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Deportes
El deporte en el PEF 2027
Mientras el Estado mexicano conciba el deporte únicamente como un escaparate de medallas cada cuatro años y no como una política estructural de bienestar social, la LGCFD seguirá siendo letra muerta para miles de comunidades.


La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados ‒un monto de 10.636 billones de pesos‒ coloca una de las contradicciones más persistentes de la administración pública sobre la mesa: la distancia abismal entre lo ordenado en nuestras leyes y lo que realmente se financia con el dinero público. En el ámbito de la cultura física y el deporte, esta desigualdad no sólo compromete el desarrollo competitivo del país, sino que vulnera un derecho humano consagrado en el Artículo 4° de la Constitución.

A primera vista, los números parecen un respiro. Para el ejercicio fiscal 2027, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene un presupuesto de dos mil 743 millones de pesos, un incremento de 179.4 millones respecto al año anterior. Con ello se proyecta ampliar ligeramente el padrón de becas de alto rendimiento y respaldar a las delegaciones nacionales rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima y la antesala olímpica de Los Ángeles 2028. Sin embargo, cuando se observa la magnitud del gasto total del Gobierno Federal, la cifra revela su verdadera dimensión: el presupuesto del organismo rector del deporte mexicano representa menos del 0.03 por ciento del gasto total neto, lo equivalente a una inversión anual de apenas 21 pesos por cada mexicano.

El problema de fondo, no obstante, va más allá de la escasez; radica en el diseño institucional y en la ausencia de compromisos vinculantes. Al analizar el decreto aprobado por los legisladores, se observa que no existe un solo peso etiquetado exclusivamente para la construcción o rehabilitación de infraestructura deportiva pública. Además, las reservas presentadas en el Pleno para garantizar recursos a obras estratégicas, como un Centro Paralímpico de Alto Rendimiento, fueron desechadas. Todo queda sujeto a la discrecionalidad administrativa en las reglas de operación descritas por el programa global que, por inercia y urgencia del ciclo olímpico, inevitablemente prioriza el gasto corriente y las competencias de élite por encima de la obra física comunitaria.

Aquí es donde el presupuesto choca de frente con el marco jurídico. Los Artículos 91° al 96° de la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) establecen que las instalaciones deportivas públicas son de utilidad pública y obliga a los tres órdenes de gobierno a planear, construir y conservar espacios bajo estrictas Normas Oficiales Mexicanas y criterios de accesibilidad universal. Pero la propia ley contiene una trampa financiera: traslada definitivamente la obligación del mantenimiento preventivo y correctivo a los estados y municipios receptores, pero no los dota con transferencias federales etiquetadas para cumplir este mandato.

El resultado de este federalismo desigual es visible en casi cualquier municipio del país. Obligados por ley a mantener vivas sus unidades deportivas, pero abandonados presupuestalmente por la Federación, los ayuntamientos se ven forzados a elegir entre desviar recursos de fondos de infraestructura social o seguridad pública, o bien recurrir al cobro de cuotas de recuperación y concesiones parciales a ligas privadas. En los hechos, la falta de presupuesto federal está empujando a una privatización funcional de espacios que deberían ser gratuitos y con acceso universal. Tampoco los estímulos fiscales, como el Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (Efideporte), resuelven esta brecha porque están diseñados bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta exclusivamente para infraestructura “altamente especializada” de alto rendimiento, dejando en total abandono las canchas barriales, parques y centros comunitarios donde viven los desprotegidos del país.

Esta realidad resulta incluso más grave cuando se contrasta con las directrices internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de su Carta Internacional, la iniciativa Fit for Life y la Organización Mundial de la Salud han insistido en que la actividad física es la herramienta más rentable de salud pública preventiva. En un país que ocupa los primeros lugares mundiales en obesidad y enfermedades crónico-degenerativas asociadas al sedentarismo, recortar u omitir la inversión para entornos deportivos accesibles no representa un ahorro, sino un problema a corto plazo para el sistema de salud pública.

Mientras el Estado mexicano conciba el deporte únicamente como un escaparate de medallas cada cuatro años y no como una política estructural de bienestar social, la LGCFD seguirá siendo letra muerta para miles de comunidades. Para cerrar esta brecha, el Congreso de la Unión tiene una deuda pendiente: reformar la legislación para establecer un porcentaje mínimo e irreductible del presupuesto federal destinado a un fondo nacional de infraestructura deportiva municipal. De lo contrario, se legislarán derechos de primer mundo con presupuestos de país subdesarrollado.

Los deportistas deben entender esta contradicción para que se organicen y luchen con la finalidad de resolver esta problemática en favor del deporte popular. 


Escrito por Lizeth Castillo

Promotora del deporte popular en Guerrero.


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