Durante los últimos años, el gobierno de Michoacán ha convertido los conciertos masivos gratuitos en una de las principales estrategias para proyectar una imagen de cercanía con la población, impulsar el turismo y fortalecer la promoción del estado. Bajo el sello de los festivales Jalo, miles de personas han asistido a presentaciones de artistas nacionales e internacionales como Chayanne, Los Fabulosos Cadillacs, Marco Antonio Solís, Panteón Rococó y otros grupos de gran convocatoria. La otra cara de estos espectáculos se configura en poca atención de obra pública y servicios para los michoacanos.

El discurso oficial sostiene que estos eventos representan una inversión y no un gasto. Según el gobierno estatal, cada concierto genera derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, detrás del éxito mediático también existe una pregunta que permanece abierta entre los michoacanos: ¿cuánto dinero público ha costado realmente mantener esta política de espectáculos y qué tan transparente ha resultado el uso de esos recursos?

Responder esa pregunta no parece sencillo. Aunque el gobierno informa algunos costos específicos y difunde estimaciones sobre la derrama económica, no existe un concentrado público donde los ciudadanos puedan consultar fácilmente cuánto costó cada concierto, qué empresa fue contratada, cuánto se destinó al montaje, al equipo de sonido, la instalación de iluminación, la logística, seguridad, transporte, a la publicidad y a los honorarios de cada artista.

Desde el inicio de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, los festivales Jalo se posicionaron como una marca gubernamental. El concepto ha cambiado su nombre a raíz de la causa social o el objetivo turístico: Jalo por la Lectura, Jalo por los michis y lomitos, Jalo por las Mamás, Jalo Futbolero y otras variantes. En todos los casos se mantiene un elemento común: conciertos gratuitos o, a cambio de un boleto, los asistentes entregan despensas o pañales entre otros objetos que permiten el acceso para “disfrutar” a los artistas de reconocimiento nacional e internacional; todo es organizado con recursos públicos y presentados como medidas para incentivar la economía local.

El discurso oficial insiste en que los eventos no deben analizarse únicamente por su costo, sino por los beneficios indirectos producidos. La Secretaría de Turismo sostiene que la llegada de visitantes incrementa la ocupación hotelera, fortalece el consumo en los restaurantes y beneficia al comercio. Esa explicación se ha reiterado en prácticamente cada edición del programa.

Concierto del “Buki”: el único costo reconocido oficialmente

Uno de los pocos eventos cuyo costo fue revelado expresamente ocurrió el nueve de mayo de 2026, cuando Marco Antonio Solís ofreció un concierto gratuito en el Estadio Morelos, perteneciente al festival Jalo por las Mamás, donde los asistentes debían entregar paquetes de pañales a cambio de un boleto. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el espectáculo costó 10 millones de pesos (mdp), financiados por el gobierno estatal. Al mismo tiempo, aseguró que el evento generó una derrama económica superior a 100 mdp, reunió a más de 58 mil asistentes y permitió recaudar alrededor de 800 mil pañales destinados a sectores vulnerables.

El dato representa uno de los pocos montos oficialmente confirmados por la administración estatal. Sin embargo, alrededor de ese mismo concierto surgieron cuestionamientos que evidenciaron otra dimensión del problema. A pesar de que miles de personas contaban con boletos, numerosas familias denunciaron que no pudieron ingresar al estadio una vez alcanzado el límite permitido por Protección Civil estatal.

Una de las asistentes a ese concierto narró a buzos que se apreció desorganización debido a que permitieron el ingreso de más asistentes, por arriba de lo autorizado por Protección Civil. “Llegamos temprano y, aun así, ya no nos dejaron entrar, después de tantas horas de espera. Sentimos que faltó organización”, reveló a buzos Rosalinda Ibarra.

La testigo de aquel evento describió que ingresó por otra puerta; pero no fue cómodo, ya que, entre tanta gente, no disfrutó el concierto. Incluso, en los accesos del estadio, zonas que por seguridad deben estar libres de personas, en esa ocasión se permitió el ingreso; y cientos de asistentes bloqueaban las entradas.

