Facebook, propiedad de Meta, deberá pagar una multa de 7.5 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 1.3 millones de dólares, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil le impusiera una multa por incumplir órdenes judiciales relacionadas con una investigación sobre el presunto trato desigual en la distribución y el alcance de contenidos políticos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

La sanción fue aprobada por unanimidad, luego de analizar una denuncia presentada por la coalición Brasil Pronto Pra Mais, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El grupo señaló posibles restricciones en la difusión de publicaciones, la presencia de perfiles presuntamente falsos y deficiencias en la identificación de contenidos generados mediante inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el Tribunal, la empresa presentó documentos para acreditar las acciones realizadas en respuesta a los requerimientos judiciales. Sin embargo, el análisis identificó retrasos, información incompleta y dificultades para comprobar que las disposiciones hubieran sido atendidas en tiempo y forma.

El ministro Marco Aurélio Bellizze, ponente del caso, explicó que la multa no corresponde a la suma de infracciones individuales, sino a una evaluación general de la conducta de Facebook frente a las órdenes emitidas por las autoridades electorales.

Facebook entregó información incompleta al Tribunal Electoral de Brasil

Entre los principales señalamientos contra la plataforma se encuentra el incumplimiento de los plazos establecidos por las autoridades. Según Bellizze, Facebook fijó sus propios tiempos de respuesta y entregó información fragmentada, incluso en otros idiomas, lo que dificultó verificar si había cumplido las disposiciones antes de que concluyera la segunda vuelta electoral.

El magistrado también señaló que los documentos proporcionados por la compañía no permitieron comprobar que las deficiencias detectadas en sus herramientas digitales hubieran sido corregidas por completo.

Aunque reconoció que Facebook implementó algunas medidas para atender los problemas identificados, consideró que sus explicaciones fueron insuficientes para demostrar un cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

"Si bien la empresa ha tomado medidas para corregir las deficiencias de la herramienta, la información proporcionada se limita a declaraciones genéricas de igualdad, insuficientes para garantizar un cumplimiento sustancial de la resolución", sostuvo.

No obstante, el ministro aclaró que los fallos técnicos reconocidos por la compañía no constituyen pruebas suficientes para afirmar que existió una intención de favorecer a alguna candidatura o modificar los resultados electorales. Para sostener una acusación de esa naturaleza, explicó, serían necesarias pruebas sólidas.

TSE permite revisar documentos de Meta, pero protege sus secretos comerciales

Como parte del procedimiento, el Pleno del Tribunal autorizó a la coalición denunciante consultar los documentos presentados por Facebook para demostrar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Sin embargo, mantuvo bajo confidencialidad los informes que describen los filtros de Meta AI y los parámetros utilizados para identificar contenidos generados mediante inteligencia artificial.

El organismo justificó esta decisión al considerar que los detalles técnicos sobre el funcionamiento de estas herramientas constituyen secretos comerciales y, por tanto, deben permanecer protegidos.

Magistrado alerta sobre el poder de las plataformas digitales en las elecciones

Durante su intervención, Bellizze advirtió sobre la creciente influencia de las grandes empresas tecnológicas en los procesos democráticos, debido a que sus algoritmos determinan qué contenidos tienen mayor visibilidad y cómo acceden los usuarios a la información política.

También destacó que la libertad del voto no se limita al derecho de elegir a una candidatura, sino que requiere condiciones que permitan a las personas formar sus propias opiniones sin interferencias indebidas.

"La libertad de expresión garantiza el derecho a participar en el debate público, mientras que la autonomía de la voluntad protege la libertad de formarse convicciones y tomar decisiones. Ambas son indispensables para la democracia y ninguna puede pasarse por alto en la regulación del entorno electoral digital", afirmó.

Finalmente, el ministro sostuvo que el poder informativo de las empresas tecnológicas debe mantenerse dentro de los límites constitucionales para proteger la soberanía popular, el pluralismo político y la autonomía de los votantes.