Los pueblos y comunidades indígenas del país se encuentran en rezago. A pesar de que el gobierno actual dice buscar un mayor reconocimiento de sus derechos, éstos viven con carencias en salud, educación y alimentación. La iniciativa presidencial de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos se detuvo porque existe oposición, ya que terminará afectando a unos 24 millones de indígenas.

Las expresiones de inconformidad de comunidades y pueblos originarios del país ante la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos no se hicieron esperar luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum enviara al Congreso la iniciativa de ley el pasado 12 de octubre, pendiente desde hace dos años y requerida para activar la reforma al Artículo 2° Constitucional expedida en 2024, que reconoció personalidad jurídica a las poblaciones indígenas. Y aunque está suspendida mientras se realiza la “consulta”, diversas voces se oponen a la ley.

Sin aplicarse hasta ahora por la falta de una ley reglamentaria, la reforma constitucional de 2024 introdujo, por primera vez en la historia, el derecho de los pueblos indígenas a poseer y administrar recursos y bienes propios de manera colectiva. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos en su artículo dos, tras la reforma aplicada en 2001.

Según la iniciativa, las modificaciones constitucionales se encaminan a fortalecer la autonomía de organización de estos pueblos, y no solamente para elegir a sus propias autoridades locales, sino también para crear instituciones propias de autogobierno, con base en sus “usos y costumbres”.

Además, adquieren derecho a ser consultados de manera previa e informada antes de la expedición de legislaciones, reglamentaciones y la aplicación de medidas administrativas que afecten su forma de vida y los territorios donde se asientan y les brinda la capacidad jurídica para demandar, ser demandados y defender sus derechos de manera colectiva ante tribunales, en materia de uso de tierras, patrimonio y recursos.

Diversas agrupaciones indígenas calificaron la consulta lanzada el 29 de junio de 2026 como una “simulación” para elaborar una ley reglamentaria de esas reformas al Artículo 2° Constitucional de 2024, porque se presentó una iniciativa con 453 Artículos y 11 transitorios redactada previamente por el Gobierno Federal, y sin garantías para mejorarla.

Las organizaciones indígenas estimaron que estas acciones del gobierno anticipan una nueva embestida para profundizar el despojo de bienes naturales a los pueblos originarios en favor de intereses corporativos trasnacionales.

Consideraron que se nota la influencia del poder económico nacional pero, sobre todo, del trasnacional, léase Estados Unidos (EE. UU.), interesado en explotar los principales bienes naturales mexicanos, localizados en territorios donde se asientan pueblos originarios.

Según la versión gubernamental divulgada el 12 de octubre de 2026, el envío de la iniciativa al Congreso se detuvo porque se aceptó la propuesta de un grupo indígena de otorgar más tiempo para estudiar esa iniciativa de ley ya redactada.

Se ofreció remitirla a los legisladores hasta que los inconformes estuvieran de acuerdo, sin fijar nueva fecha y sin aclarar si sólo se espera el apoyo de ese grupo de peticionarios o de la mayoría los pueblos.

De acuerdo con el informe “intercensal” presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 22 de septiembre, en México viven 24.2 millones de indígenas que representan al 18.6 por ciento del total de la población de 130.9 millones de personas. 

Según la convocatoria para la consulta comunitaria emitida el 29 de junio de 2026, participarían 16 mil 738 comunidades previamente registradas en el Catálogo Nacional de 69 pueblos originarios y afroamericanos, elaborado bajo criterios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

A la cabeza del INPI se halla el abogado de origen Mixe, Adelfo Regino Montes, quien fue titular de la misma institución durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y luego fue ratificado en el cargo por la Presidenta a partir del 1° de octubre de 2024.

Desacuerdos oficiales 

Las controversias sobre los derechos de los pueblos indígenas también se gestan en el ámbito gubernamental, como lo han evidenciado discrepancias públicas, incluso, sobre la conmemoración del 12 de octubre.

El 18 de diciembre de 2020, AMLO expidió un decreto modificando el término “Día de la Raza” por “Día de la Nación Pluricultural”, mientras Claudia Sheinbaum lo reivindicó como “Día de la Resistencia Indígena”.

Dentro y fuera del gobierno existen posturas enfrentadas; unos están a favor de que los diversos grupos indígenas del país obtengan mayores derechos y asuman una autonomía que les permita decidir libremente sobre los territorios donde viven.

Otros apelan al marco legal histórico, cuando señalan que desde la fundación de México como país independiente, en 1821, y del Estado mexicano con la Constitución de 1824, se instauró una sola Nación formada por ciudadanos mexicanos sin distinción alguna.

En este marco se descartan exclusiones por “razas” o por culturas distintas, y todos quedan sometidos a lo descrito en la Constitución y sujetos a las determinaciones del Estado, representado por el gobierno.

Maira Olivo Paz, abogada de origen zapoteca, coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo en el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) reveló a buzos que cada vez que se han discutido históricamente los derechos de los pueblos indígenas, se reactiva la absurda argumentación de que reconocerles mayores derechos fragmentará al país e impulsará ánimos separatistas, es decir, una balcanización.

