El agua es indispensable para la vida y para producir alimentos, energía y mercancías. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2024, alrededor de dos mil 100 millones de personas carecían de servicios de agua potable gestionados de forma segura. La paradoja merece una explicación científica: ¿cómo puede existir un ciclo natural que renueva el agua y, al mismo tiempo, poblaciones enteras sin acceso suficiente a ella?

Aunque el agua circula entre océanos, atmósfera, ríos y suelos, no toda está disponible para beber o cultivar. La lluvia se distribuye desigualmente y parte de ella tarda años en infiltrarse hasta los acuíferos. Cuando las extracciones subterráneas superan persistentemente la recarga, disminuyen las reservas, pueden secarse manantiales y se favorecen hundimientos del terreno. La contaminación añade otro límite: el agua puede estar presente y, sin embargo, resultar inadecuada para el consumo humano.

Esta crisis resurgió en Guadalajara. El cinco de octubre, vecinos bloquearon vialidades para denunciar agua turbia y maloliente; el nueve del mismo mes hubo nuevas protestas para exigir una alerta sanitaria; y el 11, miles de personas marcharon desde La Minerva hasta Casa Jalisco para reclamar agua limpia. La indignación no surgió de una abstracción ambiental: familias que abrían la llave encontraban un líquido que no consideraban seguro. Las fallas de potabilización y de infraestructura muestran que recibir lluvia no equivale a recibir agua potable.

Pero el abastecimiento doméstico representa apenas una parte de la presión sobre los recursos hídricos. Para identificar la demanda oculta detrás de las mercancías, se utiliza la huella hídrica que distingue el agua de lluvia incorporada al proceso productivo ‒verde‒, el agua superficial o subterránea consumida ‒azul‒ y un volumen teórico asociado a la contaminación ‒gris‒. Así, una bebida, una prenda o un alimento requieren agua mucho antes de llegar a las manos del comprador. La gravedad del impacto depende también de dónde se utiliza: extraer de un acuífero sobreexplotado no tiene las mismas consecuencias que aprovechar lluvia en una región húmeda.

En México, las cifras oficiales de 2023 atribuyen aproximadamente 76 por ciento del volumen concesionado para usos consuntivos a la agricultura, frente a cerca de 15 por ciento al abastecimiento público. No significa que toda el agua del campo se desperdicie, ni que cada concesión se ejerza por completo. Sí revela que discutir únicamente los hábitos de las familias deja fuera las decisiones sobre cultivos, tecnologías de riego, cadenas de exportación y grandes usuarios industriales. Producir alimentos es indispensable; también lo es preguntar cuáles producciones presionan cuencas donde el agua ya escasea.

La concentración de derechos de agua en grandes agentes económicos está documentada. En su investigación editada en 2020, Los millonarios del agua, Gómez-Arias y Moctezuma identificaron a tres mil 304 grandes usuarios privados con concesiones de al menos un millón de metros cúbicos anuales por cada uno. Esta concentración evidencia la desigualdad en el control de un recurso indispensable para la vida. Mientras grandes corporaciones nacionales y trasnacionales utilizan el agua como insumo para sostener su producción y obtener ganancias, numerosas comunidades enfrentan dificultades para acceder a ella.

Frente a esa desigualdad, las campañas de ahorro suelen responsabilizar principalmente al individuo: duchas de cinco minutos, llaves cerradas, cubetas para captar lluvia son medidas útiles; pero su protagonismo convierte un problema de gestión y producción en una supuesta suma de descuidos individuales. Ninguna ducha breve sanea por sí misma una descarga industrial ni compensa el bombeo excesivo de un acuífero. Y ninguna campaña corporativa de conservación sustituye la obligación de transparentar extracciones, tratar residuos y responder por impactos ya comprobados.

El costo ambiental aparece cuando la producción obtiene agua a un ritmo que los ecosistemas no pueden sostener o devuelve contaminantes que otros deben enfrentar. Si esos daños no se incorporan a las decisiones empresariales, la ganancia queda en manos privadas mientras parte del costo recae sobre la sociedad. Ahí está la huella hídrica del capital: no simplemente en los litros usados, sino en las relaciones económicas que determinan quién puede utilizarlos y quién padece su deterioro.

El ahorro doméstico es necesario, pero no puede ser la respuesta principal a una crisis marcada por la contaminación, la sobreexplotación y el acceso desigual. Garantizar agua limpia exige vigilar las concesiones, controlar las descargas y recuperar las cuencas. Cuando un recurso indispensable para la vida se utiliza para generar ganancias, sus costos ambientales no deben trasladarse a las comunidades dependientes de él.