Las imágenes de personas reclamando la devolución de los pañales entregados para obtener sus accesos circularon ampliamente en redes sociales y medios locales. El gobierno rechazó que hubiera existido sobreventa de boletos, pero las críticas evidenciaron deficiencias en la logística y organización del evento.

La administración estatal respondió con énfasis en los beneficios económicos. Según la Secretaría de Turismo, participaron más de 200 restaurantes, hoteles y prestadores de servicios turísticos que distribuyeron boletos mediante diferentes promociones. La derrama económica estimada por el Observatorio Turístico resultó superior a los 100 mdp, aunque tal cifra corresponde a la estimación institucional y no a una auditoría financiera independiente.

El argumento de la derrama económica también ha sido utilizado para justificar otros conciertos. En febrero de 2024, el festival Jalo por la Lectura presentó a “Los Fabulosos Cadillacs” en Morelia. En aquella ocasión, el gobierno reportó una actividad económica de 18.2 mdp, una ocupación hotelera cercana al 75 por ciento y una asistencia aproximada de 40 mil personas. Sin embargo, en ese caso no se informó el costo total del espectáculo, lo que impide a los ciudadanos conocer los beneficios del evento utilizando información oficial.

Además, en la página oficial del gobierno no existe agenda o calendario de los futuros eventos pues, como ha ocurrido hasta ahora, las autoridades difunden las fechas de espectáculos sin aviso previo, o bien estratégicamente, durante conmemoraciones importantes como el 10 de mayo.

Falta de transparencia

Aunque la administración estatal difunde las cifras de asistentes, el impacto turístico y los beneficios económicos estimados mediante comunicados, principalmente de la Secretaría de Turismo, los costos completos de producción permanecen dispersos entre contratos, adquisiciones, partidas presupuestales y procesos administrativos que no siempre resultan accesibles para los ciudadanos.

Existe falta de transparencia en torno al costo del contrato con cada artista, la empresa que obtuvo los contratos y se desconoce la existencia de licitaciones públicas o adjudicaciones directas, el costo total por escenarios, instalación de sonido e iluminación, el costo por operativos de seguridad, el nombre de la dependencia que absorbió cada gasto o el monto del porcentaje correspondiente a promoción turística y a cuál de los espectáculos artísticos.

En materia de transparencia, la legislación mexicana establece que toda contratación realizada con recursos públicos debe ser abierta y, por lo tanto, difundida a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a información.

Sin embargo, en estos casos, los contratos relacionados con los festivales Jalo implica ubicar contratos de diversas dependencias, procedimientos administrativos, cuentas públicas y respuestas emitidas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que de manera sistemática han ocultado información, según denunciaron periodistas locales especializados en temas de transparencia.

Abundante información indica que Jalo por la Música, donde participaron las bandas de rock “Panteón Rococó” y “El Gran Silencio”, costó tres millones 135 mil pesos, según el director del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich) Pedro Alexis Velázquez Guzmán.

El Jalo Fest, donde participaron grupos como “El Tri”, “Molotov” y “Caifanes”, costó ocho millones 900 mil pesos, según un medio de comunicación local. Sin embargo, no existe información oficial sobre el costo de otros conciertos.

“Sé que un concierto cuesta millones; no tengo idea de cuánto dinero pague el gobierno del estado a los artistas que vienen a Michoacán; pero inevitablemente pienso en todo el equipo médico que hace falta. En muchos hospitales seguimos trabajando con carencias que afectan directamente la atención de los pacientes o en nuestros derechos, que también han sido pisoteados por el gobierno. Para mí, nuestro gobernador debería de centrar su atención en cosas realmente importantes que le faltan al estado, en lugar de dar pan y circo a los michoacanos, aunque también la ciudadanía misma tiene la culpa; no sé en qué momento ya no exigieron al gobierno lo que debe hacer y prefirieron irse a formar durante días para alcanzar un buen lugar en un concierto de algún famoso”, dijo a buzos la doctora Calderón, quien labora en el Hospital Civil de Morelia.

