Los especialistas señalan que la verdadera razón de estas restricciones es que las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran en quiebra.
editorial
El IMSS atenta contra intereses de trabajadores
El acuerdo es ilegal y carece de fundamento jurídico.
El 21 de octubre de este año se publicó oficialmente la imposición de una agresiva medida acordada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra los trabajadores afiliados que esperaban contar con una pensión digna al terminar su vida laboral, obteniendo un ingreso más alto para vivir mejor, sueño que podía hacerse realidad hasta hace unos días si el trabajador se acogía a una particularidad de la ley del IMSS: la Modalidad 40.
El Consejo Técnico del IMSS acordó aplicar severas restricciones a esta modalidad de la ley que permitía a los trabajadores aumentar su fondo de pensiones, elevando su cotización para obtener una pensión mayor al llegar el momento de la jubilación o del retiro; la modalidad favorecía los intereses de los trabajadores y las reglas correspondientes se establecieron desde 1973; esta posibilidad estuvo en vigor hasta octubre pasado, cuando se acordaron las restricciones que han provocado temor, inconformidades e indignación de los afectados, así como de especialistas en derecho laboral, seguridad social y distinguidos juristas cuyas opiniones recoge nuestro Reporte Especial en la presente edición.
El argumento del Consejo Técnico del IMSS, avalado públicamente por el Gobierno Federal, para imponer restricciones a la Modalidad 40 es que se han detectado fraudes multimillonarios y simulaciones en su aplicación.
buzos explica detalladamente esta forma de cotización y las reglas de operación que permitían a los interesados mejorar sus futuras condiciones de vida, pero también recoge la opinión de especialistas, que es muy distinta de la oficial; consultados por este semanario, varios de ellos coincidieron en que la medida acordada por el IMSS no tiene como fondo el combate a la corrupción, simulaciones o fraudes; y que las declaraciones oficiales pretenden ocultar que las finanzas del IMSS se encuentran en quiebra, en una situación crítica e insostenible en la que no puede responder a sus obligaciones más importantes, entre ellas el pago de las pensiones, que el desembolso para el pago a los pensionistas consume un porcentaje cada vez mayor del presupuesto, a lo que se suma el envejecimiento poblacional; y que el cambio en la política pensionaria tiene un fondo económico y de estrategia fiscal de alivio presupuestal a mediano plazo, sin importar que la medida atropelle los derechos de los trabajadores, invada facultades del Poder Legislativo y sea violatoria de una ley federal.
En resumen, el acuerdo es ilegal y carece de fundamento jurídico, porque un acuerdo administrativo no puede estar por encima de una ley federal. En el fondo, una medida que afecte a los trabajadores, no es otra cosa que la defensa de los intereses patronales.
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