Antes de abordar el tema de esta ocasión, quiero expresar mi solidaridad con los compañeros del Movimiento Antorchista Nacional que han denunciado amenazas y hostigamiento en distintas partes del país: con el profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente en Querétaro, a quien han amenazado de muerte; con los compañeros de Oaxaca, que piden que cese la intimidación en su contra; con los compañeros de Veracruz, contra quienes se emitieron citatorios judiciales para comparecer el mismo día de una movilización anunciada; y con los compañeros del Estado de México, que han rechazado categóricamente las calumnias que los vinculan con la ocupación de terrenos de la Universidad Autónoma Chapingo en Río Frío, Ixtapaluca. No quiero extenderme sobre estos casos; sólo quiero decir que es necesario seguir vigilantes, atentos, organizados y listos para la lucha política. Nuestra tarea nunca ha sido fácil, pero debemos seguir firmes en ella: educar y organizar al pueblo de México.

Están en puerta las elecciones de 2027, en las que se elegirán 20 mil 109 cargos de elección popular. Destacan 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y mil 98 diputaciones locales. En este escenario, el partido Morena va adelante en el proceso, pues ya ha elegido a quienes llama “coordinadores estatales de defensa de la transformación” en las 17 gubernaturas en disputa, un eufemismo para designar a los candidatos antes de que la ley electoral lo permita. En este proceso, a muchos mexicanos les parece inadmisible que personajes que antes eran acérrimos enemigos de Morena en el discurso, o que pertenecían a los partidos denominados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como el PRIAN, sean ahora los abanderados del partido en el poder para competir por las gubernaturas. Esta práctica no es nueva y, en el ingenio mexicano, se le conoce como “chapulineo político”.

Para entender por qué, hay que comprender la relación que se establece entre quienes tienen el poder económico y quienes gobiernan. En 1859, Carlos Marx mostró al mundo uno de sus descubrimientos: la relación entre la estructura económica de la sociedad y sus formas jurídicas y políticas. Dicho de otra manera, la forma en que se organiza la sociedad para producir los bienes materiales que necesita para vivir determina sustancialmente las relaciones jurídicas y políticas que imperan en ella. Es decir, quién posee los medios con los que se produce la riqueza, quién trabaja y quién decide sobre el resultado de ese trabajo determinan cómo se configuran, en primer lugar, el Estado y, en segundo lugar, el gobierno como parte de éste.

En las sociedades divididas en clases sociales, son las clases poseedoras de los medios de producción las que detentan el poder económico y el poder político, pues configuran el Estado y el gobierno. Esa clase dominante decide qué aparato jurídico se configura y controla las leyes, los jueces, las cárceles, la fuerza pública, etcétera. Todo ello adquiere su forma ejecutiva en el gobierno; es decir, es el gobierno el que decide cómo y cuándo se usa ese poder estatal. El Estado es una institución que sirve a la clase dominante para someter a las clases que no poseen los medios de producción y tienen que trabajar para quienes sí los poseen. Es esa condición desigual, configurada a lo largo de la historia, la que justifica la creación y la existencia de ese Estado como instrumento de represión.

Ahora bien, en la sociedad existen varias clases sociales, y éstas participan en la constitución del gobierno, hoy generalmente a través de lo que se llama democracia. Pero esta democracia se limita a la participación de toda la población cuando se trata de ejercer el voto. De la elección de los candidatos y de sus programas de acción no se ocupa la inmensa mayoría de la sociedad, sino sólo una parte “educada e instruida” en los términos que convienen a los intereses de la clase dominante. Cuando alguna expresión de organización popular asoma y pretende realizar acciones que combatan de raíz la desigualdad económica –como mejores salarios, mejores condiciones de vida para los trabajadores, políticas que limiten las ganancias económicas de las empresas o, en una palabra, una distribución más equitativa de la riqueza–, el tan aclamado sistema democrático deja de ser funcional para los poseedores de los medios de producción y, en muchos casos a lo largo de la historia, se convierte en un sistema de gobierno dictatorial para evitar que sus intereses sean tocados. Así se explica que los gobiernos, a lo largo de la vida democrática de México, prometan el paraíso a los electores más necesitados de soluciones pero que, una vez en el poder, sean incapaces de cumplir esas promesas. Ésa ha sido la mística desde los gobiernos de la Revolución Mexicana hasta la actual Presidencia de la República.

