molienda, certificación de básculas y mecanismos de auditoría accesibles para cada abastecedor. Los productores deben conocer claramente cuánto entregaron, cuál fue la calidad de su caña, qué deducciones se realizaron y cómo se calculó el monto final de su liquidación”.

Asimismo, subrayó que los datos disponibles para su análisis mostraron que, entre 2022 y 2025, la superficie sembrada de caña en Veracruz aumentó de 297 mil 714 a 314 mil 170 hectáreas, lo que representa un crecimiento de 5.53 por ciento. Durante el mismo periodo, la producción pasó de 20.75 a 21.92 millones de toneladas, un incremento de 5.65 por ciento. Inicialmente, estas cifras podrían interpretarse como una señal positiva. Sin embargo, el rendimiento implícito permaneció prácticamente estancado: pasó de aproximadamente 69.70 a 69.77 toneladas por hectárea. En otras palabras, el aumento de la producción provino principalmente de la ampliación de la superficie sembrada y no porque se haya elevado sustantivamente la productividad.