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Reportaje
Tijuana la ciudad de la desigualdad y la pobreza
La desigualdad tijuanense es resultado del rápido crecimiento urbano, una distribución desigual de los beneficios económicos, dificultades para garantizar servicios públicos y la demanda social que crece con la población, según estudios académicos


Los habitantes de Tijuana, Baja California, conviven en un contraste: una ciudad fronteriza donde fueron instaladas diversas maquiladoras y grandes parques industriales pero, al mismo tiempo, en decenas de colonias prevalece la pobreza, desigualdad y el abandono gubernamental.

En el estado de Baja California, la ciudad de Tijuana comparte frontera con San Diego, California, Estados Unidos (EE. UU.), aquí se encuentra una de las garitas más importantes del mundo, tal vez la más transitada, La Garita Internacional de San Ysidro, que registra cerca de 300 mil personas y más de cien mil vehículos al día. Sin embargo, la dinámica comercial no beneficia a todos.

El municipio se extiende sobre un territorio de aproximadamente mil 239 kilómetros cuadrados y su geografía presenta lomeríos, cañones, arroyos y pendientes pronunciadas que condicionan la expansión urbana. Estas características, combinadas con el crecimiento de los asentamientos, encarecen la construcción de calles, redes de agua potable, drenaje y otras obras de infraestructura, que los distintos gobiernos han decidido postergar.

Su división territorial y administrativa comprende las delegaciones municipales de Centro, Otay Centenario, La Mesa, San Antonio de los Buenos, Playas de Tijuana, Sánchez Taboada, La Presa Este, La Presa Abelardo L. Rodríguez y Cerro Colorado.

Pero la división administrativa no siempre coincide con las diferencias sociales. Mientras algunas zonas cuentan con vialidades amplias, comercios, hospitales y servicios consolidados; en otras, los habitantes deben recorrer largas distancias para llegar al trabajo, la escuela o un centro de salud; claro ejemplo de contraste se encuentra en la Zona Este y Playas de Tijuana, dos delegaciones muy diferentes, pero con las mismas carencias.

Guadalupe Ríos es originaria de Mazatlán, Sinaloa; como a miles de mexicanos, Tijuana la arropó cuando llegó con sus hijos a esta ciudad; en ese tiempo, en la ciudad apenas comenzaban a desarrollarse los parques industriales. Doña Lupe, que hoy tiene 83 años, trabajó en la maquila y en otros muchos empleos para sostener a sus seis hijos; recuerda con mucho cariño a dos que fallecieron; a una de ellas se la llevaron “las malditas drogas, cuando comenzaba el cristal ése”, hoy concientiza a sus nietos, porque asegura que no soportará eso nuevamente.

Vive en una casa de madera, en un terreno que resguarda con la esperanza de que el gobierno se lo pueda vender a un precio accesible, pues hoy sólo vive de su pensión y de las donaciones de algunos vecinos; tiene el apoyo de su familia, pero decidió no ser una carga para ellos; hoy lucha por una vivienda, pues contrario a lo escrito en la Constitución, el gobierno, a lo largo de toda su vida, no le ha brindado el apoyo para poder acceder a algún crédito o le ha dotado de una vivienda, por eso sigue luchando para conseguirlo.

Como Doña Lupe, miles de familias viven en asentamientos sin servicios suficientes; los trabajadores destinan buena parte de sus ingresos al alquiler; hay colonias que esperan pavimentación y comunidades que deben organizarse para exigir agua potable, drenaje, alumbrado público y vivienda digna. En más de una ocasión se ha preguntado ¿cómo puede una ciudad que genera tanta actividad económica mantener diferencias tan profundas en las condiciones de vida de sus habitantes? A pesar de ser una de las ciudades fronterizas más importantes del mundo, los parques industriales de Tijuana producen para mercados internacionales; quienes trabajan ahí carecen de buenos salarios; por lo que miles de personas cruzan a diario la frontera en busca de empleo, educación y mejores condiciones de vida.

 

   

La desigualdad tijuanense es resultado del rápido crecimiento urbano, una distribución desigual de los beneficios económicos, dificultades para garantizar servicios públicos y la demanda social que crece con la población, según estudios académicos. Por otro lado, estadísticas oficiales señalan que la ciudad pasó de un millón 922 mil 523 habitantes en el censo de 2020 a cerca de dos millones en este año, y en estas cifras no están consideradas las personas migrantes, ignoradas por las estadísticas oficiales.

La pobreza en una ciudad que produce riqueza

Tijuana es uno de los principales centros industriales; empresarios y comerciantes revelan que el municipio tiene 84 parques industriales, el cuarto lugar nacional. No obstante, a pesar de una economía dinámica, esto no significa que todos sus habitantes disfruten de sus beneficios en la misma proporción.

