El domingo pasado, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para exigir algo tan elemental como agua limpia. Llevan meses recibiendo en sus hogares agua cada vez más que turbia, de mal olor y cuya calidad ha despertado serias preocupaciones. La respuesta del gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, incluyó un pésimo operativo policial que terminó en represión violenta y decenas de detenidos. Sin embargo, sería un error pensar que esta crisis comienza o termina en Jalisco. En México, millones de familias de colonias populares, periferias urbanas y comunidades rurales llevan décadas viviendo entre tandeos, pipas, cortes recurrentes y agua de mala calidad. Pero si el acceso al agua es un derecho universal, ¿por qué disponer de ella “limpia, suficiente y todos los días” depende todavía del lugar donde vivimos y de cuánto dinero tenemos?

El verdadero problema es que, en México, la crisis del agua tiene una larga historia de desigualdad que hemos normalizado. Mientras su escasez en las grandes ciudades provoca preocupación pública y ocupa titulares de periódicos y noticieros, en las colonias populares, periferias urbanas y pueblos campesinos, millones de personas llevan décadas padeciendo este problema en silencio. Ahí, depender de pipas, recibir agua por tandeo o pasar días enteros sin una gota en la llave forman parte de la vida cotidiana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 apenas el 53.4 por ciento de la población contaba con suministro diario de agua en su vivienda. Es decir, para millones de mexicanos, la crisis no es una situación extraordinaria ni reciente, sino una condición permanente de vida que históricamente ha recibido poca o nula atención de los gobiernos de todos los partidos.

Pero esta desigualdad no es casual. El acceso al agua es profundamente político. Dónde se construye infraestructura, cuánto se invierte en mantenerla y qué sectores de la población reciben atención prioritaria. Mientras algunas zonas cuentan con mejores redes de abastecimiento y servicios, en otras ni siquiera está garantizado que el agua llegue con regularidad y con calidad. Además, cuando el suministro falla, las consecuencias tampoco son iguales, pues quienes tienen recursos económicos, pueden encontrar alternativas, mientras las familias más pobres deben resolver como puedan. En un país con profundas desigualdades económicas, recibir agua limpia, suficiente y todos los días, más que un derecho garantizado, es un privilegio de clase.

Pero esta desigualdad no es producto de la casualidad, proviene de decisiones políticas concretas. El Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional comparten una responsabilidad histórica, pero tampoco la llegada de Morena y MC ha conseguido revertir este problema. Y lo ocurrido en Guadalajara exhibe las contradicciones de esta supuesta “nueva política”; a saber: un gobierno que no logra garantizar agua limpia, pero que paradójicamente reprime la protesta social con chorros de agua a presión. Porque cambiar de colores, renovar rostros y hacer campañas electorales “fosfo fosfo” o con canciones “pegajosas” no hace a un gobierno diferente. La verdadera transformación no se mide en discursos, eslóganes ni estrategias de mercadotecnia, sino en las condiciones materiales de vida de la gente.

Frente a este panorama, resulta necesario recuperar el papel de la organización popular, porque las necesidades de las colonias pobres, las periferias urbanas y los pueblos campesinos no deben ser ignoradas hasta que los problemas alcancen a los sectores más acomodados. Hace falta que las colonias, los barrios y los pueblos nos organicemos para convertir una necesidad cotidiana en una exigencia colectiva capaz de demandar soluciones reales y vigilar su cumplimiento. Después de todo, se trata de un recurso indispensable para la vida, no de una mercancía cuya disponibilidad deba quedar subordinada a las desigualdades económicas. Es decir, lo que hoy funciona como privilegio de unos, debe convertirse en un derecho efectivo para todos.