En Durango, acudir a la unidad médica se ha convertido en un acto de fe para miles de pacientes. La expectativa de recibir un tratamiento completo choca a diario contra la realidad marcada por anaqueles vacíos. Y aunque tardíamente el gobernador del estado, Esteban Villegas, lo haya reconocido públicamente, en los hechos, la crisis sanitaria deja en el desamparo a los ciudadanos más pobres.

El desabasto de medicamentos en Durango no es un fenómeno reciente. Más bien es la culminación de una falla estructural que se ha agravado durante los últimos años, marcada por decisiones políticas, problemas financieros y un modelo de distribución ineficiente.

Frente a la ventanilla de farmacia de un hospital público en la capital del estado, Estela González grabó un video con su teléfono mostrando los estantes vacíos. Su hija había sido diagnosticada con linfoma, pero el medicamento necesario para el tratamiento llevaba meses agotado en el hospital. “Aquí no tenemos más que la protección de Dios; no hay medicamentos”, reportó en el video publicado en enero de 2026. “Ni siquiera paracetamol”, enfatizó.

Las imágenes grabadas en el Hospital General de Gómez Palacio contradecían directamente las declaraciones públicas del gobernador Esteban Villegas, quien afirmaba que el índice de abastecimiento de medicamentos era del 90 por ciento. El caso de Estela González no es aislado. Desde la capital duranguense hasta la región Lagunera, tanto en el sistema de salud estatal como en organismos federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) predomina el desabasto de medicamentos, que ha durado años afectando a la gente de menores ingresos.

Las raíces de esta crisis se remontan a 2022, cuando el entonces Secretario de Salud estatal afirmó que el índice de abastecimiento de medicamentos había aumentado del 28 a más del 80 por ciento. Incluso presumió que el centro oncológico de Durango nunca había sufrido escasez de fármacos oncológicos y que recibía pacientes de Chihuahua, Zacatecas y de otros estados, donde los centros oncológicos habían cerrado debido a la falta de medicamentos. En aquel momento, esta “narrativa de recuperación” se difundió ampliamente como un caso de éxito de la política sanitaria estatal.

Sin embargo, en 2025, la situación se había revertido por completo. El sistema de salud estatal había colapsado por el desabasto generalizado de medicamentos que afectaba a todas las instalaciones médicas. En julio de este año, el gobernador Villegas finalmente reconoció: “¿Nos faltan medicamentos? Sí. Debemos afrontar la realidad”.

Explicó, además, que el problema no residía en la tasa general de abastecimiento que, según afirmó, se mantenía entre el 80 y el 90 por ciento, sino en el hecho de que “el 20 por ciento faltante corresponde a los medicamentos más necesarios en un momento, lugar o región específicos”.

La brecha entre este discurso oficial y la realidad se evidenció en el video de Estela González. Posteriormente, el Secretario de Salud del estado, Moisés Nájera Torres, admitió que el abastecimiento de medicamentos en los centros médicos oscilaba entre el 50 y el 60 por ciento; y el desabasto alcanzaba el 60 por ciento en el Hospital 450, los Centros de Salud Nº 1 y Nº 2, y el CESA 450.

Anatomía de un colapso estructural

La crisis de medicamentos en Durango no es un incidente local aislado; sino el colapso del sistema de salud nacional agudizado en los últimos meses. En 2019, durante un alegato sobre la necesidad de combatir la corrupción y reducir los precios, el Gobierno Federal abandonó el modelo de adquisición descentralizada vigente hasta entonces. Concentró la autoridad de compra en la Secretaría de Hacienda y, más tarde, la transfirió a la empresa estatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

En la práctica, este modelo de “adquisición consolidada” tuvo consecuencias desastrosas: muchas empresas farmacéuticas se retiraron de las licitaciones, y el ciclo de adquisiciones 2025-2026 se vio empañado por escándalos de corrupción y sobreprecios que sumaron mil 500 millones de pesos (mdp).

Entre los problemas detectados figuraba el esquema de empresas “fantasma”, la compra de medicamentos sin registro sanitario y la selección de proveedores incapaces de satisfacer la demanda. Finalmente, la licitación fue cancelada, lo que provocó retraso de abastecimiento médico durante meses.

Después, se otorgaron mayores facultades a Birmex. Según un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2026, Birmex sería la única entidad contratante entre todo el sistema de salud pública y la industria farmacéutica; organismos como el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud ya no firmarían contratos de adquisición.

