Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en 40 sedes de distintas entidades del país, en rechazo al nuevo mecanismo de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al considerar que genera incertidumbre sobre la permanencia en sus plazas y abre la posibilidad de decisiones discrecionales.

La suspensión comenzó en el primer minuto del viernes. En la Ciudad de México, trabajadores colocaron cadenas en los accesos del edificio sede de San Lázaro e instalaron un plantón. La movilización también alcanzó los inmuebles de Ajusco, Las Flores y Prisma.

Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral y vocera del movimiento, difundió un mensaje en video para anunciar el inicio del paro. Los trabajadores advirtieron que mantendrán la suspensión de actividades hasta que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) establezca una mesa de diálogo y deje sin efecto el acuerdo.

¿Por qué rechazan las evaluaciones?

La inconformidad surgió tras la publicación, el 5 de noviembre, del Acuerdo General del Pleno del OAJ que regula el proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial.

El mecanismo contempla calificaciones de cero a 100 puntos, mediante un examen de conocimientos que representa 40 por ciento del resultado y otros indicadores relacionados con el desempeño, entre ellos valoraciones de superiores y compañeros de trabajo.

Los trabajadores cuestionan que una parte de la calificación dependa de evaluaciones personales y no exclusivamente de criterios técnicos y conocimientos jurídicos. Consideran que esto podría propiciar presiones, represalias y decisiones que afecten su estabilidad laboral.

El esquema general contempla distintas categorías de resultados y consecuencias para la permanencia en la carrera judicial. Sin embargo, el OAJ aclaró que la primera evaluación, programada para diciembre, será exclusivamente diagnóstica y no implicará aprobación ni reprobación ni tendrá efectos individuales sobre la permanencia o separación del personal.

El OAJ asegura que no habrá despidos en la primera evaluación

Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial informó este viernes que los exámenes de diciembre servirán para identificar fortalezas y necesidades de capacitación, por lo que sus resultados no podrán utilizarse para justificar despidos ni pérdida de plazas.

La institución sostuvo que cuenta con facultades constitucionales para evaluar al personal, con fundamento en el artículo 100 de la Constitución y los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También señaló que la primera evaluación ordinaria con efectos legales se realizará después de concluir las acciones de capacitación correspondientes. El calendario establece exámenes para secretarios el 4 de diciembre; actuarios, el 8; y oficiales judiciales, los días 14 y 15 del mismo mes.

Paro se extiende a distintas entidades

La suspensión de actividades se reportó en Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco, además de la Ciudad de México.

En Morelos, alrededor de mil 200 trabajadores de tres sedes del 18 Circuito Judicial suspendieron actividades. Los inconformes estimaron que el paro podría dejar pendientes alrededor de mil audiencias diarias.

En Puebla, más de mil trabajadores del Sexto Circuito se sumaron a la protesta y cerraron las instalaciones ubicadas en San Andrés Cholula. En Oaxaca, trabajadores sindicalizados tomaron el edificio sede de San Bartolo Coyotepec, mientras que en Michoacán exigieron dejar sin efecto el acuerdo.

En Toluca, Estado de México, los empleados también rechazaron los nuevos lineamientos y cuestionaron que se establezcan evaluaciones adicionales cuando ya existen mecanismos de capacitación y certificación.

Exigen respeto a la carrera judicial y estabilidad laboral

Entre las demandas de los trabajadores se encuentran capacitación continua, formación profesional, actualización jurídica, reconocimiento a la experiencia y oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial.

Los inconformes aseguran que no se oponen a la preparación ni a la evaluación de su trabajo, pero rechazan que el nuevo mecanismo pueda convertirse en un instrumento para condicionar su permanencia o facilitar cambios de adscripción.

Por ello, exigen que el OAJ deje sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre y establezca un esquema que privilegie la profesionalización, con criterios objetivos y garantías de estabilidad laboral.

Mientras la autoridad sostiene que la primera evaluación no tendrá consecuencias individuales, los trabajadores mantienen el paro y demandan una interlocución formal para resolver el conflicto.