En torno a las cifras de fosas clandestinas, existen dos apreciaciones diametralmente opuestas. Para el Gobierno Federal siempre resultan menos comparadas con plataformas ciudadanas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció únicamente 630 fosas clandestinas entre 2001 y 2024; pero en ese mismo lapso, las fiscalías estatales registraron cinco mil 532, una diferencia de casi cuatro mil 900. Para los familiares de personas desaparecidas, representa una tortura que el Estado oculte el número de fosas, ya que les niega la esperanza de encontrar los restos de sus familiares.

“Seguimos buscando a mi sobrino Jeremías García Hernández; no descansaremos hasta encontrarte”; “Hasta encontrarte mi niña hermosa ‒Brenda Aguilar Guadalupe‒”; “Por favor, documenten la Desaparición Forzada de mi hija Lisset Soto Salinas, mi hija desapareció el 14 de octubre de 2010 en La Paz, BCS, tenía tan solo ocho años; ya se agregó por fi n la declaración de uno de los perpetradores a la Carpeta, la ocultaron durante seis años”. Éstos son algunos de los cientos de reportes de familiares, de madres, padres, hermanos, tíos y abuelos que buscan a sus desaparecidos. Son cientos de comentarios publicados en las redes oficiales de la organización A dónde van los desaparecidos, un sitio que investiga la desaparición de personas con el objetivo de reunir pistas para encontrarlos. En este sitio diariamente se difunden boletines y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos, así como ubicaciones con posibles restos humanos.

La cifra de fosas clandestinas es tan grave que atrajo la mirada internacional. Un informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que, en más de cuatro mil 500 fosas clandestinas en México, se encontraron más de seis mil 200 cadáveres y 72 mil restos humanos no identificados.

La Plataforma Ciudadana de Fosas, un trabajo conjunto de las organizaciones civiles Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH-UIA) evidenció recientemente el problema de las fosas clandestinas en México. La plataforma reveló que, en 2025, las fiscalías estatales contabilizaron 651 fosas clandestinas en 16 estados.

Sin embargo, el monitoreo de notas periodísticas realizado por el equipo de la Plataforma Ciudadana de Fosas identificó 433 durante el mismo año. Las siete entidades con más registros concentraron 265 de las 433 fosas documentadas por la prensa durante 2025; Sonora con 68, Chihuahua 60 y Baja California Sur 44; seguidas de Jalisco y Sinaloa con 25; Baja California 23 y Guanajuato 20.

“Las discrepancias entre las cifras oficiales y los registros de la prensa evidencian la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis forense y de desaparición, y evaluar la respuesta del Estado. Mientras las instituciones ofrecen conteos distintos, persiste una pregunta fundamental: ¿qué ocurre después de que se localiza una fosa? Resulta imposible conocer el alcance de los avances institucionales y medir la efectividad de las acciones gubernamentales sin datos públicos homologados y actualizados sobre las investigaciones, la identificación de los restos y el acceso a la justicia”, subrayó el comunicado ¿Cuántas fosas clandestinas se encontraron en México en 2025?, difundido por las organizaciones de la sociedad civil. Si se considera la cifra de 651 fosas clandestinas reportadas por las fiscalías estatales en 16 entidades durante 2025, Sonora se ubica en el primer lugar con 204, Chihuahua, 85, Baja California Sur y Jalisco, 71. En el nivel municipal, Hermosillo concentra 90 fosas, seguido de Cajeme, con 41; y Nogales, con 31. Baja California Sur reúne 57 de las 71 fosas en la entidad; y Casas Grandes, Chihuahua, reportó 46 de las 85 encontradas en la entidad.

En contraste, la FGR omitió cifras de Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Sinaloa; y donde la Fiscalía sí reconoció fosas, el número resultó significativamente bajo; como Jalisco, donde sólo registró seis fosas frente a las 71 contabilizadas por la fiscalía local; o Michoacán, donde se registraron cinco de las 19 fosas reportadas. Entre enero y abril de 2026, los colectivos de búsqueda encontraron 157 fosas con al menos 250 cuerpos cremados.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), más de 133 mil personas han desaparecido en los últimos 25 años, cifra considerada como inferior a la real por el Comité de la ONU, que calificó las desapariciones como “crímenes de lesa humanidad” porque presentan indicios fundados de que fueron “ataques contra la población civil en varias entidades del territorio nacional”. Esa clasificación fue desestimada por la Presidenta de la República, quien la consideró “incorrecta”, pues las desapariciones forzadas “son efectuadas por el crimen organizado”, no por el gobierno del Estado. Así, negó que en México exista una crisis de desapariciones.

A pesar de los hechos, Claudia Sheinbaum ha sostenido que “el Gobierno de México está haciendo un esfuerzo por erradicar este delito y para encontrar a las personas desaparecidas con sus familias”, reconoció que este fenómeno está sin resolver; pero las cifras oficiales revelan que tan solo en los primeros 100 días de su administración hubo cuatro mil 100 personas desaparecidas, es decir, 41 casos por día, cifra 104 por ciento superior a la registrada durante el mismo lapso en el gobierno de AMLO, a decir de Causa en Común.