Esta reforma, que prometía agilizar los procesos, ha suscitado nuevas inquietudes: ¿tiene Birmex la capacidad de gestionar una cadena de suministro de tal magnitud? La industria farmacéutica ha expresado su rechazo a los nuevos requisitos de etiquetado porque exigen el etiquetado con el escudo nacional y leyendas como “Gobierno de México”, “La salud es un derecho” y “Uso exclusivo del sector público”, en todos los medicamentos del sector público.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (Canifarma) estima que este cambio constituiría un costo adicional de aproximadamente 10 mil mdp a los fabricantes, mientras que la incertidumbre sobre los volúmenes de contratación eleva el riesgo de la inversión. La Secretaría de Salud de Durango atribuye la crisis de desabasto a la disminución del presupuesto federal. La dependencia estima que los recortes acumulados entre 2024 y 2026 superan los mil 800 mdp.

Tan solo durante el primer semestre de 2026, los fondos federales para Durango se redujeron; en marzo se recortaron 120 mdp, en mayo, la misma cantidad y se anunció un recorte de 400 mdp en julio. El propio gobernador reconoció: “Éste no es un estado rico; naturalmente, estoy preocupado”.

Tales disminuciones han afectado directamente la adquisición de medicamentos, la contratación de personal y el mantenimiento de la infraestructura. En la región de La Laguna (que abarca 12 municipios), los fondos federales para la salud se desplomaron de 11 a cinco mdp: una caída de 47 por ciento. De los 84 tipos de medicamentos que figuran en la lista de fármacos esenciales, sólo se han entregado 50.

Los rostros de los afectados

Para los pacientes con enfermedades crónicas que dependen del sistema público de salud, el desabasto de medicamentos implica la interrupción del tratamiento, el deterioro de su estado de salud y la ruina económica.

En el Hospital 450 de la ciudad de Durango, la escasez se concentra en medicamentos para afecciones crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Por otro lado, la situación resulta más crítica para los pacientes y sus familias en el Hospital General Nº 1 del IMSS; en septiembre de 2026, el centro médico se vio envuelto en un escándalo que combinaba plagas de chinches y falta de medicamentos. Un familiar de un paciente relató haber matado tres chinches en una cama situada en el pasillo del hospital: “nunca suministran la medicación; llevo tres meses intentándolo y siguen diciendo que vendrán el lunes o el jueves”.

Aún más impactante fue el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital entre el 15 y 20 de septiembre. Los informes oficiales confirmaron que cuatro de los bebés dieron positivo en Klebsiella pneumoniae (bacteria en forma de bastón). Las familias rechazaron la explicación del IMSS, que atribuía las muertes a un patógeno único.

Diego Tovarín, padre del bebé Darío, tras una reunión de tres horas denunció: “estamos más enfadados ahora que cuando llegamos. No sé cómo expresarlo: no es sólo una bacteria; es mucho más que eso. Nos enfrentamos a una situación verdaderamente trágica. No crean los comunicados emitidos por el IMSS”.

Los abogados de las familias presentaron una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que alegaron negligencia médica y retraso en la notificación. Posteriormente, el IMSS suspendió al director del hospital y al jefe de la UCIN, y anunció su colaboración con la investigación de la FGR.

El sector empresarial también se sumó a exigir rendición de cuentas: Raúl Montelongo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Durango, alertó que el sector privado aporta aproximadamente 94 por ciento del presupuesto del IMSS y destacó: “Los empresarios cumplimos con nuestras obligaciones hacia los trabajadores, pero el IMSS está incumpliendo las suyas con ellos”.

Para los pacientes oncológicos, el costo resulta mayor. Aunque el Centro Estatal de Cancerología de Durango se esfuerza por mantener la tasa de abastecimiento de medicamentos de 70 por ciento, el Secretario de Salud del estado admitió que el suministro de fármacos oncológicos de alto costo “sigue siendo un desafío”.

La paciente Anavelina Vargas viajó desde Gómez Palacio hasta la capital del estado para recibir tratamiento, pero su medicamento no estaba disponible. “Ni siquiera nos avisaron que el medicamento estaba agotado... me trataron con falta de respeto”, denunció.

Otra paciente, María del Socorro González, llevaba tres o cuatro meses sin recibir los medicamentos necesarios, a pesar de que los doctores habían instruido a su sobrina para que “no dejara pasar ni un solo día sin esa pastilla”.

Moisés Nájera Torres, titular de Salud estatal, reconoció que algunos pacientes con enfermedades de alto costo han tenido que comprar ellos mismos los materiales necesarios para las cirugías. “Se lo dije el año pasado. Debido a los recortes presupuestarios, para nosotros también es imposible; debemos comprar medicamentos de quimioterapia y pagar a los proveedores de radioterapia”, lamentó.

