El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México ha despertado la preocupación de habitantes de la CDMX por sus posibles efectos en el incremento de la propiedad privada. Desde que comenzó la consulta pública, el pasado 24 de septiembre, surge una pregunta: ¿el gobierno aumentará el predial para obtener más recursos?

La jefa de Gobierno Clara Brugada asegura que no habrá incrementos al impuesto. Por su parte, el secretario de Planeación, Enrique Irazoque, sostiene que el programa no puede, por sí mismo, aumentar el predial, modificarlos usos de suelo ni ordenar subastas de propiedades. Sin embargo, estas declaraciones no han disipado las dudas sobre el alcance del documento que contiene el Programa de Ordenación. Diputados de Morena en el Congreso capitalino incluso anunciaron que buscarían modificarlo para evitar interpretaciones que generen incertidumbre.

El gobierno justifica el proyecto por la necesidad de coordinar el transporte, el servicio de agua, la vivienda y los servicios de una metrópoli de casi 23 millones de habitantes. Pero detrás de la planeación urbana existe una cuestión que las autoridades no han aclarado: cómo financiarán las obras y quiénes asumirán sus costos.

El programa no establece un aumento automático del predial, pero eso no elimina el riesgo de que los propietarios terminen pagando más. La actualización de los valores catastrales puede elevar la base sobre la que se calcula el impuesto; y si ese ajuste se refleja en el cobro, las familias obtendrían recibos más caros. Así, el gobierno podría sostener que no creó un nuevo gravamen mientras los ciudadanos enfrentan pagos más altos.

La recuperación de plusvalía también está en el centro de la controversia. Este mecanismo busca captar parte del valor agregado a los terrenos generado por obras públicas o cambios en su aprovechamiento. Aunque sus defensores argumentan que los propietarios deben contribuir cuando se benefician de la inversión pública, su aplicación exige reglas claras para evitar cobros desproporcionados. Sin esas garantías, la medida puede convertirse en otra vía para aumentar la recaudación a costa de los habitantes.

Las consecuencias serían especialmente difíciles para las familias con ingresos limitados. Un jubilado que vive en una casa cuyo valor aumentó por la transformación de su colonia, podría pagar más predial sin que su pensión se haya incrementado. Lo mismo ocurriría con familias que han dedicado años a pagar una vivienda y que tendrían que destinar más dinero a conservarla. Que el valor de una propiedad aumente no significa que sus dueños dispongan de recursos para cubrir mayores impuestos.

Los efectos también podrían llegar al mercado inmobiliario. Si los desarrolladores deben pagar más por cambios de uso de suelo o por aprovechar sus terrenos, podrían trasladar esos costos al precio de las viviendas y las rentas. En una ciudad donde acceder a una casa ya representa una dificultad para numerosas familias, encarecer la construcción puede agravar el problema; aunque el impacto dependerá de cómo se apliquen las medidas.

La incertidumbre alcanza a quienes habitan terrenos sin regularizar. Durante la consulta, habitantes de Xochimilco expusieron el caso de 250 familias de la zona chinampera que llevan 27 años realizando trámites sin obtener respuesta. Para ellas, las referencias a predios infrautilizados y a posibles mecanismos de intervención sobre la propiedad –como señala el documento– generan temor, pues todavía no poseen certeza jurídica sobre sus terrenos.

Los críticos también han advertido disposiciones relacionadas con la plusvalía, los cambios de uso de suelo y las posibles ventas forzosas. Su alcance debe evaluarse conforme al documento y la legislación aplicable, pero las autoridades no pueden reducir las preocupaciones a simples malentendidos. Si el proyecto deja dudas sobre la protección del patrimonio, corresponde al gobierno corregirlo.

La consulta concluirá el 24 de noviembre. Antes de esa fecha, las autoridades deben explicar si actualizarán los valores catastrales, cómo impedirán que esos cambios eleven el predial y qué protección tendrán los adultos mayores y las familias de menores ingresos. También deben precisar el destino de los recursos que pretendan recaudar.

Ordenar la ciudad es necesario, pero no puede convertirse en una justificación para imponer mayores cargas a sus habitantes. Mientras el gobierno no establezca garantías por escrito, el compromiso de que el predial no aumentará, será insuficiente. Por el momento, querido lector, es todo