Colectivos exigen a Sheinbaum, SEP y SRE impedir el acceso de personas vinculadas con las Fuerzas de Defensa de Israel a planteles públicos; denuncian actividades con menores sin permisos transparentes.
Nacional
México mantiene en la impunidad 96.5% de asesinatos y desapariciones de defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional documentó 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras entre enero de 2022 y septiembre de 2026; únicamente cuatro casos cuentan con sentencia condenatoria.
El 96.5 por ciento de los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México permanece en la impunidad, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El señalamiento se presentó el 29 de octubre, durante una audiencia pública del 179º periodo de sesiones de la CIDH, en la que participaron representantes del Estado mexicano, Artículo 19 y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras.
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, entre enero de 2022 y septiembre de 2026 fueron asesinadas 103 personas defensoras de derechos humanos y otras 10 fueron desaparecidas. De los 113 casos documentados, únicamente cuatro cuentan con sentencia condenatoria.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron al Estado mexicano reconocer la magnitud de la violencia y establecer una estrategia de investigación y persecución penal que permita esclarecer los crímenes, identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar la participación y protección de las víctimas.
También solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) establecer un plan público, efectivo y verificable para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras, con alcance en las fiscalías estatales.
Durante la audiencia, el Estado mexicano asumió seis compromisos, informó Amnistía Internacional. Entre ellos se encuentran elaborar un plan nacional para implementar el protocolo, crear un registro homologado de delitos, instalar una mesa de trabajo para revisar los 113 casos documentados y evaluar la creación de una fiscalía especializada en agresiones contra personas defensoras.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
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