En el sector oficial se celebra el primer año de actividades del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), que ha servido a los intereses gubernamentales pero no a los ciudadanos. Durante este periodo se evidenció la falta de autonomía, imparcialidad y desempeño profesional de los funcionarios judiciales que, en 2025, llegaron al cargo por la vía político-electoral.

El 1° de septiembre de 2026 cumplieron un año de labores los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reducida de 11 a nueve miembros, y los 872 magistrados y jueces, la mitad de los existentes en el país, que fueron seleccionados mediante “tómbolas” y luego designados como candidatos participantes en las controversiales votaciones del 1° de junio de 2025.

Esta nueva etapa sobrevino tras una reforma judicial que, de acuerdo con especialistas en derecho constitucional, en lugar de acelerar el camino del PJF hacia mayor autonomía e imparcialidad, lo regresó al menos 30 años y lo puso nuevamente bajo el control del gobierno.

Con la reforma judicial de 1994, apenas se ejecutaban cambios para alejar a los juzgadores del control gubernamental y del poder económico que históricamente los ha presionado en favor de sus intereses.

Especialistas y organizaciones nacionales analizan al PJF surgido de la reforma, promovida por AMLO al final de su sexenio, que limitó su autonomía.

El PJF se fundó en 1825, pero fue hasta 1994 cuando realmente se planteó la autonomía e imparcialidad de la SCJN y del cuerpo de jueces y magistrados que acataran lo descrito en la Constitución y se enfocaran en servir a la población.

La reforma judicial de 2024 arrojó tierra sobre la aspiración surgida con la Constitución de 1824, que dividió el poder público en tres partes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial para vigilarse mutuamente y evitar la desmedida concentración de poder y abusos de autoridad.

Lo mostrado por la SCJN en este primer año, reveló a buzos Rodolfo Martínez, abogado constitucionalista, académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “es que se integró para lo que se diseñó, y esto es: para ser cómplice del autoritarismo de la ‘cuarta transformación’, en temas tan sensibles que impactan directamente a los derechos fundamentales, relacionados con la libertad, el debido proceso y la debida impartición de justicia efectiva.

“Y ni siquiera podríamos decir que están atados de manos o sometidos; ellos sabían perfectamente en lo que iban a participar, y con mucho gusto lo están haciendo, que es ser cómplices de este autoritarismo del gobierno”, aseveró el también litigante del despacho “Trusan & Roma” Abogados.

Entrevistada por buzos, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, señaló que “en la SCJN se advierte una tendencia a resolver de manera alineada con el Poder Ejecutivo; por ejemplo, no se han resuelto controversias, acciones, que tienen que ver con temas, por ejemplo, de militarización, la prisión preventiva oficiosa (cárcel inmediata)”.

Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que “en donde la reforma judicial golpea de manera más directa, es en que no se cuenta con jueces independientes, imparciales; si están sujetos a intereses de tipo político, tratarán siempre de obedecer los intereses que más les convengan; y una justicia capturada, a quien golpea de manera directa, es a la ciudadanía”, sentenció.

Hugo Concha es uno de los académicos y exjuzgadores federales participantes en el documental Cuando perdimos el juicio. Crónica de la reforma judicial en México, publicado el 14 de septiembre de 2026 por organizaciones civiles especializadas en justicia a propósito del primer año del nuevo PJF.

José Ramón Cossío, exministro de la SCJN de 2003 a 2018 y actualmente académico e investigador en derecho constitucional en el Instituto Tecnológico de Monterrey y El Colegio de México destacó que prácticamente se ha confirmado el objetivo del expresidente al impulsar la reforma judicial en 2024, que consistió en capturar la autonomía del PJF.

Cossío precisó, en una entrevista, que entre las motivaciones de AMLO para emprender la reforma al PJF en 2024, no solamente figuraba el deseo de imponer sus proyectos políticos sin freno alguno, sino protegerse él mismo y a los integrantes de su movimiento para no ser encarcelados por los escándalos de corrupción que se habían ido destapando.

