El sistema de salud mexicano se ha deteriorado a través de los años. El discurso impuesto desde 2018, mencionado y publicitado en cualquier oportunidad, no logró ocultar la realidad para los que no tienen otra opción, cuando se enferman, que caer en el sistema público de salud; y para los médicos, personal, enfermeras que deben dar atención a la población. Es cierto, no es de ahora, la salud, igual que otros problemas sociales, nunca han sido prioridad para la clase gobernante, que la consideran un gasto innecesario; un verdadero fastidio dar esa atención a las masas populares.

Para las personas con ingresos precarios que no pueden pagar a un médico particular (es sabido que el servicio de salud particular es mejor), las opciones para atenderse en muchos casos llevan una sentencia mortal. Y, lamentablemente, todo se desarrolla en función de su ingreso. Las familias basan sus decisiones en ello: mientras más bajos sean sus ingresos, más retrasarán su asistencia para buscar atención médica en caso de una dolencia, porque enfermarse para los pobres es un lujo que no puede pagarse; primero verán si su malestar es pasajero; si son creyentes de alguna religión, buscarán en su fe el consuelo.

Al paso del tiempo no les queda más remedio que acudir al Centro de Salud o al Seguro Social (IMSS); para ese entonces su salud ya se habrá deteriorado, entonces se percatan de que no son derechohabientes, que no pueden acceder tan fácil al sistema; y para la familia, es casi imposible cargar con los gastos cuando algún miembro se enferma de algo grave o de una enfermedad crónico-degenerativa; antes, al menos, existía el Seguro Popular y con ello podían enfrentar los males, pero ahora ni eso.

Pero no solamente los pacientes resienten la exclusión y mala atención del sistema de salud, también los encargados. Para el personal de la salud, las cosas no son sencillas; es cierto que los médicos, al igual que los maestros, son considerados respetables por los servicios brindados a la población; pero también es cierto que deben enfrentar los reclamos diarios de pacientes y familiares ante una complicación o mala atención.

En la pasada pandemia fueron los primeros en caer y sumaron casi cinco mil los casos reconocidos de víctimas del Covid-19; pero el personal, además de estar expuesto a los riesgos de su profesión, tiene sobrecarga de trabajo por la saturación de los hospitales, porque las instalaciones se deterioran, los nosocomios son insuficientes y el personal contratado no es suficiente para una población enferma que se incrementa; además, sus salarios se estancan y muchos de ellos no tienen seguridad laboral. La falta de materiales, equipos, insumos y medicamentos no permiten una atención adecuada y digna.

En la dupla paciente-médico, ambos poseen motivos suficientes para estar inconformes. ¿Qué esperaban los gobiernos de la “Cuarta Transformación”? Que la gente siguiera creyendo que el sistema sanitario es como el de Dinamarca. La crisis del sistema de salud es una realidad, los pacientes llevan varios años marchando y denunciando; los médicos al principio también moderadamente. La diferencia es que, ante un costo elevado de la vida, ya no están dispuestos a esperar más a que las cosas mejoren por la suerte, y llevan semanas marchando en varios estados, denunciando el abandono y el colapso del sistema de salud y solicitando con urgencia que se destinen los recursos necesarios.

El Ejecutivo había prometido el acceso universal al sistema de salud, pero sólo era parte del discurso, sin destinar los recursos para alcanzar este fin; únicamente suena a demagogia. Ahora se criminaliza la justa lucha del personal médico y los que antes eran héroes, ahora son villanos. Pero como no hay mal que dure cien años, pronto llegarán vientos de cambio.