Observen algo elemental: un trabajador y un empresario pueden tener, cada uno, un voto. Pero el empresario decide sobre inversiones, empleos y recursos con los que el trabajador no cuenta; dispone de asesores, abogados, relaciones públicas –palancas, en lenguaje coloquial– y tiempo para defender sus intereses. El trabajador sale de madrugada, cumple su jornada y llega a su casa con la preocupación de completar el gasto. Ambos son ciudadanos iguales ante la ley, pero sus posibilidades de influir en el gobierno son muy diferentes.

El Estado no es una institución neutral que defienda por igual a todos los mexicanos, ni la democracia burguesa es la panacea que proclaman sus panegiristas. Ambos son instrumentos de dominación de una clase poseedora de los medios de producción sobre quienes están desposeídos de ellos. Una sociedad puede celebrar elecciones y reconocer libertades mientras conserva relaciones económicas que subordinan a la mayoría trabajadora a quienes concentran la propiedad; la dominación se ejerce conservando esas relaciones, protegiéndolas y presentándolas como si fueran el orden natural de las cosas. De ahí que renovar gobernantes no cambie radicalmente los problemas de los desposeídos; sólo podrá hacerlo un cambio de clase en el poder. Para ser más claros: sólo si los trabajadores, que ahora no poseen medios de producción, entienden el problema y su importancia económica en la sociedad y se organizan para gobernar el país, podrán resolver verdaderamente sus problemas de raíz.

Por eso, las elecciones tampoco son totalmente inútiles. Los trabajadores pueden usarlas como vía para acceder al poder político, con la condición de que estén organizados y tengan claros los objetivos que se plantean para construir una sociedad mejor. Esto también es una expresión de la lucha de clases: es una lucha política. Precisamente porque hay lucha, la organización popular puede pelear por el poder del Estado y conquistarlo; es decir, puede tomar el poder político.

Llegamos entonces a la cuestión que interesa a los trabajadores: ¿qué hacer? Si quienes tienen el poder económico siguen decidiendo a través de los partidos y seleccionando aspirantes, y si los gobiernos continúan tomando decisiones mayoritariamente a favor de las clases dominantes, los trabajadores no deben dejarles todo el terreno, porque esas decisiones repercuten en la vida diaria de todos los que vivimos en sociedad: se decide sobre la jornada laboral, el salario, los servicios, los impuestos, el ejercicio del presupuesto, las leyes, etcétera. La política entra todos los días en la casa del trabajador, aunque él haya decidido no ocuparse de ella. Por eso, los trabajadores necesitan organización propia, educación y un programa que responda a sus intereses, no a los de las clases dominantes.

La organización de los trabajadores tiene que formar personas que comprendan, discutan y decidan sobre su futuro colectivo. Así, los trabajadores comprenderán que su fuerza radica tanto en su número como en el papel indispensable que desempeñan en la producción de bienes en el país. Hace falta estudiar política, sí, pero también historia, economía, ciencia, literatura y arte. Los trabajadores deben acceder a esta formación, pues una clase trabajadora educada, que aprende a pensar, puede examinar una promesa, preguntar de dónde saldrá el dinero, advertir quién le miente y quién no, e identificar con mayor certeza a su enemigo de clase: la burguesía. Si la clase trabajadora adquiere esa capacidad, sus integrantes podrán gobernarse a sí mismos; pero, para que eso ocurra, es necesario que, en principio, sus miembros más avanzados se dediquen a educar y organizar a los trabajadores. No hay de otra: es un camino difícil, pero los problemas difíciles exigen soluciones difíciles. ¿Y pueden los trabajadores gobernar? Pueden prepararse para hacerlo y existen antecedentes de ello: la Comuna de París de 1871 y la Revolución rusa de 1917.

Por todo lo anterior, no debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Cambian de siglas, de colores y de discursos, pero no de los intereses esenciales que representan. Por eso pueden pasar del PAN al PRI, del PVEM a MC, del PT a Morena o recorrer el camino inverso: todos son expresión política de las clases dominantes que, pese a sus disputas y diferencias circunstanciales, terminan poniéndose de acuerdo cuando se trata de gobernar para garantizar la continuidad de sus privilegios. Frente a ellos, la tarea de quienes buscan transformar esta realidad desde la raíz no admite atajos: hay que educar, organizar y preparar políticamente a los trabajadores, hasta convertir su fuerza social en una fuerza capaz de disputar el poder y construir una sociedad verdaderamente justa y equitativa.