“Él sabía de la enorme cantidad de problemas de corrupción que tenía el régimen completo, sus cercanos… con Seguridad Alimentaria Mexicana, los trenes, el huachicol”; si los jueces eran suyos, sería imposible que lo metieran a la cárcel, comentó el doctor José Ramón Cossío en agosto pasado, durante un foro de la Barra Mexicana de Abogados.

“Somos independientes” 

En el primer informe de actividades del nuevo PJF, el siete de septiembre de 2026, el actual presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, se centró en destacar la independencia de actuación y austeridad; disminución de casos judiciales pendientes de resolución y acercamiento con las comunidades indígenas.

Durante el sexenio de AMLO, Aguilar Ortiz fue coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se encargó de las “consultas” a pueblos originarios, denunciadas luego como “simulaciones” a mano alzada por organizaciones comunitarias, y que tuvieron el objetivo de facilitar las magnas obras emprendidas por AMLO.

En ese informe del siete de septiembre, Aguilar expresó: “El PJF es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes… hoy el pueblo manda en el PJF. Dejamos atrás las épocas en que las sentencias se dictaban a espaldas de la ciudadanía y al servicio de unos cuantos intereses”. Durante el evento en la zona de murales de la SCJN, Aguilar subrayó, además, que se implementó “una política de austeridad republicana estricta. Cero lujos, cero presupuestos excesivos y total transparencia en cada peso ejercido por este máximo tribunal”.

Aseguró también que se resolvió el 97 por ciento de los expedientes rezagados, heredados por los anteriores integrantes del PJF, es decir, se habrían concluido mil 479 asuntos, en tanto que se mantienen pendientes 44.

Marcos del Rosario Rodríguez, investigador y académico de derecho constitucional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló que la rendición de cuentas del PJF no debería concentrarse solamente en mostrar diferencias respecto a los miembros anteriores.

El integrante del Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública del ITESO, y doctor en Derecho Público, consideró que el principal aspecto del balance de actividades del primer año de la nueva SCJN radica en la carencia de autocrítica institucional.

Del Rosario Rodríguez contrastó los datos oficiales y señaló que “la reducción de mil 479 asuntos heredados a 44 pendientes en la SCJN no significa que el rezago haya desaparecido de todo el PJF”.

En un estudio de septiembre de 2026, el especialista señaló que apenas semanas antes, el propio Órgano de Administración Judicial reconoció 210 mil 459 asuntos rezagados, equivalentes al 62.70 por ciento de los casos analizados.

Demagogia

Sobre el discurso oficial de que en el PJF ahora manda el pueblo, Rodolfo Martínez, abogado constitucionalista, académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo a buzos: “eso es demagogia”. Señaló que el PJF “debe servir a la Constitución, y de forma indirecta es como estaría sirviendo al pueblo, cumpliendo con la Constitución, porque es la consagración del interés de la sociedad misma; es el tratado social por excelencia en el que la sociedad acuerda las bases de su organización y de los derechos y obligaciones que le asisten”.

Acercarse a la legalidad y la constitucionalidad –insistió‒ “es la forma de acercarse al pueblo; si se quiere hablar de cercanía con la propia sociedad, lo que tiene que escuchar el PJF es el principio de la razón”, por eso –apuntó‒ el PJF no debió haber sido sometido a un proceso de elección popular, porque los juzgadores no están para ser populares ni deben guiarse por simpatías.

En ese sentido –abundó el académico y litigante‒ “en la medida en que el PJF está violando los principios establecidos en la Constitución, realmente no está sirviendo al pueblo, lo está traicionando, porque está traicionando su primigenia obligación, que es respetar la Constitución; sin embargo, está sirviendo al poder en turno”.

