La noche del 20 de octubre, la carretera México-Toluca estaba completamente detenida. Sobre el asfalto no había conos ni patrullas, había hojas de papel con fotos y nombres de personas desaparecidas. El bloqueo duró 36 horas. Las larguísimas filas de vehículos y el cansancio incrementaban la tensión entre quienes exigían pasar y quienes reclamaban respuestas sobre sus familiares desaparecidos. Los manifestantes pedían avances en las investigaciones y una reunión urgente con el fiscal mexiquense, ya que, hasta ahora, veían atraso en las labores de búsqueda de sus desaparecidos. Quienes necesitaban continuar su camino tampoco eran responsables de esto. Sin embargo, ahí estaban, enfrentados unos con otros.

Quienes bloquean tienen rostros y demandas concretas, por ejemplo, médicos y enfermeras que exigen insumos para atender pacientes y pensiones dignas para su retiro; maestros que reclaman mejores salarios. También estudiantes que piden seguridad y alto al acoso escolar o vecinos que llevan semanas sin agua. Y familias que, desesperadas por la desaparición de un ser querido, exigen que su búsqueda sea una prioridad para el gobierno. Cuando las solicitudes se acumulan sin respuestas y los compromisos quedan incumplidos, cerrar una vialidad se convierte en el último recurso de los ciudadanos para presionar a las autoridades.

En este sentido, no todos tenemos las mismas posibilidades de llegar hasta quienes toman las decisiones. El dinero, los contactos y la cercanía con funcionarios facilitan reuniones y gestiones que para otros implican largos días de espera. Por un lado, quienes disponen de esos recursos pueden encargar sus asuntos a abogados o representantes. Por otro lado, una familia trabajadora debe hacer espacio entre jornadas laborales, largos traslados y tareas de cuidado para exigir una respuesta. Cada visita a una oficina requiere destinar muchísimo tiempo y dinero; cada promesa incumplida y la pesada burocracia obliga a empezar de nuevo una y otra vez. La desigualdad también se expresa ahí, es decir, en cuánto cuesta conseguir una audiencia y cuánto tiempo puede sostenerse una demanda sin arriesgar el sustento familiar. Así, aunque todos puedan presentar una petición, las condiciones para sostenerla y conseguir atención son profundamente desiguales.

Las cifras muestran la dimensión de este conflicto. Según el medio informativo N+, entre enero y septiembre de 2026 hubo tres mil 108 movilizaciones tan solo en la capital del país, casi 25 por ciento más que en el mismo periodo de 2025 (el registro incluye distintas formas de protesta, no únicamente bloqueos). Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó cinco mil 11 mesas de trabajo entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 para atender a cientos de manifestantes. Sin embargo, cinco mil mesas de trabajo no equivalen a cinco mil problemas resueltos. Una reunión no lleva agua a una colonia, no abastece un hospital ni sustituye la búsqueda de una persona desaparecida. Cuando las autoridades reciben a los inconformes, firman acuerdos y después incumplen, obligan a la gente a exigir nuevamente lo que ya le habían prometido resolver. Esa responsabilidad también debe evidenciarse cuando una vialidad es bloqueada.

Defender a quienes bloquean no exige negar las afectaciones que provocan, sino reconocer las demandas y los incumplimientos que los llevaron hasta ahí. Quien pierde horas en una carretera merece consideración, igual que quien lleva meses reclamando agua, salarios o la búsqueda de un familiar. Enfrentarlos entre sí evade a las autoridades que tienen la responsabilidad de responder. Pedir que no se afecte a “terceros” resulta insuficiente cuando la espera significa trabajar sin insumos, vivir sin agua o insistir en buscar a un hijo. La responsabilidad gubernamental no termina cuando se libera una vialidad, termina cuando se atiende el problema que llevó a bloquearla. Por eso, ser escuchado y obtener respuestas debe ser un derecho para todos y no un privilegio reservado para pequeños grupos que, por su dinero o influencias, tienen una ventanilla especial en el gobierno para resolver sus problemas.