Las necesidades en Michoacán vs el espectáculo 

En la entidad, las familias enfrentan rezagos históricos. Los michoacanos todavía padecen la falta de infraestructura carretera, mantenimiento de hospitales públicos, desabasto de medicamentos, escuelas sin mobiliario ni equipamiento básico, no hay agua potable y las comunidades rurales claman por atención. Ninguno de esos problemas desaparece con la organización de un concierto exitoso, denuncian ciudadanos.

El gobierno estatal argumenta que el programa Jalo y sus diversas variantes no son excluyentes con la “inversión” que realizan. Así, por ejemplo, el dinero destinado a turismo proviene de “partidas presupuestales específicas”, según información presentada en comunicados oficiales, y la promoción económica también produce ingresos fiscales. La versión gubernamental insiste en que “los festivales fortalecen la imagen del estado, incentivan la llegada de visitantes y generan consumo que posteriormente beneficia la recaudación y el empleo”.

Pero para los michoacanos, que enfrentan desafíos como la escasez de agua potable, inseguridad, desabasto en servicios de salud y tantos otros problemas sociales, es inaceptable que el gobierno del estado se enfoque en el éxito de sus eventos y no en destinar recursos públicos para atender las necesidades de los ciudadanos.

Por ejemplo, la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas (CEAGC), estima que, del total de la población en la entidad (cinco millones), entre 1.4 y 1.5 millones no tienen acceso al agua potable; es decir, tienen dificultades para acceder al vital líquido o, inclusive, se enfrentan a la ausencia total del servicio. El problema se agrava en algunos municipios indígenas y en las colonias de Morelia, debido a fugas constantes, porque una de las redes del sistema de agua ya tiene muchos años de uso.

Así, el presupuesto ciudadano de Michoacán para 2026, según la Comisión Nacional de Agua (Conagua), contempla recursos para infraestructura municipal; mientras que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunció una inversión de mil 630 mdp en acceso al agua potable, riego y saneamiento, recursos insuficientes para abastecer agua potable a las familias que carecen de este líquido.

Aunque las cifras no confirman que el presupuesto para obras públicas se haya reducido para destinarlo a los conciertos masivos, éstos evidencian el interés con que el gobierno responde a las verdaderas necesidades sociales; por ejemplo, la Conagua informó, en un comunicado, que se realizarán “inversiones en acciones de agua potable y alcantarillado en municipios del estado”; sin embargo, el monto anunciado de la inversión no se ha contrastado con las obras requeridas de acuerdo a las necesidades de la población.

La Secretaría de Finanzas y Administración estatal informó que el presupuesto estatal para este año asciende a 107 mil 884 mdp, recursos destinados a sectores como salud, educación, bienestar social y seguridad.

En el tema de la salud, Michoacán padece desabasto de medicamentos e insumos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estimó, en julio de 2026, que más del 96 por ciento de las recetas en Michoacán se surtía completamente en la primera visita a farmacias; pero los derechohabientes insisten en que, al acudir a la farmacia para recibir sus medicamentos, no les surten las recetas; además las constantes denuncias por la falta de personal para atender a la población desmienten las declaraciones oficiales.

Decenas de instituciones de educación básica y media superior carecen de servicios elementales. Por ejemplo, la primaria José M. Michelena, en Morelia, donde 56 alumnos estudiaban sin agua potable, con baños inadecuados y sin cerco perimetral, según documentó a principios del año el periódico La Voz de Michoacán.

La falta de justicia es otro problema que se ha agudizado en la entidad. La Fiscalía estatal abrió 323 carpetas de investigación por extorsión entre enero y septiembre de este año; por encima de las 295 de 2024 y las 287 de 2025.

Y a pesar de todas estas carencias, el gobierno estatal prefiere ocuparse de llenar estadios y plazas públicas para presentar a artistas famosos, en vez de priorizar las necesidades de miles de familias. Los conciertos terminan cuando se apagan las luces y se desmonta el escenario, pero la obligación de rendir cuentas sobre el uso del dinero público permanece mucho después del último aplauso.