Así, durante los dos primeros años de gobierno de Sheinbaum Pardo, suman 19 mil 894 personas desaparecidas, un promedio de 829 por mes y 28 diarias, de acuerdo con el análisis de César Martínez y Marcos Nucamendi en su texto Segundo año de Sheinbaum: Reportan menos desapariciones y disminuye la edad de las víctimas. En tanto, datos del RNPDNL indican que, en estos dos primeros años, disminuyeron 30 por ciento las desapariciones respecto del primer año, porque pasaron de 11 mil 677 del 1° de octubre 2024 al 30 de septiembre 2025 a ocho mil 217 del 1° de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

El Gobierno Federal dio a conocer esta cifra como un “logro” y lo atribuyó a las reformas legales de 2025 y a la labor de las instituciones de búsqueda; sin embargo, expertos revelaron que esta reducción puede atribuirse a la disminución de las denuncias. “Una manera de disminuir los datos consiste en que no haya denuncia; ya sea porque las familias no quieren denunciar porque tienen miedo… y dos, esto que plantean de que los datos sean insuficientes para identificar las condiciones y circunstancias de las personas desaparecida”, información que puede provocar una baja en los números, sostuvo el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Édgar Cortez, sobre las consecuencias de las reformas de 2025 a la Ley General en Materia de Desapariciones.

La reducción obedece, afirma Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, a la obligatoriedad de que cada denuncia de desaparición posea una carpeta de investigación: “si cambias la manera de registrar a uno basado exclusivamente en las denuncias penales, pues obviamente el número se reducirá drásticamente”.

Expertos en el análisis de este problema revelan que la Presidenta se resiste a aceptar que hay una crisis de desapariciones, porque reconocerlo significaría admitir un fracaso de enormes dimensiones y su aceptación traería implicaciones internacionales muy serias en los ámbitos político y económico.

Cifras que no cuadran

En 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) eliminó su registro hasta agosto de 2023 y sólo cubría a 15 de los 32 estados. Aunque había un Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas actualizado hasta 2024, carecía de información sobre el número de cuerpos y fragmentos de huesos recuperados; y sólo reunía la información de algunas fiscalías estatales.

Hoy, el registro está inactivo y la organización civil Artículo 19, con el PDH-UIA y Data Cívica crearon una Plataforma Ciudadana de Fosas en 2021 como alternativa “ante la falta de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas que según la ley es responsabilidad de la FGR con las fiscalías y procuradurías estatales”.

La Plataforma es una herramienta de información para las familias, colectivos de búsqueda y sociedad en general, porque reúne los datos oficiales y civiles de todas las fosas clandestinas halladas en México de 2006 a diciembre de 2024. Además del número de fosas por entidad y municipio, informa el número de cuerpos, fragmentos óseos y, en algunos casos, el sexo de las víctimas.

Distingue entre fosas comunes y fosas clandestinas porque, aun cuando ambas se relacionan con la desaparición de personas, su ubicación y función son distintas. El PDH-UIA define la fosa clandestina como un “sitio donde uno o más cuerpos o restos de personas fueron enterrados o semienterrados de forma anónima o ilegal, en el intento de ocultar o destruir evidencia y que posteriormente fueron exhumados por particulares o autoridades”. Y define la “fosa común” como un espacio formal situado en panteones municipales bajo resguardo del Estado y que está destinado legalmente a contener cuerpos no identificados o sin reclamar.

De acuerdo con Artículo 19, el Gobierno de México no tiene un registro público confiable tanto del número de fosas clandestinas como de las comunes, donde también podrían localizarse personas desaparecidas; esta opacidad complica e impide su localización e identificación; y esto impide que sus familiares puedan acceder a la verdad y la justicia.

En marzo de 2025, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció el ocultamiento efectuado por el gobierno de Sheinbaum del número real de las fosas clandestinas en México, así como el de desapariciones: “Denunciamos con profunda preocupación que existan muchos lugares como éstos en nuestra nación, los cuales son sitios donde se han cometido los más graves delitos contra la humanidad… manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan 15 por ciento los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen 40 por ciento las desapariciones; desafortunadamente, la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes”. La respuesta de la Presidenta fue que el Episcopado no tenía “la información correcta… hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios; no es verdad”.

La denuncia de la CEM fue emitida a raíz de que un grupo de madres buscadoras descubrió un campo de reclutamiento forzado y entrenamiento criminal en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que, además, funcionaba como crematorio clandestino.

El hallazgo demostró, enfatizó el Episcopado, que la crisis de desapariciones forzadas se incrementaba como consecuencia de la actitud negligente de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

Un informe de la organización Causa en Común, publicado en 2025, denunció  que la magnitud de las desapariciones ya resultaba descomunal porque estaba asociado a la expansión del crimen organizado y a la complicidad, aquiescencia u omisión del Estado mexicano.

Desde el mandato de AMLO, el Gobierno Federal se había comprometido a priorizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante la Ley General en Materia de Desaparición y la consolidación de las instituciones y herramientas que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP).