La abogada y activista social destacó que se crea una falsa disyuntiva, debido a que no es necesario que México elija entre unidad nacional y derechos indígenas, porque la autonomía no equivale a independencia, mientras el pluralismo jurídico no implica la desaparición del Estado.

“Cuando planteamos la conformación del Estado mexicano, nos referimos a un Estado monocultural, construido desde la idea de una sola cultura, una sola cosmovisión y una sola manera de relacionarse con el territorio y con la naturaleza, en que los pueblos indígenas fueron totalmente invisibilizados en este modelo de Estado”, resaltó.

Históricamente, los pueblos originarios han sido abandonados; y aunque en diversos momentos, como el ocurrido en 1994, se manifestaron, continúan en condiciones precarias.

A finales de los 90, México firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerado el primer instrumento internacional representativo de varios derechos indígenas.

Olivo Paz expuso que en México se ha omitido ese principio legal internacional, que fija la obligatoriedad de consultar informada y libremente a los pueblos originarios antes de expedir leyes o proyectar obras que afecten de algún modo sus formas de vida y el territorio donde se asientan.

Cuando se efectuó la reforma constitucional sobre los pueblos indígenas, expedida el 14 de agosto de 2001, no se realizó una consulta –precisó– y se reconoció a los pueblos indígenas como “sujetos de interés público”, tratándolos como menores de edad, bajo la tutela del Estado, encargado de decidir por ellos.

Luego vino la iniciativa de reforma constitucional de 2024, en que originalmente habían participado los pueblos indígenas; pero en un principio “no sucedió nada con esa iniciativa, porque estuvo bloqueada mucho tiempo en la Consejería Jurídica de la Presidencia”, destacó la especialista.

Poco antes de terminar su mandato, AMLO envió esa iniciativa al Congreso de la Unión, siendo expedida el 30 de septiembre de 2024, sólo con reformas al Artículo 2°, no a los 15 Artículos que se planteaba reformar en el proyecto constituido en la consulta difundida entre los pueblos indígenas, quedando fuera varios derechos previstos.

Con la expedición de esa reforma constitucional de 2024, el Congreso también fijó un plazo de 180 días para que se presentara y expidiera la correspondiente iniciativa de ley reglamentaria; pasaron más de 600 días hasta que, el 29 de junio de 2026, se convocara a una consulta indígena para elaborarla, aunque el proyecto fue redactado previamente, pero fue criticado y rechazado.

Continuos choques 

La disputa por el territorio se ha evidenciado en los últimos ocho años, sobre todo en el sur de México, donde el gobierno ha impulsado magnas obras como el Tren Interoceánico, de Oaxaca a Veracruz; el Tren Maya, o recientemente una supercarretera en Chiapas, “Ruta de las Culturas Mayas”, en medio de protestas comunitarias y denuncias de engaños, cooptaciones e intimidaciones.

Ante los reclamos comunitarios de que los magnos desarrollos no benefician a los pobladores originarios, pero sí causan severos daños, las administraciones federales proyectaron la edificación de una veintena de “Polos de Desarrollo para el Bienestar”, zonas industriales, con escuela y hospital, en el marco de la ampliación y construcción de por lo menos 500 parques industriales en el país.

El 12 de octubre de 2026, en nombre de los pueblos originarios de 22 estados, el Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció que el gobierno está buscando la manera de favorecer poderosos intereses económicos.

Destacó que las múltiples medidas legislativas y administrativas, programas y megaproyectos impulsados en los últimos años “tienen como finalidad la mayor explotación de nuestras poblaciones y el despojo de nuestros territorios y cultura para seguir favoreciendo a un puñado de empresas trasnacionales”.

“Es una lectura justificada de algunos pueblos indígenas, que seguramente han atestiguado despojos de tierra por proyectos mineros y otras cuestiones de violación a sus derechos por proyectos extractivos… de infraestructura como enormes construcciones de supercarreteras o trenes”, reportó a buzos Beatriz Olivera Villa, directora de la agrupación comunitaria y ambientalista Engenera A.C.

Olivera Villa sostiene que la inconformidad se justifica porque “el Estado como tal, en diferentes momentos, intentó realizar proyectos; en algunos casos los ha realizado, en otros se han quedado en intento… pero ha sido la movilización indígena la que ha logrado frenar algunos”.

Olivera señala que en gran parte de los territorios donde se asientan grupos indígenas, existen recursos naturales “que tienen una importancia, no sólo nacional, sino global… se han estado firmando acuerdos de minerales críticos (para la industria electrónica digital) con EE. UU., y hay un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, también en temas de minerales y de materias primas”.

La activista también es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), organización que se opone a este método de extracción de petróleo y gas del subsuelo por ser ambiental y socialmente perjudicial, ya que se realiza mediante la inyección de grandes cantidades de agua a presión.

Olivera expuso que estos proyectos siguen operando y que representan un alto riesgo para comunidades donde existe resistencia; “por ejemplo, ahora, con el proyecto de fracking en la huasteca potosina, fueron los pueblos indígenas los que se movilizaron para impedir que se realicen en su territorio”.

