El gobierno de Alejandro Armenta prometió limpiar el viejo basurero de Cholula, pero el arranque de los trabajos quedó marcado por una denuncia de contaminación: vecinos de San Diego Cuachayotla grabaron una pipa que descargaba líquidos en el drenaje público, presuntamente lixiviados del relleno sanitario.

La denuncia pone en entredicho la remediación que el gobierno estatal asumió después de que la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza incumpliera los acuerdos de marzo de 2026, lo que provocó un plantón de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua y el bloqueo de la carretera Cholula-Huejotzingo.

El SOSAPACH negó que el líquido descargado fuera lixiviado y sostuvo que se trataba de aguas residuales recolectadas durante trabajos de desazolve. Sin embargo, reconoció que una de sus unidades extrajo lixiviados del confinamiento ese mismo día y aseguró que fueron trasladados a una planta de tratamiento especializada.

El organismo no identificó el nombre de esa planta ni presentó documentos que acrediten el traslado y tratamiento de los residuos.

Los pueblos exigen conocer el destino de los lixiviados y advierten que podrían terminar en el río Atoyac. También denuncian que las autoridades no han detenido las filtraciones, pese a que la Profepa ordenó medidas urgentes desde abril de 2024.

Los inconformes aseguran que llevan dos años y ocho meses exigiendo una solución y estiman que todavía hay más de 400 mil litros de lixiviados acumulados en el sitio.

El gobierno estatal también debe cumplir con el retiro de los lixiviados, el desmantelamiento de la maquinaria de tratamiento y el relleno del socavón provocado por una ampliación fallida, cuya conclusión está prevista para marzo de 2027.