Data México, la plataforma de información pública de la Secretaría de Economía (SE) publicó que, en 2020, el 22.2 por ciento de la población municipal se encontraba en situación de pobreza moderada y 1.84 por ciento en pobreza extrema. En conjunto, ambas categorías representaban alrededor de 24 por ciento de la población. Además, 38.8 por ciento era vulnerable por carencias sociales y siete por ciento vulnerable por ingresos.

La diferencia entre pobreza y vulnerabilidad es importante. Una persona en situación de pobreza puede tener ingresos insuficientes y enfrentar carencias en derechos sociales; alguien vulnerable por carencias puede tener ingresos superiores a la línea de pobreza, pero carecer de acceso adecuado a la salud, la seguridad social, la educación o una vivienda de calidad.

Apenas en la temporada de lluvias pasada, Doña Lupe recordó la necesidad de contar con una vivienda digna, pues relató que “llovía que parecía que el cielo se iba a caer; estoy sola en el cuarto; sólo le pedí a Dios que nos cuidara, que no dejara que el viento se llevara mi cuartito; creo que me escuchó, porque a la media hora, todo se calmó”. Reportó a este medio que ninguno de sus vecinos –que se encuentran en la misma situación– sufrió daños, sus pequeñas chozas ubicadas en Playas de Tijuana aguantaron las inclemencias del tiempo.

Quienes no corrieron con la misma suerte fueron decenas de familias que se encuentran del otro lado de la ciudad donde, aseguran, Dios no se acordó de ellos o no fueron escuchados, en la Zona Este, donde ni Dios ni las autoridades parecen poner atención; únicamente los grandes empresarios, pues en el último año se registraron tres nuevos parques industriales en comparación con apenas 15 calles pavimentadas en toda la delegación.

Entre inundaciones, calles sin acceso por el lodo, casas destruidas y varias familias refugiadas en albergues, las lluvias sacaron a flote la desigualdad social de Tijuana, “no porque la gente sea floja: muchos dicen que estamos aquí en estas casas de madera, que porque somos flojos; también me lo he preguntado, pero si he trabajado toda mi vida; mi esposo trabajaba más de 12 horas al día, y no alcanzaba; no es porque seamos flojos, es porque no alcanza; aquí en la colonia hay compañeros que tienen dos trabajos y no les alcanza el sueldo; entonces no es por flojos, que quede claro”, sentenció Doña Lupe.

Esto demuestra que el problema no se limita a las personas que carecen de empleo; también afecta a quienes trabajan, pero no perciben lo suficiente para cubrir sus necesidades; a quienes laboran en la informalidad y no poseen prestaciones laborales, y a las familias que deben pagar renta, transporte, alimentación y servicios con ingresos que no crecen al mismo ritmo que los gastos.

La desigualdad se observa en la distancia entre los sectores que pueden adquirir una vivienda, pagar servicios privados y acceder a mejores oportunidades educativas; y aquellos que dependen de los servicios públicos y de sus ingresos diarios para sobrevivir.

El salario en esta frontera equivale a 440.87 pesos; sin embargo, en muy pocos lugares se respeta este tabulador; en contraste, la renta de un cuarto para dos personas, en la Zona Este, alcanza los 10 mil pesos mensuales, la canasta básica por persona los dos mil 400, el pago de servicios es muy volátil, pues sólo algunos tienen servicio de agua potable, electricidad y otros.

Hoy, un sector importante de los habitantes en la Zona Este se encuentra en la incertidumbre, pues aunque no es oficial, se escucha que la ensambladora retirará su empresa de este municipio y dejará a dos mil 800 trabajadores directos sin empleo, un número similar de empleados no directos, también sin empleo.

Deudas en las colonias: servicios públicos e infraestructura

Uno de los problemas más visibles de Tijuana es la desigualdad en la disponibilidad y calidad de los servicios públicos. El acceso al agua potable, el drenaje sanitario, la pavimentación, el alumbrado y la recolección de basura constituyen una condición básica para la salud y el desarrollo de las familias.

En distintas zonas de la ciudad, la falta de pavimentación complica el traslado de estudiantes, trabajadores y personas mayores. Durante las lluvias, no se puede transitar en algunas calles; en las pendientes, el escurrimiento Delmira agua puede arrastrar tierra y residuos, deteriorar las vialidades y aumentar los riesgos para las viviendas.

La infraestructura hidráulica también enfrenta presiones por el crecimiento urbano y la demanda de una población numerosa. La ampliación de redes de agua potable y drenaje requiere planeación, presupuesto, coordinación institucional y mantenimiento. Cuando estos trabajos se retrasan, las familias viven con servicios incompletos o deben buscar soluciones provisionales.

En la colonia Xicoténcatl, en la delegación San Antonio de los Buenos, vecinos denunciaron que por la administración municipal han pasado poco más de cinco presidentes municipales, cuatro gobernadores; y a 40 años de haberse formado su colonia, insisten en el acondicionamiento de su avenida principal, 500 metros de pavimento hidráulico que no han podido ser instalados, seis folios de obra, compromiso que sigue archivado en las oficinas del gobierno.

