La excesiva concentración del poder y los abusos de autoridad cada vez más graves y frecuentes fueron las principales causas de la división de poderes en el mundo. En México también se siguió el ejemplo de los países más desarrollados y para principios del Siglo XIX el poder se había dividido en las tres partes que conocemos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la historia enseña que esta división ayuda a la buena marcha de la sociedad, pero también enseña que, a menudo, miembros de uno de los tres poderes intentan ejercer funciones propias de otro poder cuando no les corresponde, por ejemplo, que un miembro del Ejecutivo pretenda ejercer funciones judiciales.

En México se ha criticado el hecho de que los dirigentes de un poder se alineen con las directrices de otro; por ejemplo, que un ministro se subordine al Presidente de la República, es decir, al Poder Ejecutivo; o que un grupo de diputados adopte la misma posición política que el Presidente de la República, como cuando los diputados del PRI votaban por cualquier iniciativa del Presidente por ser de su partido, lo que ahora ocurre con los legisladores morenistas; en estas condiciones, dos poderes se convierten en uno y entre los dos pretenden controlar al tercero, que es el Judicial. Esta conducta política, además de supeditar la razón a los intereses de un grupo, intenta dar vuelta a la rueda de la historia y emprender el camino hacia la concentración total del poder, lo que hoy parece estar ocurriendo.

Ha cumplido su primer año de ejercicio el Poder Judicial de la Federación, electo en 2025, y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están de plácemes; el presidente de la SCJN rindió su primer informe de labores en el que se refirió a la independencia, a la austeridad republicana del Poder Judicial de la Federación (PJF), a la transparencia en la aplicación del presupuesto, así como al mandato del pueblo sobre el PJF. 

Con motivo de este informe y de las declaraciones del ministro presidente se han manifestado especialistas en el tema, abogados constitucionalistas, académicos y hasta un exministro de la SCJN en sentido completamente opuesto al optimismo del titular de la SCJN, pues afirman que en este periodo se ha confirmado la falta de autonomía del PJF, su parcialidad y su alineación con la política del Gobierno Federal.

Los especialistas manifiestan su condena a la incondicionalidad del PJF ante el gobierno por su aprobación de todas las iniciativas e incluso de reformas propuestas por el gobierno anterior y frenadas por la SCJN también anterior, que fueron impugnadas entonces y ahora se aprobaron, demostrando así su afinidad con aquel gobierno, cuya reforma judicial hizo posible su llegada al cargo. Finalmente, los expertos critican que este sometimiento al gobierno viola principios plasmados en la Constitución, a la que deben respeto los integrantes del PJF; y terminan afirmando que no es verdad que el nuevo Poder Judicial sirva al pueblo, sino que lo traiciona; palabras duras cuya argumentación recoge nuestro Reporte Especial.