Una protesta para exigir agua limpia terminó con manifestantes golpeados, detenidos y sometidos a un uso excesivo de la fuerza policial. En la manifestación participaron estudiantes, trabajadores, amas de casa y niños que reclamaban el acceso al agua sin riesgos para su salud. La policía utilizó gas lacrimógeno y chorros de agua a presión. El gobernador reconoció posteriormente el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustificadas.

La violencia no terminó con la dispersión de la protesta. Hubo personas perseguidas, golpeadas mientras eran sometidas y trasladadas a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador; algunas salieron con heridas en la cabeza y sangre en la ropa. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que dentro de la residencia se cometieron actos de tortura física y psicológica.

Estos hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2026, en Guadalajara, Jalisco, durante una protesta reprimida por la policía estatal del gobierno de Pablo Lemus, gobernador de dicho estado. En el operativo participaron principalmente policías estatales, además de bomberos estatales y municipales. La Secretaría de Seguridad anunció investigaciones contra 17 policías por posibles abusos. Sin embargo, también debe esclarecerse quién autorizó y dirigió el operativo y quién ordenó utilizar gas lacrimógeno y chorros de agua a presión contra los manifestantes.

Para comprender el conflicto, es necesario conocer también las causas de la protesta. El problema del agua en Guadalajara no es reciente; las quejas y denuncias no empezaron en octubre. Desde hace años, habitantes han denunciado que reciben agua con mal olor y sedimentos. La contaminación de las fuentes de abastecimiento, las tuberías deterioradas y las fallas en las plantas que limpian el agua forman parte de la crisis que las autoridades aún no resuelven. Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco desde 2018: primero con Enrique Alfaro y ahora con Pablo Lemus. Después de un sexenio completo y casi dos años del segundo gobierno, el problema sigue sin resolverse. El propio Lemus reconoció que durante años faltaron inversiones para modernizar las instalaciones que potabilizan el agua.

Dentro de las causas se encuentran también determinados intereses, que no son los mismos para toda la gente. En el caso de las familias, el agua es indispensable para vivir. Para las empresas agrícolas o industriales, es necesaria sobre todo para producir y obtener ganancias. Dicho sea de paso, al considerar las soluciones a la crisis, debemos preguntarnos quiénes se beneficiarán económicamente de ellas y si realmente se atenderán las necesidades del pueblo. En este mismo sentido, debemos preguntarnos quiénes convocan a las manifestaciones, quiénes las promueven y qué buscan conseguir, porque puede ocurrir que algunos grupos aprovechen el descontento de la población para adquirir solamente beneficios propios, sin interesarse en el beneficio común. Estas cuestiones merecen investigarse, pero el problema en que se centra este texto es la respuesta de las autoridades. Independientemente de quién organice una protesta, sus participantes tienen derecho a manifestarse y a no sufrir agresiones o detenciones injustificadas.

Es importante saber qué policías agredieron a los manifestantes, pero también quiénes les dieron las órdenes y quiénes permitieron esas agresiones. Los policías formaban parte de un operativo organizado por las autoridades y tenían superiores a quienes rendir cuentas. Si las investigaciones se limitan a los agentes que golpearon y detuvieron a las personas, podrían quedar sin esclarecer las responsabilidades de quienes dirigieron el operativo. Pero también debemos preguntarnos por qué las instituciones del Estado pueden llegar a utilizarse contra la población que reclama sus derechos.

Que los policías hayan recibido órdenes no significa que dejen de ser responsables de sus actos. Hay aquí, además, una contradicción importante: los policías también viven de su salario y pueden enfrentar problemas semejantes a los de quienes protestan. También necesitan agua limpia, servicios públicos y condiciones dignas de vida. ¿Por qué, entonces, terminan empleando la fuerza contra personas con las que comparten esas necesidades? Una posible explicación es que temen perder su empleo si desobedecen o bien que perciben a los manifestantes como una amenaza al orden que deben mantener, en vez de reconocer el derecho a la protesta. Pero estas razones no justifican la agresión.

El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de toda la población, incluido el derecho a manifestarse. Sin embargo, en Guadalajara ocurrió lo contrario: quienes salieron a exigir agua limpia fueron reprimidos por las autoridades supuestamente encargadas de protegerlos. Esto muestra que no basta con que un derecho esté reconocido por la ley, porque en los hechos las personas pueden ser golpeadas o detenidas por exigir el cumplimiento de sus derechos.

