El capital construye casas cuando le rinden al menos lo que otro negocio, sin importar cuánta gente las necesite.
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¿Alguna vez te has preguntado por qué, en algunas colonias de la Ciudad de México (CDMX), basta con abrir la llave para tener agua, mientras que en otras miles de familias deben esperar durante días la llegada de una pipa? ¿Por qué algunos tienen hospitales, escuelas, parques y espacios culturales a unos minutos de sus casas, mientras que otros deben recorrer grandes distancias para acceder a ellos? Aunque todos vivimos en la misma ciudad, no todos tenemos el mismo acceso a los servicios y recursos indispensables para vivir dignamente. Y es que, dependiendo de la colonia en que vivimos, nuestra calidad de vida puede ser muy distinta. Pero, ¿por qué hemos normalizado estas desigualdades?
Estas preguntas no son nuevas. Desde 1968, el filósofo marxista francés Henri Lefebvre planteó una idea que sigue tan vigente como en aquellos años, y es lo que él llamó “el derecho a la ciudad”. ¿Qué significa esto? Que “la ciudad” no debe organizarse únicamente en función de los negocios y las ganancias del capital, de los intereses inmobiliarios o las necesidades de unos cuantos empresarios, sino de todos los que viven en ella. No se trata solamente de vivir o sobrevivir en ella, sino de garantizar el acceso al agua, transporte, escuelas, hospitales y demás servicios indispensables para vivir dignamente. Pero Lefebvre fue más allá: pues también planteó que sus habitantes deben tener la posibilidad de participar políticamente en las decisiones sobre cómo se organizan y se distribuyen los recursos de la ciudad.
En la CDMX, el reconocimiento de este derecho no fue una concesión generosa de los gobernantes, sino el resultado de años de luchas sociales de organizaciones populares y colectivos que exigieron mejores condiciones de vida. Estas luchas contribuyeron a que este derecho fuera reconocido en el Artículo 12° de la Constitución capitalina desde 2017. Reconocer esta historia es importante, porque los derechos no surgen de la nada, sino de la lucha social. Sin embargo, reconocer a quienes hicieron posible esta conquista no significa que les pertenezca de manera exclusiva. Ningún gobierno, partido político u organización puede reclamar como patrimonio propio un derecho que, por definición, es de todas y todos.
Pero que un derecho esté reconocido en la Constitución no significa que se cumpla en la realidad. En la CDMX, el acceso a los servicios básicos permanece desigual. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2026, apenas el 55.1 por ciento de la población estaba satisfecha con el servicio de agua. Tampoco la seguridad se vive de la misma manera, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en septiembre de 2026, el 67 por ciento de los habitantes adultos de Iztapalapa consideraba inseguro vivir en su alcaldía, frente al 13.8 por ciento en Benito Juárez.
Esta desigualdad también se manifiesta en el acceso a la cultura. Según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, la alcaldía Cuauhtémoc concentra 98 museos, mientras que Iztapalapa, con una población mayor, cuenta con apenas 15. En el caso de los teatros, la diferencia es todavía mayor, 62 frente a tres. Y algo semejante debemos examinar respecto a la distribución de parques, canchas deportivas, hospitales y escuelas. Tenemos un derecho reconocido en el papel, pero todavía lejos de aplicarse efectivamente para todos.
Frente a esta realidad, es necesario dar el siguiente paso, el de disputar políticamente este derecho. ¿Por qué? Porque decidir dónde se construye un hospital, qué colonias reciben mejores servicios, dónde se amplía y mejora el transporte público o cómo se distribuye el presupuesto no son decisiones meramente técnicas, sino políticas y de clase. Lo mismo ocurre con la vivienda, ¿dónde se construye y para quién? ¿Por qué se busca agilizar los permisos para proyectos inmobiliarios, mientras la respuesta a las necesidades de vivienda popular es insuficiente? Detrás de estas decisiones existen intereses económicos, prioridades gubernamentales y distintas maneras de entender para quién debe funcionar la ciudad. Por eso, hacer efectivo este derecho exige participación, organización y disputa de las decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos públicos.
Por eso, la lucha por el derecho a la ciudad no termina con el reconocimiento legal. Es necesario que se traduzca en mejores condiciones de vida para quienes habitamos la capital, especialmente para aquellos que, durante décadas, hemos sido olvidados. No se trata de pedir privilegios ni favores a los gobernantes, sino de exigir el cumplimiento de un derecho que pertenece a todos. Porque una ciudad verdaderamente justa no puede ser aquella donde unos cuantos tienen acceso a todo, mientras millones debemos luchar por lo indispensable.
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Escrito por Dante Montaño Brito
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.