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Economía
Desahuciada conforme a derecho
El capital construye casas cuando le rinden al menos lo que otro negocio, sin importar cuánta gente las necesite.


El 23 de septiembre, una comisión judicial desalojó de su departamento en Madrid a María del Carmen Abascal, Maricarmen, de 87 años. Salió en camilla. Vivía ahí desde 1956. El contrato, de renta antigua, estaba a nombre de su padre. Al morir éste pasó a su madre, y cuando ella falleció, en 2005, a Maricarmen. Pagaba unos 500 euros al mes.

¿Por qué la sacaron? La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que fue extinguiendo las rentas antiguas, permitía a un hijo heredar uno de esos contratos, por regla general, sólo por dos años. Su contrato terminó en 2007, aunque le siguieron cobrando la renta. En 2018 el edificio pasó a Renta Corporación y el piso, a Urbagestión, que la demandó y ganó: en 2023, el Tribunal Supremo dejó firme la sentencia. Urbagestión le pidió mil 650 euros mensuales, más que su pensión. Maricarmen murió el siete de octubre sin haber vuelto, días después de que la empresa aceptara su regreso.

El caso avivó las protestas. Presionadas por los sindicatos de inquilinos, las grandes centrales, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, convocaron con ellos y otras organizaciones de izquierda independiente, el 11 de noviembre, a su primera huelga general desde 2012. Se coreó “que bajen los alquileres” y “que suban los salarios”. Las dos consignas van juntas: el Manifiesto del Partido Comunista advertía que, apenas el obrero cobra su salario, caen sobre él otros burgueses, como el casero, y Marx llamó a eso explotación secundaria, paralela a la que sufre en el trabajo. Según el Banco de España, el 20.2 por ciento de los hogares renta, 6.3 puntos más que en 2007. Entre los hogares de menores de 30 años, los que rentan son mayoría: 54.7 por ciento, 15.4 puntos más. En 2024, uno de cada tres hogares que rentan destinaba más del 30 por ciento de su ingreso al alquiler.

El banco central calcula que se construyen menos casas de las que se forman hogares, y entre las causas menciona “la menor rentabilidad” de la construcción residencial frente a otras actividades. El capital construye casas cuando le rinden al menos lo que otro negocio, sin importar cuánta gente las necesite. Mientras escasean, las existentes se vuelven inversión: en 2025, la vivienda se encareció 12.7 por ciento.

Por eso no basta señalar a los “fondos buitre”, como llaman en España a quienes compran edificios habitados para vaciarlos. La renta la cobra una capa más amplia de propietarios: según el gobierno, más de la mitad de las viviendas que alquilan particulares son de caseros que rentan dos o más. Más que un especulador, a Maricarmen la expulsó una ley económica: la casa se produce y se reparte como mercancía. Urbagestión no violó la ley, la aplicó.

Ni el gobierno ni la oposición salieron de esa lógica. Casa 47, entidad del gobierno, ofreció a Urbagestión mil euros mensuales: Maricarmen pondría sus 500 y el Estado pagaría el resto al casero. La empresa lo rechazó. Tras el desahucio, el gobierno publicó dos decretos que prorrogaban contratos y topaban rentas; la derecha los derogó en el Congreso, el gobierno los reeditó y el 12 de noviembre se salvó por un voto el llamado “decreto Maricarmen”, que prohíbe hasta 2030 desahuciar a vulnerables sin alternativa. Lenin, siguiendo a Marx, definió al Estado como “un órgano de dominación de clase”, cuyo orden “legaliza y afianza” esa dominación. Engels advirtió en 1872 que, mientras exista el modo de producción capitalista, es absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda.

El 29 de noviembre España elegirá entre dos recetas. La derecha promete construir más y bajar impuestos para hacer más rentable el negocio, y el capital construye para quien puede pagar. El PSOE y las fuerzas a su izquierda prometen regular el alquiler y ampliar la vivienda pública. Pero con su ley vigente, que sólo topa rentas donde lo piden las regiones, los alquileres nuevos subieron 8.8 por ciento en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Ninguna receta toca la raíz: la casa como propiedad privada que debe rendir ganancia.

En la OCDE, el precio real de la vivienda subió 37 por ciento en una década y 16 por ciento frente a los ingresos, según el Fondo Monetario Internacional. Una relatora de la ONU lo llamó financiarización: la vivienda como activo para acumular riqueza. México ensaya las dos recetas. El Gobierno Federal promete construir 1.8 millones de viviendas, que los trabajadores pagarán a crédito. En la capital, cuyo gobierno estima que unas 20 mil familias son expulsadas cada año, Clara Brugada propuso en octubre multar a quien suba la renta por encima de la inflación, defendiendo el derecho del propietario a “una renta razonable por su propiedad”, aunque no a especular.

La ley puede ponerle riendas al casero, pero no deja de servir al capital. A Maricarmen la desahuciaron conforme a derecho. 


Escrito por Níobe Enciso

Economista egresada de la UNAM. Maestra en Economía por El Colegio de México. Coordinadora de la licenciatura en Economía de la División de Ciencias Económico–Administrativas de la UACh.


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