La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no cierra el escándalo: lo profundiza. La funcionaria dejó el cargo el 26 de octubre entre las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos. Su salida, aunque formalmente “voluntaria”, ocurrió bajo la presión oficial que terminó por hacer insostenible su permanencia.

El problema no radica únicamente en Taddei. Lo verdaderamente grave deriva de que la institución encargada de garantizar elecciones libres y equitativas atraviesa una crisis interna justo cuando el país se perfila hacia los comicios de 2027 cuando se elijan 17 gubernaturas, diputados y senadores. El árbitro que debe ofrecer certeza a todos los partidos llegará debilitado, con cuestionamientos sobre su conducción y con la obligación de demostrar que sus decisiones no responden a intereses particulares del Gobierno Federal.

Las cifras y los señalamientos exigen atención. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició investigaciones sobre contratos del INE por presuntas irregularidades. Entre los casos reportados, figura uno relacionado con empresas vinculadas al proveedor José Alfredo Hernández Casillas, sobre quien se investigan operaciones por 514 millones de pesos (mdp). También se ha señalado un contrato de mil 173 mdp para la producción de credenciales de elector. Son asuntos distintos y no debe confundirse el monto de un contrato con dinero desviado o daño patrimonial comprobado. Pero las autoridades fiscalizadoras deben esclarecer cuánto se gastó.

Si se confirma el tráfico de influencias, el abuso de poder o el uso irregular de recursos públicos, no bastará la salida de la ahora expresidenta del INE; deberán responder todos los funcionarios y particulares involucrados.

Pero la crisis tampoco nació de la nada. Durante la gestión de Taddei se acumularon cuestionamientos sobre nombramientos, decisiones administrativas y la relación con personas cercanas a proveedores del Instituto. El problema es fundamentalmente institucional: cuando las sospechas alcanzan a quienes dirigen al árbitro, la confianza pública queda comprometida.

Y ese descrédito también tiene consecuencias políticas para Morena y para la Presidenta. Taddei encabezó el INE durante una etapa decisiva para el oficialismo, marcada por las elecciones presidenciales de 2024 y por las controversias sobre la reforma electoral y la autonomía de las instituciones.

Sheinbaum ha planteado la revisión de los contratos y el esclarecimiento de las posibles irregularidades. Esa exigencia debe traducirse en investigaciones transparentes, sin excepciones ni protección política. Si el gobierno pide cuentas, también debe aceptar que el resultado de las auditorías sea público y que las responsabilidades se determinen con pruebas, no mediante declaraciones para administrar el escándalo.

La pregunta de fondo, sin embargo, rebasa la dimisión de Taddei: ¿quién ocupará la presidencia definitiva del INE y con qué independencia ejercerá el cargo? Por ahora, Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta provisional por unanimidad del Consejo General. La Cámara de Diputados deberá elegir a quien complete el periodo correspondiente. En esa decisión se arriesga mucho más que un nombramiento administrativo: está en juego la conducción de una autoridad que organizará las elecciones de 2027.

Aquí surge una hipótesis que no debe descartarse: la crisis será aprovechada para colocar al frente del organismo a una figura más cercana al oficialismo, menos dispuesta a confrontarlo y más vulnerable a las presiones políticas. No hay elementos suficientes para afirmar que la renuncia fue provocada deliberadamente con ese propósito, pero el contexto obliga a vigilar el proceso de sucesión y a exigir que se realice con criterios autónomos, capacidad e imparcialidad.

La independencia del árbitro será fundamental: cada candidatura, fiscalización, impugnación y resultado deberá resolverse con reglas claras, sin ventajas para el partido gobernante ni obstáculos para la oposición.

Un INE debilitado por sus conflictos internos y encabezado por una persona sometida a intereses partidistas sería un riesgo para todos. No porque necesariamente vaya a favorecer a Morena, sino porque cualquier decisión suya quedaría bajo sospecha. La democracia no depende únicamente de contar los votos, sino de que los contendientes acepten las reglas y tengan razones para confiar en ellas.

En 2027, el país necesitará un árbitro independiente, no uno que deba su cargo a quienes compiten por el poder. Por el momento, querido lector, es todo.