Del 30 de julio al dos de agosto de 2026 se desarrolló en la Ciudad de México el encuentro “Territorios, Derechos, Pueblos Indígenas”, para actualizar acciones de defensa territorial, autonomías y autogobiernos, frente al aplastante avance de la extracción de bienes naturales que perjudican a sus comunidades y al medio ambiente.

Participaron representantes de agrupaciones civiles y comunidades indígenas mexicanas y representantes del “Sur Global”, es decir, de países pobres con bajo desarrollo industrial y grandes desigualdades socioeconómicas.

Entre los asistentes hubo activistas de Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, Kenia y Nepal, alertando sobre un endurecimiento del despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades originarias, que anticipan graves afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas.

“Con discursos de desarrollo, crecimiento económico y transición justa, estos proyectos se han implementado en territorios históricamente habitados y resguardados por comunidades indígenas, sin garantizar plenamente sus derechos ni respetar sus formas de vida”, reclamó Cecilio Solís Librado, presidente de la organización indígena CIELOMex.

En el encuentro se denunciaron violaciones a la Constitución y al marco legal internacional, como el Convenio 169 de la OIT en materia de consultas efectivas a comunidades y pueblos originarios para obtener consentimientos libres e informados sobre la elaboración de leyes y ejecución de grandes obras.

La consulta, una farsa

En el Seminario “Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación”, realizado el siete de septiembre de 2026, académicos, investigadores y representantes de comunidades indígenas denunciaron que la consulta a los pueblos originarios se realizó con premura y mediante estrategias manipuladoras.

Durante los trabajos, coordinados por la dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el activista comunitario Miguel López, de Santa María Zacatepec, calificó como “una farsa” a la consulta, porque realmente se hicieron foros sin garantías para modificar la iniciativa preelaborada.

“Como pueblos cholultecas no aceptamos esta farsa, esta mentira de iniciativa de ley; aunque en esta ley nos borren, nos quiten como pueblos originarios, nosotros seguiremos resistiendo, luchando y organizándonos; y estar en contra de estas propuestas de ley que están en contra de la vida”, denunció López.

El seis de septiembre de 2026 el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSI), integrado por 80 pueblos, entre ellos Purépecha, Otomí, Náhuatl y un afroamericano, rechazó la consulta convocada por el gobierno a través del INPI, al considerarla “discriminatoria, simulada y fallida”.

Ese mismo día, habitantes de comunidades michoacanas de origen purépecha impidieron las sesiones de la consulta que se realizarían en Pátzcuaro, y en la comunidad Cheranástico, municipio de Paracho.

Criticaron que las expresiones de las comunidades y pueblos serían consideradas opiniones, porque “el Estado mexicano no tiene la responsabilidad jurídica de acatar… decidirá unilateralmente qué adicionar o suprimir… las consultas servirán para legitimar los megaproyectos”.

En el Estado de México (Edomex), el seis de octubre de 2026 manifestaron su inconformidad las comunidades originarias Otomí, Matlatzinca y Nahua del Valle de Toluca, que calificaron como una “simulación” la consulta a los pueblos.

Ricardo Mendieta, uno de los voceros de las comunidades, dijo que se fabricó una simulación oficial para obtener un consentimiento forzado y hacer creer al país que los pueblos originarios avalan el proyecto gubernamental de ley.

Representante de más de dos mil comunidades y pueblos indígenas, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), denunció el dos de octubre, las presiones gubernamentales porque utilizaron el acceso de las comunidades a recursos federales, para obligarlos a avalar y firmar la iniciativa de ley en consulta.

Aldea denunció el dos de octubre de 2026: “hemos sido presionados desde el condicionamiento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas (Faispiam), diciendo que si no van firmas, ni sellos, no habrá dinero; muchas de las personas no tuvieron la información y sólo firmaron”.

El Faispiam es un fondo de recursos creado tras la expedición de la reforma al Artículo 2º de la Constitución en 2024 que otorgó reconocimiento legal a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.

Este fondo quedó a cargo de la Secretaría del Bienestar, nutrido con el 10 por ciento del presupuesto federal total anual para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) general, que pueden utilizar los gobiernos estatales para obras públicas con supervisión previa por la Secretaría del Bienestar.

Para 2026 se destinaron al Faispiam 13.5 mil millones de pesos, de donde surgirán recursos utilizables mediante comités comunitarios indígenas con autorización previa de la Secretaría del Bienestar para financiar obras de infraestructura social básica, agua potable, alumbrado público, caminos y servicios de salud y educación.

Mientras tanto, 125 comunidades de municipios de 15 estados del país y 17 pueblos indígenas y afromexicanos han rechazado la iniciativa impulsada por el gobierno, según el “Mapa de la Inconformidad” elaborado por la organización “Indígenas 3D”.

En la mayoría de los escritos se expone que la consulta sobre la ley indígena solamente fue un marco para que las autoridades se prestaran a escuchar comentarios sin garantías de cambiar nada de la iniciativa previamente redactada por el gobierno.