Barcelona se convirtió el miércoles 11 de noviembre en el epicentro de las protestas contra la crisis de vivienda que atraviesa España. Miles de personas abarrotaron el paseo de Gràcia durante una multitudinaria manifestación convocada como parte de una huelga general de 24 horas para exigir alquileres accesibles, mejores salarios y medidas contra la especulación inmobiliaria.

Con llaves en alto, pancartas y consignas como «¡Vivir! No sobrevivir», los manifestantes recorrieron el centro de la capital catalana en una movilización que reunió a sindicatos, organizaciones de inquilinos, estudiantes, familias y colectivos sociales.

La protesta, impulsada por el Sindicat de Llogateres y respaldada por organizaciones sindicales como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), se extendió a distintas ciudades del país y representó la primera huelga general española en 14 años.

Sin embargo, la dimensión de la movilización abrió una disputa por las cifras. La Guardia Urbana de Barcelona contabilizó 55 mil asistentes, mientras que los organizadores estimaron la participación en 400 mil personas. 

La vivienda, el detonante de la huelga general

La movilización respondió al encarecimiento de los alquileres, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de amplios sectores de la población para acceder a una vivienda, incluso cuando cuentan con un empleo.

La convocatoria no se limitó a las reivindicaciones laborales tradicionales. Los sindicatos y organizaciones sociales vincularon las condiciones de trabajo con el derecho a la vivienda, al considerar que los salarios resultan insuficientes frente al aumento del costo de vida y las rentas inmobiliarias.

Uno de los casos que impulsó el descontento fue el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada el 23 de septiembre de su vivienda en Madrid, donde había vivido durante 71 años. Tras ser trasladada a un hospital, falleció el 7 de octubre, luego de permanecer 15 días hospitalizada.

Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contribuyó a extender las protestas que precedieron a la huelga nacional.

Entre las principales demandas de los convocantes figuran la regulación de los alquileres, medidas contra la especulación inmobiliaria, protección frente a los desahucios y mejores condiciones salariales. También reclamaron que el costo de la vivienda no absorba una proporción excesiva de los ingresos de las familias trabajadoras.

CCOO y UGT reportaron niveles de participación superiores al 80 por ciento en Cataluña y Andalucía, mientras que en otras comunidades las cifras fueron menores.

La movilización en Barcelona transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, pero al concluir comenzaron los incidentes en distintas zonas del centro de la ciudad.

La crisis de vivienda llega al centro de la disputa política

La huelga se produjo en un momento decisivo para la política española, a pocos días del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este jueves 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso debía votar dos decretos impulsados por el Gobierno para atender la crisis habitacional y reforzar la protección de personas vulnerables frente a los desahucios.

Las medidas habían sido aprobadas por el Ejecutivo en octubre, tras el caso de Maricarmen Abascal, pero necesitaban la convalidación parlamentaria para mantenerse vigentes.

De esta manera, la movilización del 11 de noviembre colocó la vivienda en el centro de la confrontación política y electoral, con sindicatos y organizaciones sociales que exigen respuestas frente al encarecimiento de las rentas y la precariedad económica.

El mensaje de las calles fue contundente: tener empleo ya no garantiza poder pagar una vivienda y, para miles de personas en España, acceder a un hogar digno se ha convertido en una de las principales exigencias sociales.