El 35.7 por ciento de los emprendimientos no supera su primer año de operación.
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La centenaria Revolución mexicana fortaleció la toma del poder político de la clase empresarial, cuyo desarrollo inició con las reformas liberales del Siglo XIX impulsadas por el presidente Benito Juárez García. Recordemos que Juárez era liberal y que, entre sus principios, destacaron las Leyes de Reforma, mediante las cuales se propuso separar a la Iglesia Católica del control sobre los nacimientos, matrimonios y defunciones de los ciudadanos con la creación del Registro Civil. Asimismo, se decretó la nacionalización de los bienes del clero, institución que hasta entonces tenía la facultad de cobrar impuestos por las misas celebradas y poseía el derecho al usufructo de vastas tierras.
Con la venta de estas propiedades nacionalizadas se obtuvieron ingresos fundamentales para sanear las finanzas públicas. Además, se estableció la igualdad ante la ley –porque eliminó los fueros de sacerdotes y militares– y se impuso la laicidad, lo que convirtió al Estado mexicano en una entidad neutral frente a las religiones; y garantizó la libertad de culto. Como era de esperarse, este proceso encontró una fuerte resistencia que desembocó en la Guerra de Reforma (también conocida como Guerra de los Tres Años), librada de 1857 a 1861.
Cuando Porfirio Díaz tomó el poder para conservarlo durante más de treinta años, se desarrolló notablemente la infraestructura del país: las vías férreas pasaron de 640 kilómetros en 1877 a 19 mil en 1910, un crecimiento potenciado durante el Porfiriato. Mientras, el Producto Interno Bruto (PIB) creció al ritmo anual de 3.7 por ciento. Un factor importante para este desarrollo capitalista fue la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos (EE. UU.), Gran Bretaña, Francia y Alemania, destinada a la minería, el petróleo, los ferrocarriles, la banca y la electricidad.
Por otro lado, a raíz de la Ley de Terrenos Baldíos de 1883, se concentraron grandes extensiones de tierra en pocas manos –los llamados latifundios–, dedicadas a la producción de henequén, azúcar y café para exportación. Finalmente, gracias a la gestión del secretario de Hacienda, José Yves Limantour, México logró equilibrar su presupuesto y alcanzar un superávit fiscal (es decir, obtener más ingresos que egresos sin necesidad de endeudarse) a finales del Siglo XIX.
El problema surgió cuando este crecimiento económico favoreció fundamentalmente a una élite de extranjeros y mexicanos privilegiados, mientras despojaba de sus tierras a miles de personas y sometía a los trabajadores a una explotación brutal rayana en la esclavitud en actividades como la producción de henequén en Yucatán –con cuya fibra se fabricaban cuerdas para barcos–, donde se empleó mano de obra indígena en condiciones infrahumanas. Asimismo, la excesiva concentración de poder se convirtió en una traba para el libre desarrollo de la empresa capitalista; por ello, la lucha por la democracia fue la expresión concreta del capital naciente contra el monopolio político y económico de la época.
Surgió así el movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero, quien poseía una visión modernizadora de la agricultura y la economía adquirida durante sus estudios en Francia. No obstante, para llevar a la práctica sus ideales, necesitaba el respaldo popular, alcanzado gracias a Francisco Villa y Emiliano Zapata. Pero los caudillos populares aspiraban a mucho más que al simple “orden constitucional”: exigían mejorar las condiciones de vida laborales y repartir la tierra entre los campesinos. Aunque en el Artículo 3° del Plan de San Luis se prometía la restitución de terrenos a los pequeños propietarios despojados injustamente, Madero incumplió su palabra y el zapatismo se levantó en armas.
El gran capital estadounidense tampoco simpatizaba con el orden constitucional maderista. Desde la embajada, Henry Lane Wilson promovió un golpe de Estado ejecutado por el usurpador Victoriano Huerta, episodio que desembocó en la Decena Trágica del nueve al 19 de febrero de 1913.