Protestas de los trabajadores

En enero de 2026, el sindicato del sistema estatal de salud denunció la “total indiferencia” del Secretario de Salud, Moisés Nájera. En un video, la secretaria general del sindicato, Rafaela Zapata Morales, precisó el desabasto de medicamentos e insumos y la falta de personal en todas las unidades médicas, mientras acusaba a la dirección de someter a los trabajadores a “acoso y abuso de poder”.

“Denunciamos graves irregularidades en el proceso de promoción laboral, caracterizado por decisiones unilaterales y centralizadas del director de administración de salud, que ignoran los procedimientos establecidos y la participación sindical”, señaló Zapata Morales. El sindicato dirigió una carta al Comité Nacional Mixto de Clasificación para solicitar una investigación sobre las irregularidades en Durango.

Esta muestra pública de disidencia desde dentro del sistema revela otra faceta de la crisis: no solamente los pacientes han sido abandonados; el personal de primera línea también lucha contra la falta de recursos y la indiferencia institucional. Estela González también abordó este tema en su video: “Aquí nadie es prescindible. Nos falta personal; despedirlos es injusto”. Aseguró haber escuchado que algunos médicos ni siquiera habían recibido su salario completo.

Desesperación geográfica

La escasez de medicamentos muestra una dimensión aún más dura en las zonas montañosas y las comunidades remotas de Durango. En municipios como Mezquital, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Poanas y Súchil se han documentado casos de desabasto de medicamentos, así como fallecimientos derivados de la falta de tratamiento oportuno.

“El gobierno afirma que los niveles de abastecimiento nunca alcanzarán el 100 por ciento; eso es un insulto para las personas más pobres de Durango. No se trata de una cuestión de estaciones o alergias, sino de prioridades políticas”, demandó Jesús García Gurrola, líder comunitario en el municipio de Mezquital. “Cuando hay dinero para rescatar bancos o financiar proyectos extravagantes, lo hacen sin problema; no debe existir excusa para que un niño o una persona mayor se quede sin medicamentos”.

El propio documento de la evaluación del desempeño y la calidad de los servicios de salud a cargo de la Secretaría de Salud del estado y organismos locales como el Instituto de Evaluación de Políticas del Estado de Durango (Inevap) identifican las “barreras territoriales y socioculturales” como riesgos principales, e indican problemas como la “atención médica tardía, la interrupción del seguimiento y la reducción del acceso efectivo” en municipios con poblaciones dispersas, marginadas o indígenas.

Las comunidades remotas enfrentan doble problemática por la escasez de personal y la falta de medicamentos. La evaluación reconoce que la “falta de mantenimiento y abastecimiento de insumos estratégicos” constituye un riesgo crítico que requiere medidas de mitigación, y aboga por reforzar la supervisión de la planificación y el suministro farmacéutico para los centros de salud de alta demanda o de difícil acceso.

Una apuesta de diez millones de pastillas

En agosto de 2026, el gobernador Esteban Villegas activó una campaña masiva de distribución farmacéutica, mediante la que se comprometió a entregar más de 10 millones de unidades de medicamentos e insumos médicos a 315 centros de salud en 39 municipios, con una inversión de 270 mdp. La distribución comenzó en la madrugada del 21 de agosto; el propio gobernador supervisó la salida de los camiones desde el almacén.

Sin embargo, como se trata de un sistema que reconoce oficialmente el déficit presupuestal de mil 800 mdp, resulta dudoso que una inversión de 270 millones sea suficiente para subsanar tales carencias estructurales. El problema de fondo en la crisis farmacéutica de Durango no es una cuestión de logística o financiamiento; es, más bien, el resultado de una confluencia de factores: el fracaso del modelo federal de compras centralizadas, la disminución de la capacidad fiscal local y el continuo deterioro de la salud pública como prioridad política.

En septiembre de 2026, Birmex inició una nueva ronda de compras consolidadas que abarcaba 35.36 millones de unidades de medicamentos e incluía a instituciones como el IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos.

Se implementaron nuevas normas, entre ellas, la prohibición de las subcontrataciones, medidas para prevenir la colusión en las licitaciones y la exigencia de fianzas de cumplimiento para evitar que se repitan los escándalos de corrupción que marcaron la anterior ronda de licitaciones. Un total de 115 empresas farmacéuticas participaron en el concurso; sin embargo, las entregas correspondientes a este periodo de adquisiciones no comenzarían sino hasta enero de 2027.

¿Qué significa esta espera para pacientes como la hija de Estela González? Su linfoma empeora, pero la farmacia del hospital sigue sin medicamentos. En Durango, acudir a un centro médico ya se convirtió en un “acto de fe”, como rezaba un titular. El objeto de esa fe no es Dios, sino un Estado que reiteradamente promete asignar recursos pero no lo hace.