Servicio político 

Durante el primer año de ejercicio de esta nueva SCJN, fueron resueltas diversas reformas a leyes impulsadas por el expresidente que se habían frenado por impugnaciones recibidas en la SCJN anterior, cuyos integrantes fueron relevados el año pasado.

El constitucionalista José Ramón Cossío, también coordinador del Observatorio de la Justicia A.C., fundado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que participan otras instituciones académicas, reportó, el seis de septiembre, que claramente se han expedido dictámenes de la SCJN conforme a los criterios expuestos por el ahora expresidente en su momento con sus reformas.

Entre otras reformas están los casos de la ley Minera; Sistema de Ahorro para el Retiro y Pensiones del Bienestar, así como la eliminación de 109 fideicomisos de trabajadores del PJF.

Al respecto, el 19 de mayo, los nuevos ministros avalaron dos controversiales proyectos legislativos invalidados por el pleno anterior de la SCJN debido a violaciones al procedimiento legislativo, que integraban un paquete de 20 reformas impulsadas en 2023 por el entonces presidente.

Esas 20 iniciativas fueron aprobadas rápidamente durante el hoy llamado “viernes negro”, por Morena y sus aliados, en tan solo cinco horas; entre la noche y la madrugada del 28 de abril de 2023, en un patio del antiguo edificio del Senado conocido como la “Casona de Xicoténcatl”, habilitado como sede alterna.

Las dos reformas liberadas por la nueva SCJN se refieren al otorgamiento del control de las operaciones en el espacio aéreo nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y otra para la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Legisladores de oposición habían interpuesto juicios de inconstitucionalidad contra esas dos reformas, las cuales fueron invalidadas luego por el pleno de la anterior SCJN el 13 de enero de 2025 con el voto a favor de siete de los entonces 11 ministros.

En la votación para aprobar esas dos reformas de AMLO en la actual SCJN, formada ahora con nueve ministros, fue decisiva la participación a favor de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes ya estaban en la Corte anterior, pues habían sido impulsadas por AMLO, y que siguen ahí tras las votaciones del 1° de junio de 2025.

En su primer año de actividades, la nueva SCJN también avaló, el 12 de agosto, una polémica reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a los juzgados de distrito otorgar suspensiones contra actos sobre bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, acciones promovidas a partir del gobierno de AMLO.

Durante esa misma sesión de trabajo, también declaró como constitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar impulsado por AMLO, desechando las impugnaciones contra la confiscación de cuentas de Administradoras de Fondos para el Retiro de trabajadores mayores de 70 años en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 75 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, supuestamente inactivas.

Así, en palabras de Rodolfo Martínez, abogado constitucionalista, académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, durante su primer año, la nueva SCJN ha servido a los intereses de la “Cuarta Transformación”.

Pendientes relevantes

Durante su primer año de actividades, la nueva SCJN dejó sin resolver temas relevantes como el acatamiento de una sentencia expedida desde hace más de tres años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenaba eliminar la “prisión preventiva oficiosa”, es decir, la cárcel en automático, una medida ampliada y fortalecida durante el gobierno de AMLO.

El 25 de enero de 2023, la Corte IDH sentenció como “inconvencional” la prisión preventiva descrita en el Artículo 19° de la Constitución, que debía suprimirse por ser contraria a los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Justicia, que México está comprometido legalmente a acatar.

El 30 de septiembre, el actual presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, declaró que la Corte no tiene para cuándo emitir el dictamen sobre el acatamiento de esa sentencia planteada por la Corte IDH.

El expediente “3-2023” de la SCJN sobre el acatamiento de la sentencia de la CIDH fue entregado a la hoy ministra María Estela Ríos, quien antes era titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia durante el sexenio anterior, cuando se rehusó a cumplir la orden de la Corte IDH.

Al conocerse que la encargada de dictaminar ese caso sería María Estela Ríos, se presentaron impugnaciones ante la SCJN por considerarse que ella estaba impedida para encargarse del asunto; pero finalmente se desecharon por el pleno de la Corte y la ministra se quedó con el expediente.