Tras el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, el cargo recayó interinamente en el secretario de Gobernación, Pedro Lascuráin Paredes, quien nombró inmediatamente a Huerta como titular de Gobernación y renunció a los cuarenta y cinco minutos de haber asumido la Presidencia. De este modo, Huerta usurpó el Ejecutivo, aunque únicamente lograría conservar el poder poco más de un año, del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914.
El asesinato del senador Belisario Domínguez y del diputado Serapio Rendón, sumado a la supresión de la libertad de expresión, provocó la alianza de los ejércitos de Villa y Zapata con el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, fuerza conjunta que derrocó a la naciente dictadura.
Uno de los hechos decisivos que inició el fin del huertismo fue el triunfo militar de Villa en la toma de Zacatecas, el 23 de junio de 1914, un mes antes de la renuncia de Huerta, quien huyó al exilio hacia España e Inglaterra para finalmente trasladarse a EE. UU., donde murió. Con la firma de los Tratados de Teoloyucan quedó formalmente disuelta la dictadura.
El nueve de noviembre de 1914 se reunieron las tres principales fuerzas revolucionarias –Villa, Zapata y Carranza– en el Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes. Allí se incorporaron demandas sociales gracias a la presión de los dos líderes populares: Zapata, representante de los campesinos, jornaleros, indígenas y obreros del sur marginado bajo el lema “Tierra y libertad” (retomado del movimiento ruso homónimo), y Villa, caudillo de las clases populares del norte. En contraste, Carranza defendía los intereses de los terratenientes, las clases medias moderadas, la burguesía nacionalista y las élites políticas del norte desarrollado y cercano a EE. UU.
Venustiano Carranza desconoció los acuerdos de la Convención, desató la guerra civil entre revolucionarios y conservó el cargo como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Por su parte, Zapata y Villa firmaron el Pacto de Xochimilco y, el seis de diciembre de 1914, tomaron la Ciudad de México; entraron a Palacio Nacional y Villa se sentó en la silla presidencial con Zapata a su lado; pero en el momento decisivo declinaron asumir el poder y lo dejaron en manos de Eulalio Gutiérrez Ortiz, presidente interino designado por la Convención, quien, al poco tiempo, los traicionó para pactar con Obregón. Haber renunciado al poder político marcó el punto de inflexión para las fuerzas populares, que poco después fueron derrotadas.
El cinco de febrero de 1917 se promulgó una Constitución reconocida mundialmente por su avanzado contenido social, fruto directo de la lucha popular. Carranza asumió entonces la Presidencia, pero la guerra fratricida continuó hasta el asesinato de Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919, y la posterior derrota y muerte del propio Carranza a manos del obregonismo en 1920, hecho que cerró la etapa bélica de la Revolución. Obregón ocupó la Presidencia y, durante su mandato, Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923.
La Revolución mexicana conllevó a la reforma agraria, instauró un modelo económico mixto –de inversión privada y estatal– de corte nacionalista y sentó las bases para la expropiación petrolera y ferroviaria. Sin embargo, las clases gobernantes siempre reconocieron en sus discursos la deuda histórica con los trabajadores, deuda que hasta la fecha sigue sin saldarse.
“Es la hora de los pueblos”, sentenció el Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, el ingeniero Aquiles Córdova Morán; y la única alternativa viable para lograr un cambio profundo en favor del desarrollo de México –como bienestar para las mayorías trabajadoras y no para unos cuantos– reside en luchar contra el sistema capitalista e instaurar un modelo similar al chino, donde la propiedad privada existe y se protege, pero se le exige cumplir con su función social bajo la rectoría de un gobierno dirigido por el partido de los trabajadores, el Partido Comunista de China (PCCh).
Formemos, entonces, un partido de las clases trabajadoras con la fuerza suficiente para conquistar el poder político e impulsar la nueva revolución que México necesita: una revolución en la que los trabajadores sean quienes realmente gobiernen y puedan construir una sociedad más justa y próspera para el pueblo mexicano.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.