Además, no todos tienen las mismas posibilidades de conseguir que las autoridades atiendan sus demandas. Quienes tienen dinero, influencia o contactos políticos cuentan con medios de presión que muchas familias trabajadoras no poseen. Para estas últimas, organizarse y manifestarse puede ser una de las pocas maneras de conseguir que sus problemas sean escuchados. La represión puede impedirles precisamente ejercer esa forma de participación.

La violencia policial puede servir también como advertencia para quienes no han participado en una protesta. Si salir a exigir agua limpia significa arriesgarse a una detención o a sufrir tortura, algunas personas podrían dejar de participar en nuevas protestas. De este modo, la represión puede disuadir a la gente de manifestarse y, con ello, debilitar la organización colectiva, dificultando que la población consiga resolver los problemas que la llevaron a protestar.

Pero ¿por qué un gobierno puede reprimir o mandar reprimir a quienes se organizan para exigir mejores condiciones de vida? ¿No se supone que el Estado debe representar los intereses de toda la población? A este respecto, Marx explicó que el Estado no está por encima de los conflictos entre las clases sociales y que generalmente contribuye a mantener el poder de las clases económicamente dominantes. Una de las funciones de sus instituciones, como la policía y el ejército, es mantener el orden existente, incluso cuando ese orden perjudica a una parte de la población. Por eso, cuando las personas se organizan para exigir cambios, sus demandas pueden entrar en conflicto con las decisiones de las autoridades y los intereses que estas protegen. En lugar de atender esas exigencias, los gobiernos pueden recurrir a la fuerza policial para contener las protestas.

El fenómeno de la represión y la violencia política tiene una larga historia en México. De acuerdo con las investigaciones de la historiadora Adela Cedillo, durante la llamada Guerra Sucia, entre las décadas de 1960 y 1980, el gobierno mexicano persiguió violentamente a movimientos políticos y organizaciones que se oponían a él. Los cuerpos de seguridad, los organismos de inteligencia y las fuerzas militares participaron en detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de integrantes de organizaciones guerrilleras y de personas ajenas a la lucha armada. Aquella violencia no fue simplemente el resultado de los abusos aislados de policías o militares: estas prácticas fueron organizadas y ejecutadas desde instituciones del Estado. La represión tampoco terminó con la Guerra Sucia. Años después, movimientos campesinos, estudiantiles y de trabajadores siguieron enfrentando distintas formas de violencia estatal. Aunque las condiciones de cada época son diferentes, esa historia muestra por qué es necesario investigar no solamente a quienes cometieron las agresiones, sino también a las autoridades que las ordenaron o permitieron.

A este respecto, Pablo Lemus reconoció los abusos policiales, mientras Claudia Sheinbaum condenó los hechos y solicitó una investigación. Pero no basta con reconocer los abusos ni con anunciar investigaciones; es indispensable que éstas esclarezcan la responsabilidad de quienes participaron en las agresiones y de los superiores que dirigieron el operativo, y que se apliquen las sanciones legales que correspondan.

La cuestión, sin embargo, no se agota en las sanciones, pues éstas no resuelven el problema que dio origen a la protesta. La represión puede conseguir que las manifestaciones disminuyan mientras las demandas de la población siguen sin ser atendidas. Así, un gobierno puede contener el descontento sin solucionar sus causas.

Por eso, además de investigar las agresiones y los intereses que intervienen en el conflicto, es necesario garantizar que las personas puedan organizarse y manifestarse sin temor a sufrir represalias. Frente a la represión, es necesario exigir responsabilidades y fortalecer la organización colectiva. En Jalisco deben garantizarse tanto el acceso al agua limpia como el derecho a manifestarse para exigirlo. Las agresiones contra quienes protestan no deben servir para silenciar sus demandas. Por otro lado, es necesario fortalecer la organización colectiva. Las demandas de los distintos sectores de la población no tienen por qué ser las mismas, pero tampoco deben permanecer aisladas. La defensa de los derechos y la solidaridad frente a los abusos de las autoridades son intereses que pueden unir a quienes enfrentan problemas diferentes pero que tienen una misma raíz en el sistema económico capitalista. La fuerza de la población para hacer valer sus derechos depende también de su capacidad para reconocer como propias las injusticias que sufren otros.