Fiscalías desbordadas

Entrevistada por este semanario Susana Camacho, especialista en Justicia de la organización México Evalúa, dijo que un pendiente fundamental que hasta ahora no se ha abordado, lo constituyen los graves problemas en materia de justicia cotidiana; es decir, las desbordadas fiscalías del país que no están investigando adecuadamente los delitos.

Rodolfo Martínez advirtió que actualmente la mayor “sed de justicia” en la sociedad se relaciona con las instituciones encargadas de procurar justicia y perseguir los delitos, que son las fiscalías. “No hay que olvidar que, de cada 100 carpetas de investigación, solamente se logran judicializar cinco, es decir, 95 denuncias quedan en el olvido; y de las cinco carpetas que se logran judicializar, al menos la mitad son desechadas por los jueces penales, porque no están debidamente integradas”.

Susana Camacho denunció un amplio rezago en los tribunales estatales de justicia de 62 por ciento, equivalente a poco más de 210 mil casos; en estas instancias judiciales, además de evidenciarse recortes en recursos materiales y humanos, “muchos jueces, de los nuevos sobre todo, no saben gestionar al personal para sacar las cargas de trabajo”, lamentó.

Cumplido el primer año de actividades del nuevo PJF, surgido de las elecciones de junio de 2025, organizaciones civiles especializadas publicaron, en septiembre de 2026, el proyecto Cuando perdimos el Juicio, que incluye un sitio web informativo y un documental en el que se exponen las irregularidades y consecuencias de la reforma judicial de 2024.

Durante su participación en la audiencia judicial convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 12 de noviembre de 2024, Juana Fuentes, titular de la Asociación de Magistrados y Jueces, advirtió que “la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes. El nuevo proceso de selección y nombramiento por voto popular no garantiza la selección de candidatos idóneos e independientes; se abre la puerta a intereses políticos, económicos e incluso criminales”, sentenció la juzgadora. 

Los nueve ministros

Los nueve ministros

Los actuales nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegaron al cargo tras una preselección mediante tómbolas y las controversiales elecciones del 1 de junio de 2025.

 

 

Hugo Aguilar Ortiz. Ministro Presidente de la SCJN. Antes era funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, durante el gobierno de AMLO. Se encargó de las polémicas consultas comunitarias orientadas a facilitar el desarrollo de las magnas obras del expresidente en el sur del país.

Lenia Batres Guadarrama. La autonombrada “ministra del Pueblo” llegó a la SCJN impulsada por el expresidente AMLO.

Yasmín Esquivel Mossa. Ministra impulsada por el expresidente AMLO. Es esposa del ingeniero constructor, José María Riobóo, quien fue contratista durante los gobiernos de AMLO y Marcelo Ebrard, en la Ciudad de México.

Loretta Ortiz Ahlf. Ministra impulsada por el expresidente AMLO. Integró el grupo fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2011. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal por el Partido del Trabajo (PT) aliado de Morena.

María Estela Ríos González. Fue titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, durante el gobierno de AMLO.

Sara Irene Herrerías Guerra. Se desempeñó como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República (FGR), durante el periodo en que Alejandro Gertz Manero era fiscal general, en el sexenio encabezado por AMLO.

Giovanni Azael Figueroa Mejía. Abogado y académico; tuvo cargos judiciales en Nayarit. En 2013 fue director de Derechos Humanos en el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal.

Arístides Rodrigo Guerrero García. Abogado y académico. Entre 2018 y 2024 se desempeñó como Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoCDMX), del que luego fue presidente en 2021.

Irving Espinosa Betanzo. Abogado y académico. De 2018 a 2019 fue subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos en la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando su titular era Ernestina Godoy, quien actualmente es Fiscal General de la República, en el sexenio de Claudia Sheinbaum. De 2015 a 2018 fue asesor del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.