La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara llegó hasta Casa Jalisco, donde la protesta ciudadana de ayer contra el suministro de agua turbia terminó en enfrentamientos, 39 detenciones y cuestionamientos sobre la actuación policial. 

Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de hoy, el gobernador Pablo Lemus Navarro ordenó revisar el uso de la fuerza y las detenciones, mientras miles de habitantes siguen esperando una solución a un problema que las autoridades reconocieron públicamente como una crisis de agua potable.

La inconformidad no surgió de un día para otro. El 4 de octubre, los medios locales reportaron que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reconoció la llegada de agua con olor y color anormales procedente de la presa de Las Pintas, a través del sistema antiguo de abastecimiento. Ese mismo reporte consignó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había recibido 145 inconformidades durante septiembre relacionadas con agua turbia y desabasto. 

La movilización del domingo 11 de octubre partió de la glorieta de La Minerva y llegó a las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador. Aunque Lemus estimó la asistencia en unas 10 mil personas, otros reportes periodísticos consignaron cifras superiores. 

El mandatario sostuvo que la marcha transcurrió pacíficamente hasta que un grupo de aproximadamente 400 personas encapuchadas habría iniciado los actos violentos. Según su versión, los enfrentamientos duraron tres horas y dejaron 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro con amputación de un dedo.

Sin embargo, la explicación del Ejecutivo estatal no ha cerrado las dudas sobre el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Lemus aclarar las decisiones de las autoridades y cuestionó el uso de la fuerza contra los manifestantes. La mandataria sostuvo que el gobierno debe distinguir entre contener una situación y reprimir una protesta. 

Detenciones bajo investigación

Lemus informó que 39 personas fueron detenidas y que 12 habían sido liberadas al momento de su reporte. También solicitó a la Fiscalía estatal revisar cada caso, ante la posibilidad de que entre los arrestados hubiera personas que no participaron en los actos violentos, incluidos periodistas.

La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades individuales. Por su parte, la CEDHJ abrió una investigación y dictó medidas cautelares tras los hechos, luego de que se presentaran quejas por presunto abuso de autoridad. La existencia de una investigación no demuestra por sí sola que hubo uso ilegal de la fuerza, pero obliga a esclarecer las circunstancias del operativo y garantizar los derechos de las personas detenidas. 

Gobierno reconoce omisiones y anuncia obras

La crisis hídrica tiene un antecedente relevante. El 7 de octubre, los medios locales reportaron que Lemus reconoció que Guadalajara atravesaba una crisis de agua potable contaminada y admitió que durante años se habían omitido inversiones necesarias para actualizar la infraestructura de potabilización.

Como medida inmediata, el gobernador anunció que se dejaría de utilizar el agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La decisión podría reducir el suministro hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses, según el reporte periodístico. El plan contempla trabajos en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle y obras para sustituir el sistema de abastecimiento. 

A esto se suma la Recomendación 10/2026 de la CEDHJ, que aborda problemas relacionados con descargas y riesgos de contaminación en la zona de Las Pintas y plantea medidas de infraestructura sanitaria, así como la publicación de resultados de análisis de calidad del agua realizados por laboratorios externos certificados durante 2026. 

Este antecedente refuerza la exigencia de que el gobierno no se limite a anunciar obras: también debe informar qué resultados han arrojado los análisis, cuáles son las causas identificadas de la mala calidad del agua y qué medidas garantizan que el líquido distribuido sea seguro.

La administración estatal anunció el cierre del abasto procedente de Las Pintas, la modernización de Miravalle y la construcción de un acueducto sustituto. Sin embargo, las medidas implican ajustes en el suministro y no representan una solución inmediata para todos los hogares afectados.

La protesta dejó así dos exigencias centrales para el gobierno de Jalisco: resolver la crisis del agua con información pública verificable y esclarecer si hubo abusos durante la respuesta policial. Mientras avanzan las investigaciones, los habitantes necesitan plazos concretos, resultados de laboratorio accesibles y garantías de que el agua que llega a sus casas cumple con los criterios de calidad.