Algo similar ocurre en Flores Magón: ni la firma de cuatro presidentes municipales, la de un gobernador y el compromiso de innumerables dependencias de gobierno estatal han conseguido que se pavimente la calle Artesanos de México en 15 años, “personas que empezaron con el proyecto ya no podrán disfrutar esta obra, pues se han quedado en el camino”, asegura Doña Mary, una de las precursoras de este acondicionamiento vial.

La desigualdad territorial se profundiza cuando las obras se concentran en determinadas áreas y otras permanecen durante años a la espera de atención. No basta con anunciar inversiones: “es necesario conocer cuánto se destina a cada zona, qué proyectos se ejecutan, cuántas familias resultan beneficiadas y cuáles son los plazos de conclusión. Los ciudadanos tienen derecho a exigir información transparente sobre los presupuestos municipales, las obras estatales y los compromisos de los organismos responsables de los servicios”, aseguró Rosalino Hernández Gómez, líder social en el municipio, quien representa a poco más de 45 colonias.

“En este escenario, la organización vecinal y la gestión social pueden contribuir a visibilizar las necesidades de las colonias. Sin embargo, la solución no debe depender únicamente de la capacidad de cada comunidad para presionar a las autoridades. Garantizar los servicios básicos es una responsabilidad pública que debe ejercerse con criterios de equidad y planeación”, puntualizó.

Rosalino Hernández Gómez asegura que para erradicar la pobreza no basta con la entrega de apoyos temporales, aunque éstos sirvan para atender emergencias. Se requiere modificar las condiciones que mantienen a miles de familias en la vulnerabilidad.

El primer reto es garantizar el acceso a una vivienda digna. El encarecimiento de los terrenos y las rentas obliga a muchas familias trabajadoras a buscar espacios alejados de los centros laborales o a vivir en condiciones de hacinamiento. Los programas de vivienda deben contemplar no solamente la construcción de casas, sino también lotes accesibles, certeza jurídica y servicios públicos.

Además, estimó que es necesario generar empleos con salarios suficientes. La actividad industrial de Tijuana necesita mejores condiciones laborales, capacitación, seguridad social y oportunidades para los jóvenes. Tener trabajo no debería significar vivir permanentemente al límite de los ingresos.

Otro reto en la ciudad es la reducción de las carencias educativas y sanitarias. La falta de acceso oportuno a consultas médicas, medicamentos, escuelas bien equipadas y espacios deportivos afecta las posibilidades de desarrollo de las familias. La inversión social debe dirigirse prioritariamente a las comunidades con mayores necesidades.

Finalmente, planteó la ampliación de la infraestructura en las colonias populares. Agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado, transporte y espacios públicos no son lujos sino condiciones necesarias para una vida digna.

Migración: una ciudad de llegada y de esperanzas

 La migración conforma la identidad histórica de Tijuana. Miles de personas han llegado desde otras entidades de México, y desde otros países, con la esperanza de encontrar trabajo, reunirse con sus familiares o cruzar hacia EE. UU.

El Programa Estratégico Metropolitano de Tijuana 2023-2037, elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación, señala que 46.84 por ciento de los habitantes registrados en el Censo de 2020 había nacido fuera de Baja California.

La cifra evidencia el peso de la movilidad demográfica interna de la ciudad. La migración aporta fuerza de trabajo, diversidad cultural, emprendimientos y nuevas capacidades. No debe considerarse, por sí misma, una causa de pobreza o inseguridad. El problema surge cuando el crecimiento de la población no está acompañado por una expansión suficiente de la vivienda, los servicios, el transporte y las oportunidades laborales.

Quienes llegan sin redes familiares o recursos económicos pueden enfrentar dificultades para encontrar alojamiento, acceder a empleos formales y realizar trámites. En determinados momentos, las personas en tránsito hacia EE. UU. también necesitan albergue, atención médica, asesoría jurídica y protección frente a la discriminación y la violencia.

Las familias migrantes que permanecen en Tijuana, cuando bien les va, se incorporan a la demanda de escuelas, centros de salud, transporte y vivienda. Cuando las instituciones no poseen la capacidad suficiente, aumentan las presiones sobre los servicios y se intensifican las dificultades que ya enfrentan las comunidades con bajos ingresos.

Otro sector, el más vulnerable, se queda en la mendicidad, viviendo en la calle, en el bordo que marca y da la bienvenida a un país que muestra, desde el primer cuadro de la ciudad, desempleo, falta de oportunidades, vivienda y salud. Así, desde las calles, en las coladeras, Tijuana abre sus puertas donde comienza la patria.


Escrito por David Abraham Corral Zaragoza

Reportero


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