Pero, al término de esa administración, el historial mexicano de cómputo de desapariciones registró 13 mil 449 casos, una cifra mayor; mientras sus instituciones de investigación, búsqueda e identificación se mostraron inoperantes.

Los datos recabados por la organización no gubernamental estiman que, tan solo en 2024, aumentaron 30 por ciento las desapariciones con respecto al año anterior; y que las entidades con mayor incremento fueron Sonora, con más de 200 por ciento; Aguascalientes, más de 198 por ciento; Sinaloa, más de 129 por ciento; Querétaro, más de 117 por ciento; Puebla, 102 por ciento; Guanajuato y Ciudad de México 98por ciento; Hidalgo 89 por ciento; Chiapas 78 por ciento y Durango más de 75 por ciento.

Contrario a lo pregonado por el expresidente sobre priorizar la búsqueda de personas, durante su sexenio se registraron 53 mil 251 desapariciones; 65 por ciento más que en el de Enrique Peña Nieto (32 mil 532); y 215 por ciento más que en el de Felipe Calderón Hinojosa (16 mil 903). Los estados con más desapariciones fueron Jalisco, con seis mil 724; Edomex, cinco mil 425; Michoacán, tres mil 758; CDMX, tres mil 655; Tamaulipas, tres mil 351; y Nuevo León, tres mil 256.

El caso Pujiltic 

Uno de los hallazgos de fosas clandestinas más impactantes ocurrió el 23 de mayo de este año cuando, después de dos días de trabajo, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Chiapas encontraron una fosa que, por las condiciones en que se halló, puede tratarse de un campo de adiestramiento y exterminio donde podrían encontrarse decenas de cuerpos enterrados.

“Aquí seguimos buscando; nos encontramos en este lugar; ahí están mis compañeras donde están encontrando fragmentos de restos óseos; y ésta es la fosa donde llevamos casi dos días excavando”, fueron las palabras de Isabel Torres, madre buscadora, quien ese mismo día compartió su hallazgo en el rancho El Cerro, de la comunidad de Pujiltic, Chiapas, en un video difundido por redes sociales. “… Nos duele, nos frustra el saber que los estamos encontrando hechos polvo”, lamentó Yoslin Chavarría, madre buscadora.

En el lugar se encontraron restos óseos calcinados, prendas de vestir, celulares, incluso una placa de alguien que perteneció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Éste ha sido uno de los hallazgos más dolorosos en nuestro andar”, lamentó el colectivo.

Ya sin esperanza en las autoridades, el colectivo subrayó que solamente busca encontrar a sus desaparecidos sin espera de justicia, lo que delata su estado de resignación ante un sistema que privilegia la impunidad sobre el castigo y la justicia. En palabras de los habitantes de la sierra chiapaneca: hay más fosas, pero las autoridades evaden iniciar las investigaciones.

Las madres buscadoras han recibido mensajes anónimos en los que les informan sobre lugares clandestinos en varios municipios de Chiapas, donde hay cadáveres enterrados. Hasta ahora, la Presidenta no se ha pronunciado al respecto

Hallazgos continuos

En palabras de Fabrizio Lorusso, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana con sede en León, periodista y experto en derechos humanos y desaparición forzada en México, “hablar de fosas clandestinas es hablar también de homicidios, impunidad y un fenómeno estructural que abarca más de 20 años y frente al que el aparato estatal ha encubierto desapariciones forzadas y violencias que alcanzan niveles desmesurados”.

A este mismo diagnóstico se suma la organización Artículo 19 México y Centroamérica que, además, denuncia las inconsistencias en que han incurrido los funcionarios de la Procuraduría General de la República (hoy FGR) sobre el cómputo de las fosas clandestinas desde 2011.

En varios estados, los hechos son todavía más graves. Por ejemplo, en Guanajuato, el Centro de Datos de la Ibero León reveló que, en la entidad, se han hallado 723 fosas clandestinas entre 2009 y 2025. Irapuato es el municipio con más fosas, seguido de Salamanca. En Sinaloa, en febrero de 2026, se reportó el hallazgo del que podría considerarse el cementerio clandestino más grande de la historia de México, situado en la comunidad El Verde, municipio de la Concordia.

Hasta 2025, Guadalajara concentraba el mayor número de desaparecidos, con 15 mil personas sin localizar. Además, durante los primeros cuatro meses de 2026 se han localizado al menos 18 fosas clandestinas en esta ciudad.

Para el abogado José de Jesús Segovia, las reformas de 2025 a la Ley General en Materia de Desapariciones no buscaban ir a la raíz del problema, sino homologar las cifras de desaparición con las bases de datos disponibles; además de clasificar como desaparecido únicamente a quien tuviera una carpeta de investigación abierta; aun cuando muchos casos no son denunciados ante el Ministerio Público por temor o por el contexto de violencia en que se encuentran.

El Gobierno Federal insiste en que muchas personas “no quieren ser encontradas” o que los registros “están inflados” mientras que, en los llanos, desiertos y montes, las madres buscadoras trabajan solas.